Familia denuncia detención arbitraria de cubano sin antecedentes que se preparaba para ejercer enfermería en EE.UU: «Es una decisión que consideramos injusta e inhumana»

Un nuevo caso de detención de un migrante cubano bajo estatus I-220A vuelve a generar preocupación y malestar entre las familias del sur de Florida. Iván García Pérez, de 26 años, fue arrestado este jueves 7 de noviembre durante su cita rutinaria ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar, pese a que —según sus familiares— ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones migratorias y carece de antecedentes penales.

El caso lo denunció públicamente su primo, Rubén Enrique Banegas Pérez, quien envió una carta abierta al periodista cubano Mario J. Pentón solicitando apoyo y visibilidad para que líderes comunitarios o abogados eviten la deportación ya que lo califican como “una injusticia inhumana”.

Un futuro truncado: de estudiante destacado a detenido migratorio

García Pérez llegó a Estados Unidos huyendo de la crisis cubana y obtuvo un estatus I-220A, documento que otorga libertad supervisada mientras se resuelve su caso ante inmigración. En los últimos años cursó y completó estudios de enfermería, con la meta de integrarse al sistema sanitario estadounidense. El día de su arresto, había recibido la autorización oficial para rendir el examen NCLEX, el paso final para obtener la licencia profesional.

«Precisamente hoy en la mañana recibió la aprobación para presentar el examen NCLEX, paso final para poder ejercer como enfermero y seguir aportando al sistema de salud de este país que tanto ama.”, expresó Banegas en su escrito.

Su familia asegura que el joven no representa ningún riesgo ni amenaza ni posee antecedentes penales que agraven su situación migratoria. «Iván no tiene antecedentes penales, nunca ha tenido una infracción de tránsito y ha cumplido puntualmente con todas sus citas y requisitos ante las autoridades migratorias. Todo estaba en orden», lamentó su primo.

Petición de ayuda a congresistas y a la comunidad

Ante la detención, la familia de Iván García pide apoyo público y político. Banegas solicitó la intervención de congresistas Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, quienes en ocasiones anteriores han mediado en casos de detención de cubanos con procesos migratorios abiertos.

«Si es posible, para facilitar contacto con congresistas o figuras públicas como Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar u otros representantes que puedan interceder o brindar orientación. Creemos firmemente que la luz pública y la intervención de voces influyentes pueden evitar una injusticia más dentro del sistema migratorio», agregó Banegas en el texto.

La familia que todavía está conmocionada asegura que continuará visibilizando el caso y que ha puesto en marcha contactos legales para buscar la liberación del joven enfermero. De igual manera, no entienden por qué personas dedicadas al trabajo terminan encarceladas para su futura deportación cuando han aportado tanto al país.

«Nos sentimos impotentes ante una decisión que consideramos injusta e inhumana. No comprendemos por qué se detiene a un joven ejemplar, estudiante y profesional de la salud, sin ningún tipo de riesgo ni antecedente negativo», lamentó el pariente.

Reacciones y preocupación en la comunidad cubana

En redes sociales, varios usuarios y activistas han expresado su indignación ante lo ocurrido. Algunos recordaron que Florida depende en gran medida de trabajadores de la salud migrantes, y que casos como el de Iván envían un “mensaje equivocado” a quienes estudian y trabajan legalmente mientras esperan regularizar su estatus. «Este muchacho merece ser ayudado…tiene aquí un futuro de prosperidad, y él ha sabido abrirse camino». «Muy triste y difícil situación para el muchacho, solo tener fe y seguir luchando, así sucede con muchas personas que a pesar de ser I220a fueron registrados en inmigración en la frontera y se incorporaron a luchar por un futuro».

Otros subrayan que el caso refleja una tendencia de “mano dura” en la aplicación de las leyes migratorias, incluso contra personas sin historial delictivo. “Es un golpe a la esperanza de muchos jóvenes que quieren aportar y no delinquir”, «Oh Dios Todopoderoso, ten misericordia Padre, son jóvenes serios, trabajadores, honestos, que solo desean trabajar y estudiar para aportar al país, ayúdalos, abre las puertas para todo el que no comete delitos, ni delincuencia, te lo rogamos en el nombre de Jesús», dijeron otros internautas.

Un patrón que se repite

El caso de Iván no es aislado. Desde mediados de 2024, varios medios locales han documentado una ola de detenciones y deportaciones de cubanos con procesos pendientes, muchos de ellos con años de residencia en Estados Unidos.

En octubre, ICE confirmó la reanudación de vuelos de deportación hacia La Habana, tras un acuerdo con el gobierno cubano. Según reportes, más de 250 cubanos han sido devueltos en lo que va de 2025, algunos incluso con apelaciones activas o solicitudes de asilo en curso.

Abogados de inmigración han criticado la falta de transparencia en los criterios de detención. “Estamos viendo un endurecimiento que deja en incertidumbre a cientos de personas con I-220A, aun cuando cumplen con todas las normas”, explicó el letrado Willy Allen en una entrevista reciente.

Qué significa el estatus I-220A

El documento I-220A, también conocido como “orden de supervisión”, es una figura legal otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a los migrantes liberados de centros de detención que esperan una decisión judicial o administrativa. Bajo este estatus, las personas deben reportarse regularmente ante ICE, cumplir con normas de conducta y, en muchos casos, están autorizadas a trabajar.

Sin embargo, no otorga un permiso de residencia permanente ni protege automáticamente de la deportación. En la práctica, ICE puede detener nuevamente a los portadores de I-220A si considera que su caso ha cambiado o si existe una política más estricta de control migratorio, como ha ocurrido en los últimos meses.

Un caso que simboliza una crisis mayor

La detención de Iván García Pérez ilustra las contradicciones de un sistema que, según expertos, combina burocracia, lentitud judicial y discrecionalidad administrativa. Mientras algunos migrantes con antecedentes logran permanecer en libertad durante años, otros —como Iván— son detenidos sin previo aviso pese a su buen historial y contribución al país.

Organizaciones de derechos humanos han reiterado su llamado a una revisión humanitaria de los procesos I-220A, especialmente en casos de profesionales, familias con hijos menores o personas con arraigo comprobado.