El exteniente coronel del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba, Jorge Luis Vega García, fue arrestado en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras una investigación que reveló su presunta participación en actos de represión y tortura durante su carrera como jefe de prisiones en la isla.
El caso ha provocado una fuerte reacción entre activistas, víctimas del régimen cubano y miembros del exilio en Miami, que piden que el proceso no se limite a una deportación, sino que se juzgue penalmente al exmilitar por violaciones a los derechos humanos.
Ingresó legalmente con parole y pidió residencia
Vega García llegó a Estados Unidos el 20 de enero de 2024 por el Aeropuerto Internacional de Tampa junto a su esposa e hijo, tras ser aprobado bajo el programa de parole humanitario implementado por la administración Biden. Posteriormente solicitó la residencia permanente amparado en la Ley de Ajuste Cubano, una vía migratoria que permite a los cubanos obtener la green card tras un año de presencia legal en el país.
En un principio, su entrada pasó desapercibida. Sin embargo, reportes independientes y denuncias de ex prisioneros políticos destaparon su historial como alto funcionario del sistema penitenciario cubano, donde dirigió centros conocidos por sus condiciones extremas y el uso sistemático de castigos físicos y psicológicos.
Director de cárceles temidas en Matanzas
Durante su etapa activa en Cuba, Vega García fue director de las prisiones de Agüica y Canaleta, ambas ubicadas en la provincia de Matanzas. Esos centros penitenciarios son ampliamente señalados por albergar condiciones infrahumanas, actos de tortura y represión sistemática contra presos políticos y comunes.
Exreclusos como Benito Ortega Suárez, Pablo Pacheco Ávila, Blas Giraldo Reyes y Fidel Suárez Cruz que pasaron años en esas instalaciones lo identifican como uno de los ejecutores clave del aparato represivo del régimen. Testimonios recogidos por medios del exilio afirman que Vega organizaba golpizas, autorizaba el uso prolongado de celdas de castigo y promovía tratos crueles, en particular contra opositores arrestados durante la Primavera Negra de 2003, una de las mayores redadas políticas en la historia reciente de la isla.
“Nos aislaban, nos quitaban la comida, nos golpeaban por pedir atención médica o reclamar derechos. Él daba las órdenes”, declaró uno de los exprisioneros entrevistados, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias contra familiares que aún viven en Cuba.
Identidad confirmada y presión del Congreso
Tras la divulgación de su presencia en EE.UU., el congresista cubanoamericano Carlos Giménez envió en marzo de 2025 una carta formal al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), solicitando su inmediata deportación. En la misiva, adjuntó documentación que supuestamente confirma la participación de Vega en actos de represión carcelaria, incluyendo documentos oficiales firmados por él tanto en Cuba como en territorio estadounidense.
Una exoficial del MININT, Lainersy Ávila Castro, confirmó también su identidad y trayectoria, asegurando que a Vega lo ascendieron poco antes de su retiro del servicio activo.
Estas pruebas permitieron a ICE avanzar en la apertura del caso y culminaron con su detención esta semana, aunque las autoridades aún no han informado públicamente si el proceso seguirá por la vía administrativa —como deportación— o si se abrirá una causa penal.
Víctimas piden justicia, no solo expulsión
Organizaciones del exilio y defensores de derechos humanos han pedido al gobierno estadounidense que se investigue a fondo el historial de Vega García y que no se recurra simplemente a su expulsión del país.
“Estamos ante un presunto criminal de lesa humanidad. No basta con sacarlo del país. Tiene que responder ante la justicia por los crímenes cometidos. Hay víctimas vivas que merecen reparación y verdad”, señaló en un comunicado la organización Plantados por la Libertad y la Democracia en Cuba.
El caso también ha reavivado el debate sobre los controles migratorios aplicados a exfuncionarios del régimen cubano. Activistas advierten que muchos altos cargos del aparato represivo lograron entrar a EE.UU. en los últimos años gracias a programas de reunificación o parole, sin que sus antecedentes se verifiquen adecuadamente.
Un caso con implicaciones políticas
La detención de Vega García ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la política migratoria estadounidense hacia los cubanos. Mientras miles de personas escapan de la isla cada mes, impulsados por la crisis económica y política, la presencia en suelo norteamericano de exfuncionarios del régimen provoca indignación entre sectores del exilio.
El congresista Mario Díaz-Balart y otras figuras republicanas han exigido al DHS reforzar los mecanismos de evaluación de antecedentes en los procesos migratorios. En paralelo, se discuten reformas legislativas que podrían modificar los criterios para acceder a beneficios migratorios como el parole o la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Por ahora, Jorge Luis Vega García permanece detenido por ICE mientras se evalúa su caso. Lo que decida el gobierno estadounidense en este expediente podría sentar un precedente clave en la forma en que se manejan casos similares en el futuro, y marcar un punto de inflexión en la política hacia quienes formaron parte del aparato represivo del régimen cubano y ahora intentan rehacer sus vidas en suelo estadounidense.
