El estado de Florida recibió una transferencia de 608 millones de dólares procedentes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), con el objetivo de cubrir los gastos operativos de los centros de detención de inmigrantes conocidos como Alligator Alcatraz y Deportation Depot. La operación se concretó el 30 de septiembre y forma parte de una estrategia estatal para ampliar la infraestructura de control migratorio.
El gobernador Ron DeSantis celebró la asignación y defendió la autonomía de su administración frente a los cuestionamientos. “Este dinero no cambia la naturaleza del proyecto: sigue siendo propiedad del estado de Florida”, aseguró, en medio de críticas de ambientalistas, activistas migratorios y sectores políticos de la oposición.
Centros construidos en tiempo récord
El centro Alligator Alcatraz fue construido en terrenos de la antigua pista del aeropuerto Dade-Collier, dentro de la Big Cypress National Preserve, una zona considerada ambientalmente sensible. La obra se completó en menos de un mes, con un costo superior a los 250 millones de dólares, y se estima que su mantenimiento anual requerirá al menos 450 millones de dólares.
Por su parte, el Deportation Depot funciona en las instalaciones de la antigua prisión estatal Baker Correctional Institution, remodelada para convertirse en un complejo de detención migratoria de alta seguridad. Ambos centros han sido señalados como piezas clave de la política de “tolerancia cero” impulsada por el estado.
Demandas ambientales y legales
La construcción de Alligator Alcatraz desató una batalla legal inmediata. Organizaciones como Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee interpusieron demandas contra el estado y contra el gobierno federal, alegando que se omitieron estudios de impacto ambiental exigidos por ley para construir en tierras protegidas.
Un juez federal ordenó en su momento la paralización de las obras, pero una corte de apelaciones permitió reanudarlas al considerar que no se habían utilizado fondos federales. Con la reciente inyección de FEMA, los grupos ambientalistas insisten en que ahora el proyecto debe someterse a las regulaciones ambientales federales.
“El financiamiento de FEMA confirma que se trata de un proyecto federal, que debe cumplir con las leyes ambientales federales”, dijo la directora en Florida del Center for Biological Diversity, Elise Bennett.
Reubicación de fondos y críticas humanitarias
El financiamiento proviene de partidas originalmente asignadas al programa federal de Albergue y Servicios, que entregaba recursos a gobiernos locales y organizaciones comunitarias para apoyar a migrantes en tránsito con alojamiento y servicios básicos.
La reasignación ha sido duramente criticada por defensores de derechos humanos, quienes sostienen que mientras se fortalece el aparato de detención, se debilita la red de apoyo a comunidades migrantes y a ciudades que han recibido a miles de solicitantes de asilo.
Refuerzo de la política migratoria en Florida
La medida se enmarca en la estrategia migratoria del estado, cada vez más alineada con el gobierno federal a través del programa 287(g), que autoriza a policías locales y alguaciles a ejercer funciones propias de agentes de inmigración.
Paralelamente, las asociaciones de alguaciles de Florida han solicitado otros 250 millones de dólares para la compra de tecnología de vigilancia, la ampliación de la capacidad de detención y la entrega de bonificaciones económicas a los agentes que participan en operativos migratorios.
Un tema que polariza
Mientras sectores conservadores aplauden la inversión como una forma de “restaurar el orden” y “proteger a las comunidades locales”, organizaciones civiles advierten que Florida se convierte en un laboratorio de políticas migratorias cada vez más duras, con un alto costo económico y social.
La combinación de fondos federales, la presión ambiental y las demandas judiciales anticipan un escenario complejo: el debate sobre estos centros no solo se centra en la gestión migratoria, sino también en el impacto ecológico, la reasignación de presupuestos y el modelo de convivencia que se proyecta en un estado clave para la política nacional.
