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La reforma más ambiciosa del gobernador enfrenta un dilema: cómo sustituir una recaudación anual de USD 55 mil millones
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó una de sus propuestas más arriesgadas y polémicas: eliminar el impuesto a la propiedad en el estado. La iniciativa, que será sometida a votación popular en un referéndum en 2026, plantea un cambio radical en el modelo fiscal que sostiene a los gobiernos locales y amenaza con reconfigurar la economía estatal.
“Estoy colaborando con diferentes actores, realizando cálculos y evaluaciones. Pero van a tener la oportunidad de concretar esto en noviembre de 2026”, dijo el republicano en una conferencia de prensa recalcando que los propietarios de vivienda principal deberían tener sus hogares libres del gobierno.
El impuesto en la mira: contexto y razones de la propuesta
El impuesto a la propiedad es la principal fuente de ingresos para los condados y municipios de Florida, destinado a financiar educación, servicios de emergencia, salud, policía y bomberos. Según cifras oficiales, aporta unos USD 55 mil millones anuales.
En los últimos cinco años, con el alza en los precios de la vivienda, la carga sobre los propietarios se disparó. Familias de ingresos medios y jubilados, que representan una parte significativa de la población del estado, han denunciado que los pagos anuales son cada vez más insostenibles.
“Alguien que adquirió una casa por 300.000 dólares hace una década ahora se entera de que su valor asciende a 750.000 dólares. Es una ganancia no realizada, pero su factura fiscal aumenta igual”, señaló el gobernador.
DeSantis ha convertido ese malestar en bandera política, asegurando que los floridanos necesitan liberarse de este impuesto. “Quien haya comprado recientemente está pagando mucho más en impuestos de lo que hubiera hecho hace apenas unos años. Si eres residente de Florida y tienes tu vivienda principal aquí, creo que deberías poseerla sin la carga permanente del Estado”, agregó el político haciendo énfasis a una inquietud de muchos dueños de propiedades.
Según el gobernador, la eliminación del tributo abriría la puerta para que más familias floridanas accedan a una vivienda, revirtiendo la tendencia actual que favorece a fondos de inversión y compradores especulativos. DeSantis insistió en que la medida permitiría equilibrar la balanza hacia la propiedad de uso familiar.
La propuesta se inscribe en un panorama más amplio dentro del país, donde estados bajo liderazgo republicano —como Illinois, Kansas, Montana, Pensilvania y Texas— evalúan fórmulas equivalentes. De acuerdo con especialistas, estas iniciativas se explican por la presión que generó el boom habitacional en los suburbios después de la pandemia, que disparó los costos inmobiliarios.
“el incremento de precios impulsado por mudanzas y la expansión del trabajo remoto elevó los impuestos sobre la propiedad en muchas zonas, no por el aumento de tasas, sino de los importes a pagar”, dijo David Schleicher, profesor de legislación urbana en la Facultad de Derecho de Yale.
Medidas inmediatas: cheques de $1,000 en diciembre
Para ganar apoyo popular y mostrar resultados inmediatos, el gobernador anunció que en diciembre de 2025 se entregarán cheques de alrededor de $1,000 a los propietarios con exención homestead, un beneficio que protege la vivienda principal. El dinero cubrirá parte de los impuestos escolares de este año y se enmarca en un plan de transición hacia un modelo sin impuestos a la propiedad.
Auditorías a gobiernos locales y control político
La propuesta también incluye un sistema de auditorías estatales a gobiernos locales, con sanciones para aquellos que no cooperen o presenten irregularidades presupuestarias.
Aunque DeSantis lo presenta como un esfuerzo por garantizar la transparencia y la eficiencia, críticos sostienen que esta medida tiene un trasfondo político: aumentar la supervisión sobre municipios de mayoría demócrata que han chocado con Tallahassee en temas como migración, vivienda o educación.
El gran dilema: ¿cómo reemplazar los ingresos perdidos?
La eliminación del impuesto a la propiedad dejaría un vacío de miles de millones de dólares anuales. Entre las alternativas en estudio se encuentra un aumento del impuesto estatal a las ventas, lo que trasladaría el peso fiscal del patrimonio inmobiliario al consumo cotidiano de los ciudadanos.
El gobernador admitió que todavía no se ha definido un mecanismo claro para sustituir los ingresos fiscales que dejaría el impuesto a la propiedad. Sin embargo, subrayó que existe la voluntad política para avanzar en esa dirección y afirmó: “somos probablemente el único estado capaz de lograrlo”.
Economistas y líderes comunitarios advierten que esta sustitución podría golpear con más fuerza a familias de bajos ingresos, que destinan una mayor proporción de sus recursos a gastos básicos.
Apoyos y críticas
Sectores conservadores y asociaciones de propietarios aplauden la propuesta, argumentando que defiende el derecho de las familias a “poseer su vivienda sin cargas confiscatorias”. Por otro lado, alcaldes, concejales y legisladores —incluidos algunos republicanos— alertan que sin esa fuente de financiamiento será casi imposible sostener escuelas públicas, hospitales, programas sociales y fuerzas de seguridad.
El debate también tiene un componente ideológico, mientras DeSantis plantea la medida como un hito en la reducción del tamaño del Estado, sus detractores la ven como un ataque a la autonomía de los gobiernos locales.
Un tema con resonancia electoral
La iniciativa no solo tiene un impacto económico, sino también político. Con Florida como uno de los estados de mayor peso en las elecciones presidenciales, la propuesta podría convertirse en un caballo de batalla electoral en 2026, reforzando la imagen de DeSantis entre su base conservadora y atrayendo a votantes descontentos con el costo de vida.
Escenarios futuros
En caso de aprobarse en 2026 esta iniciativa el estado deberá implementar una reforma fiscal histórica, rediseñando el sistema de ingresos y redefiniendo el papel de los municipios. Si fracasa, DeSantis podría enfrentar un revés político significativo, aunque el alivio inmediato de los cheques de $1,000 le daría un margen de respaldo popular. La medida podría marcar un precedente para otros estados republicanos que buscan limitar los impuestos locales.
La propuesta de Ron DeSantis para eliminar el impuesto a la propiedad en Florida es, al mismo tiempo, una promesa de alivio fiscal y un riesgo presupuestario de grandes proporciones. Su aprobación dependerá de los votantes en 2026, pero desde ya genera un debate que enfrenta dos visiones opuestas: la de un Estado reducido al mínimo frente a la necesidad de mantener servicios públicos esenciales. El desenlace definirá no solo el futuro fiscal de Florida, sino también la proyección política de DeSantis en la arena nacional.
