El martes 11 de noviembre de 2025 comenzó en La Habana el juicio oral contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación de Cuba, una figura central del aparato económico del gobierno durante los últimos años. La vista oral, convocada por el Tribunal Supremo Popular, se desarrolla en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado y se realiza a puerta cerrada en la sede judicial de 110 y 35 en Marianao, en un ambiente de máxima reserva informativa y con un fuerte despliegue de represores en la zona.
Las autoridades cubanas justificaron la decisión alegando “razones de Seguridad Nacional”, por lo que el público, la prensa y observadores internacionales no tienen acceso al proceso. Solo las partes procesales, el acusado y las personas expresamente autorizadas por el tribunal pueden ingresar a la sala, según lo indicado en un escueto comunicado oficial divulgado el lunes.
Como parte del «aseguramiento» la dictadura cerró varias calles aledañas, restringieron la circulación de personas y para ello cuenta con varios oficiales de la Seguridad del Estado desplegados con vestimenta de civil. Según CubaNet una escuela cercana no abrió sus puertas a los alumnos y profesores y varios negocios amanecieron cerrados este martes.
En una publicación de 14yMedio puede verse una calle con fuerte presencia de personas vestidas de civil y varios vehículos pertenecientes presumiblemente a los represores que vigilan la zona para evitar el paso de la prensa independiente y algunas personas que quieren llegar a la instalación judicial. “El control del área es total”, dijo un periodista independiente que intenta dar cobertura desde las inmediaciones.
Una lista de delitos que abarca desde espionaje hasta lavado de activos
La Fiscalía General de la República de Cuba presentó una amplia lista de cargos contra el exministro, que incluyen espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de normas sobre protección de documentos clasificados y sustracción o daño de objetos bajo custodia oficial.
Se trata de una de las imputaciones más severas formuladas contra un alto funcionario del Estado cubano en décadas. Aunque el comunicado oficial asegura que tanto el acusado como su defensa tuvieron acceso al expediente y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, no se han revelado pruebas concretas ni se ha informado de la existencia de otros coacusados.
Los demandantes solicitan la pena máxima de cadena perpetua para los implicados en el proceso principal. Fuentes cercanas a medios independientes señalan que el caso podría implicar a otras figuras del entorno económico de Gil, pero el régimen no ha confirmado esta versión. La acusación de espionaje, en particular, genera fuerte especulación, ya que el gobierno no ha precisado a favor de qué país o entidad extranjera habría actuado el exministro.
De tecnócrata leal a símbolo de una purga política
Alejandro Gil, economista de formación, se consideró durante años un hombre de confianza de Miguel Díaz-Canel y uno de los principales promotores de las reformas económicas implementadas a partir de 2019. Defendió con vehemencia la llamada “Tarea Ordenamiento”, un plan de unificación monetaria y ajuste de precios que terminó provocando un incremento drástico del costo de vida, el desplome del salario real y una inflación desbordada.
Su destitución en febrero de 2024, anunciada sin explicación pública, marcó el inicio de su caída en desgracia. Pocos meses después, quedó arrestado bajo cargos de corrupción y violaciones económicas. Analistas dentro y fuera de la isla interpretaron el caso como parte de una purga interna en el régimen, que buscaba redistribuir culpas por la crisis económica y social que atraviesa el país.
Gil era visto como un tecnócrata pragmático, defensor del limitado sector privado y de una mayor autonomía empresarial, ideas que chocaban con las corrientes más ortodoxas del Partido Comunista. Su arresto, por tanto, es visto también como una advertencia hacia otros cuadros reformistas dentro del sistema.
Cuba en crisis: el trasfondo de un juicio político
El proceso judicial tiene lugar en un contexto crítico: la economía cubana vive su peor momento desde los años noventa, con una inflación superior al 500 %, desabastecimiento generalizado de alimentos, apagones prolongados y un éxodo migratorio récord.
El colapso del sistema financiero, la caída del turismo y la falta de divisas han generado un ambiente de descontento popular sin precedentes. En este escenario, el juicio a Gil no solo se percibe como un proceso judicial, sino también como una maniobra política para canalizar el malestar social y reafirmar el control del aparato estatal.
El secretismo y la falta de transparencia se suman a las sospechas de que el gobierno busca dar una “lección ejemplarizante” más que un proceso basado en justicia imparcial.
Reclamos de transparencia y reacciones públicas
El hermetismo del proceso ha despertado críticas incluso desde dentro del sistema. El exespía cubano René González, uno de los llamados Cinco Héroes de la República de Cuba, pidió públicamente que el juicio fuera “abierto y transparente”, advirtiendo que el país necesitaba saber la verdad sobre un caso que ha impactado profundamente a la ciudadanía.
“Un juicio cerrado alimenta las dudas sobre la integridad del sistema judicial y daña la confianza del pueblo”, expresó González en una publicación compartida en redes sociales. Sin embargo, las autoridades no han respondido a ese llamado.
Desde el exilio y entre la comunidad académica cubana en el exterior, el caso se observa con atención. Economistas consultados por medios internacionales como El País e Infobae consideran que el proceso contra Gil podría ser el más importante en materia política desde el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, en 1989.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba calificó el juicio como una “cortina de humo” destinada a distraer a la opinión pública del colapso económico y del creciente autoritarismo del gobierno. En redes sociales, múltiples usuarios han expresado dudas sobre la veracidad de las acusaciones de espionaje, interpretándolas como un intento de criminalizar las posturas reformistas dentro del régimen.
Lo que se sabe y lo que aún no se ha revelado
Hasta el momento, el Tribunal Supremo no ha emitido comunicados sobre la duración estimada del juicio ni sobre la fecha de emisión de la sentencia. Tampoco se ha aclarado si el proceso involucra a otros exfuncionarios del Ministerio de Economía.
Según la legislación cubana, los delitos de espionaje y malversación de fondos públicos pueden conllevar penas de hasta cadena perpetua, dependiendo de las circunstancias y del daño al Estado.
El caso de Alejandro Gil se perfila, así como un punto de inflexión político y judicial para el régimen cubano, un reflejo del control del aparato estatal sobre los cuadros tecnocráticos y de la fragilidad de las reformas económicas emprendidas en los últimos años.
