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Ron DeSantis en Alligator Alcatraz. Foto: Video de X de Ron DeSantis
Estados Unidos ha comenzado a deportar, por vía aérea, a migrantes detenidos en el controvertido centro Alligator Alcatraz, en el sur de Florida, marcando un nuevo capítulo en su política de control migratorio. Esta medida ocurre en un momento de creciente presión sobre el sistema de detención y deportación del país, que enfrenta fuertes críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos, falta de transparencia y condiciones inhumanas en sus instalaciones.
Según fuentes vinculadas a los operativos, los primeros vuelos de deportación salieron en días recientes desde aeropuertos del sur de Florida hacia varios países de origen de los detenidos, entre ellos Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia y Haití. Los deportados son en su mayoría personas que ingresaron de manera irregular al país y que no han cometido delitos graves, lo que ha generado alarma entre organizaciones de derechos civiles.
El gobernador de Florida Ron DeSantis este viernes anunció sobre el inicio de los vuelos de deportación desde este polémico centro de detención de migrantes sin ofrecer detalles específicos. “Me complace reportar que esos vuelos desde ‘Alligator Alcatraz’, de parte del DHS, han comenzado. El ritmo está incrementando. Hemos tenido ya cierto número de vuelos en los últimos días, hemos removido a cientos de ilegales desde aquí”, comentó.
El centro Alligator Alcatraz, ubicado en una zona aislada del sur de Florida, se ha convertido en uno de los principales puntos de detención migratoria bajo la administración actual. Aunque su existencia fue inicialmente minimizada por las autoridades, recientes reportes y denuncias lo han situado en el centro del debate nacional sobre la política migratoria. El centro es descrito por activistas como una “cárcel de alta seguridad camuflada” donde los migrantes enfrentan condiciones extremas: hacinamiento, acceso limitado a atención médica, comida inadecuada y restricciones abusivas en el trato diario.
El político republicano aclaró que desde allí se pueden realizar de forma expedita las deportaciones justo como desea la administración de Donald Trump. “El gobierno federal sigue un procedimiento establecido para llevar a cabo estas deportaciones […] pero la realidad es que esta nueva infraestructura nos permite mejorar nuestra misión, aumentar el número y la frecuencia de las expulsiones, y operar de forma más efectiva”, destacó DeSantis.
🚨 BREAKING: Alligator Alcatraz deportation flights HAVE OFFICIALLY BEGUN, and the "cadence is increasing," Governor Ron DeSantis announces.
"Hundreds of illegals have been removed from here."
También informó el gobernador que Y subrayó: el aeropuerto tiene la capacidad de recibir aeronaves de tamaño comercial y realizar operaciones tanto de día como de noche”. Además posee comunicaciones aéreas, capacidades de radar para el seguimiento de vuelos, seguridad reforzada en todos los accesos a la pista y la calle de rodaje, así como 5,000 galones de combustible disponibles en sitio. También dispone de iluminación adecuada para operaciones nocturnas.
El gobernador no precisó cuántos vuelos se han realizado ni la nacionalidad de los deportados, pero recordó que bajo la Administración Trump se emitieron órdenes de expulsión para cerca de 800,000 individuos, de los cuales entre 50,000 y 75,000 tenían residencia en Florida.
Un informe reciente de la organización Human Rights for Migrants alertó sobre la creciente práctica de “detención prolongada sin acceso a audiencia”, bajo una política impuesta por ICE que prohíbe a los migrantes detenidos por ingreso irregular solicitar fianza o comparecer ante un juez para argumentar su liberación. Esta política ha sido señalada por expertos legales como una posible violación del debido proceso y ha impulsado a muchos detenidos a optar por la autodeportación, al considerar insoportable el encierro prolongado y las condiciones degradantes.
Uno de los testimonios más impactantes fue el de un migrante cubano, detenido en Alligator Alcatraz, que denunció haber permanecido varios días sin atención médica ni información sobre su situación legal. “Nos tienen olvidados, como si no fuéramos humanos. La única salida es firmar la deportación”, declaró en una carta enviada a medios de comunicación.
Las deportaciones iniciadas desde este centro se enmarcan en una estrategia más amplia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que busca disuadir el ingreso irregular al país mediante medidas severas y ejemplarizantes. Esta línea de acción ha coincidido con un endurecimiento de las operaciones de detención a nivel nacional, con redadas en zonas urbanas, cortes de inmigración y comunidades vulnerables.
Los centros de detención de Florida, entre ellos Alligator Alcatraz, Krome y el Centro Transicional de Broward, han sido señalados en múltiples informes por su deficiente supervisión, la externalización de servicios a empresas privadas sin estándares de transparencia, y la falta de respuesta ante emergencias médicas. En algunos casos se ha reportado incluso la muerte de detenidos por negligencia o abandono.
Diversas organizaciones de derechos humanos, abogados de inmigración y líderes comunitarios han pedido al Congreso que investigue las condiciones en estos centros y exija rendición de cuentas a ICE y al DHS. También reclaman el restablecimiento del acceso a fianza, audiencias judiciales y una revisión urgente de los procedimientos de detención prolongada.
Mientras tanto, en las comunidades migrantes, crece el temor ante lo que consideran una ola de deportaciones silenciosas. Muchos familiares de detenidos aseguran no haber recibido información sobre el paradero de sus seres queridos ni sobre los vuelos que los trasladan fuera del país. “Nos enteramos que ya lo deportaron cuando no aparece en ningún registro”, afirmó la esposa de un hondureño detenido desde hace tres meses.
El gobierno federal aún no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre la reactivación de los vuelos de deportación desde Alligator Alcatraz. Sin embargo, la continuidad de estas acciones y la implementación de medidas cada vez más restrictivas evidencian un enfoque punitivo que, según expertos, prioriza la disuasión por encima de la protección de los derechos fundamentales de los migrantes.
En su intervención de hoy, DeSantis señaló también que la Guardia Nacional está colaborando en las labores de deportación, asumiendo un papel similar al de jueces de inmigración para acelerar los casos pendientes. Esta disposición fue implementada tras la aprobación de Donald Trump durante su visita al centro a comienzos de julio.
«De hecho, una de las cosas que el presidente aprobó durante su visita fue el despliegue de oficiales de refuerzo, incluyendo efectivos de la Guardia Nacional, para apoyar esta misión”, señaló De Santis.
La situación ha encendido una nueva alerta sobre la necesidad de reformas profundas al sistema migratorio estadounidense, en un contexto donde miles de personas buscan asilo o mejores oportunidades, y se enfrentan a un aparato institucional que, para muchos, se ha vuelto impenetrable, hostil y opaco.
