Florida propone un abarcador plan migratorio que abarca la detención y deportación de inmigrantes indocumentados

Las autoridades del estado de la Florida a principios de este mes le propusieron a la administración del presidente Donald Trump una iniciativa para colaborar con las políticas migratorias específicamente las que tienen que ver con las deportaciones.

El documento de 37 páginas titulado Plan de Actividades para la Aplicación de la Ley de Inmigración abarca la rápida edificación de instalaciones de detención, la designación de funcionarios del Cuerpo de Abogados Generales de la Guardia Nacional de Florida en roles de jueces migratorios y la utilización de vuelos de deportación mediante contratistas en Florida.

En ese sentido el gobernador de Florida, Ron DeSantis en una conferencia en el día de ayer en la ciudad de Tampa mencionó la utilidad que se les puede dar a los jueces para implementar esta medida. «Y entonces tenemos un plan sobre la mesa, si los federales lo aprueban, en el que podemos llevar a algunos de los defensores de los jueces militares, que actúen como jueces de inmigración. Podemos hacer un espacio de detención improvisado, y luego incluso hacer transporte», dijo el republicano.

EL gobernador describió esta idea como una «sopa de nueces» y «importante multiplicador de fuerzas». Además agregó que la Florida es uno de los primeros en apoyar a la administración en materia migratoria. «Esto mostrará cómo se hace. Mostrará estas cosas, de hecho… se puede hacer», recalcó DeSantis.

Asimismo, aseguró que los 1.800 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida poseen la preparación necesaria para que las normas en materia de inmigración en el territorio se ejecuten y también se ha trabajado para que los gobiernos locales usen sus facultades para apoyar al estado y a la vez al gobierno de Trump.

DeSantis afirmó que esa normativa es la causa de la ausencia de reclamaciones respecto a las fuerzas de seguridad locales que deciden no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense.

«Creo que se debe a que tenemos una legislación que básicamente dice: si no se hace la máxima participación con las autoridades federales de inmigración, eso puede constituir una negligencia en el deber, lo que desencadenaría la capacidad del gobernador para suspenderlo de su cargo», manifestó en la rueda de prensa.

«Creo que es por eso que no hay tantas quejas, porque creo que hay un desincentivo total para que cualquier agencia de aplicación de la ley o un alcalde ignoren flagrantemente la autoridad estatal de inmigración», explicó el político quien lanzó una interrogante a sus oyentes. «Si no tuviéramos eso, ¿no crees que tendríamos a algunos de estos alcaldes liberales molestándote?».

Además de que la legislación migratoria de la Florida se basa en los agentes de la FHP y de la policía local, también asigna funciones administrativas a otras como la División de Manejo de Emergencias de Florida. La propuesta incluye una jerarquía de mando estatal que permite a los agentes del orden actuar sin necesidad de aprobación federal en anticipación.

De acuerdo con Anna Eskamani congresista demócrata por Orlando la inmigración es de competencia federal, pero tanto DeSantis como Donald Trump se interesan más por la política del más fuerte que por la Constitución de EE.UU.

Añadió cómo los inmigrantes que llegan a Florida pueden aportar a decenas de renglones de la economía como la agricultura, los servicios, el turismo como lo han hecho hace varias décadas sin tanta persecución, sin embargo, ahora la situación ha cambiado drásticamente.

«Florida es un estado muy diverso. Dependemos en gran medida de la inmigración para nuestra fuerza laboral, ya sea en el turismo, la construcción y la agricultura. Y cuanto más persigamos estas leyes antiinmigrantes, más difícil será tener una fuerza laboral vibrante. Y, por supuesto, va a seguir quitando recursos de la seguridad pública, la gestión de emergencias y nuestras arcas locales», concluyó Eskamani.