Gobernador de Florida revela que 1.120 inmigrantes fueron arrestados como parte de la Operación Maremoto

Más de 500 agencias estatales y departamentos de policía forman parte de un listado de instituciones que se han alineado con las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump para deportar en grandes cantidades a esas personas que están indocumentadas en el país, se dice que poco menos de la mitad de estas agencias radican en el estado de la Florida.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis destacó esta cooperación este jueves en un encuentro que sostuvo con representantes del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS) para evaluar los logros que se han obtenido en la Operación Maremoto o «Tidal Wave», la cual conllevó al arresto de 1.120 inmigrantes entre el 21 y 26 de abril considerándose a su juicio como una operación sin precedentes.

Como resultado de la investigación de estos individuos las autoridades dijeron que el 63% de los reclusos posee antecedentes penales, asimismo, resaltó que en ese grupo se encuentran integrantes de connotadas organizaciones terroristas internacionales como «El Tren de Aragua», Sur 13, 18th Street Gang, Brown Pride Aztecas, Barrio Azteca y la MS-13.

Anteriormente, funcionarios habían señalado que una colaboración entre agencias logró la detención de 800 migrantes en un tiempo inferior a una semana. De acuerdo con las estadísticas reveladas, se exponen la cantidad de personas arrestadas y su nacionalidad:

• 437 de Guatemala
• 280 de México
• 153 de Honduras
• 48 de Venezuela
• 24 de El Salvador
• 178 de otros países.

Las fuerzas del orden locales tienen la autoridad para detener y arrestar a personas migrantes que no cumplan con las normativas de inmigración, según ciertos convenios. En diciembre, el ICE contaba con 135 convenios en 21 estados. Actualmente, este número ha aumentado a 506 en 38 estados, y hay 74 agencias más en espera de recibir autorización.

Con la implementación de las medidas migratorias la administración estadounidense liderada por Donald Trump y el apoyo de las agencias locales y de cada estado sigue ganando terreno en su lucha contra quienes restringen el respaldo a los organismos migratorios.

A inicios de esta semana el presidente republicano emitió una orden ejecutiva que exige la publicación de la lista que contiene las jurisdicciones santuario y advirtió sobre posibles demandas penales contra funcionarios estatales y locales que interfieren con la normativa federal.

Aquellos que se manifiestan en contra de que los gobiernos locales participen en la implementación de las leyes migratorias argumentan que esta acción infringe una disposición constitucional que asigna dicha responsabilidad a las autoridades nacionales, no a las locales.

La abogada de inmigración y cofundadora de Sanctuary of the South, Katie Blankenship afirmó que los oficiales locales no están preparados para abordar temas migratorios de una justa manera. “Se están encontrando métodos para aterrorizar a las comunidades”, agregó la letrada.

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que dispone de cerca de 6,000 oficiales de deportación, busca apoyo para cumplir con la meta establecida por Trump de remover del país a una gran parte de las aproximadamente 11 millones de personas indocumentadas, según cálculos prudentes.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien además de ser del mismo partido de Trump respalda sus políticas migratorias cuenta con 76 acuerdos inscritos, lo que convierte el estado en el segundo que más posee, uno de ellos que se firmó el pasado 10 de abril junto con la Guardia Nacional. También posee otro acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para realicen detenciones en la frontera.

Por otro lado, Carolina del Norte y Georgia están del lado de Trump, pero ninguno de los estados está al nivel que se encuentra el de Florida donde agencias de los 67 condados se han unido en esta cooperación. Sin embargo, varias agencias participantes como la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre y el Departamento de Lotería tienen escasa vinculación con las leyes de inmigración.

Bajo la administración del exmandatario Joe Biden no se formalizó ningún convenio de esta naturaleza. Varios de los recientes acuerdos siguen un “patrón de fuerza operativa” en el que la policía detiene a inmigrantes en las calles y en sus comunidades, en contraste con el “modelo de aplicación de la ley en instituciones penitenciarias”, donde ICE únicamente captura a individuos que están en centros penitenciarios estatales o locales.

De acuerdo con las autoridades de Florida, muchas organizaciones locales continúan a la espera de la formación ofrecida por el gobierno federal. Entretanto, las recientes capturas llevadas a cabo por ICE, que la organización ha denominado “Operación maremoto”, evidencian cómo pueden ampliarse las funciones a nivel estatal y local.

El presidente de la sección de la FHP de la Asociación Benéfica de la Policía de Florida, Bill Smith confirmó que alrededor de unos 80 oficiales de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) tuvieron una activa participación en diferentes redadas en Tallahassee y Orlando y también en condados como Broward y Miami-Dade. Sin embargo, un vocero de la FHP no acudió a responder comentarios al respecto.

Las autoridades pusieron su atención en individuos que ya tenían órdenes de deportación, y también arrestaron a aquellos con órdenes de captura vigentes por delitos previos, tales como conducción en estado de ebriedad o sin licencia, señaló Smith. ” ¡Florida lidera el país en cooperación activa con el gobierno de Trump para la aplicación de la ley de inmigración y operaciones de deportación!”, dijo el gobernador de Florida tras un comunicado de ICE sobre estos arrestos el fin de semana.

Varios activistas en favor de los inmigrantes han destacado que la mayor parte de las detenciones fueron ejecutadas por agentes locales y patrullas estatales, en lugar de ICE. Las personas detenidas fueron capturadas en revisiones de tráfico o al finalizar su jornada laboral. De acuerdo con los defensores, algunos de ellos carecían de antecedentes criminales, habían solicitado asilo o contaban con un permiso laboral.

Según la coordinadora general de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, Jessica Ramírez muchos de los casos se trataban de personas de sexo masculino y en algunos casos los oficiales de ICE llamaron a sus casas para detenerlos. “La gente tiene muchísimo miedo de salir y manejar, miedo a la policía. La recomendación es que manejen con precaución, siguiendo las reglas, y no den motivos para que la policía los pare”, advirtió Jessica.

Una mujer de 25 años de edad quien dice llamarse China comentó que a su pareja Fernando y padre de su bebé de tres meses lo detuvieron el viernes en la mañana mientras se trasladaba con otros tres inmigrantes hacia su trabajo de construcción y desde ese entonces no perdió todo contacto con él.

“Amor, la policía nos agarró”, fue lo último que supo Chica de su novio de 20 años después que lo arrestaran sobre las 7:47 am ese viernes. La joven señaló que contaba con una petición de asilo en proceso y un permiso laboral. Las autoridades solicitaron al chofer del auto que presentara su licencia, pero carecía de ella. Los oficiales procedieron a arrestar a los cuatro pasajeros, entre ellos a Fernando, quien había arribado a Estados Unidos apenas en 2020.

«Me preocupa mucho. No puedo creer que lo hayan agarrado. Me da miedo que lo deporten y yo me quede aquí sin la ayuda de nadie”, mencionó China, que ahora está pensando regresar a Guatemala.

El jefe de policía del condado Polk, Florida, Graddy Judd considera que el operativo es una “gota en el océano” y lamentó que el gobierno federal sea tan incapaz de realizar arrestos con un nivel significativamente superior, según su criterio.

“Pienso que la atención se dirige hacia quienes están listos para ser deportados porque no hay espacio disponible para alojar a tantas personas. Queremos colaborar con ellos. Sin embargo, se trata de un sistema y procedimiento del gobierno federal. Y la evolución de esto no es rápida”, destacó el oficial.