El régimen de Cuba condenó a cadena perpetua al exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández, tras hallarlo culpable de espionaje, corrupción y otros delitos graves, según informó el Tribunal Supremo Popular, órgano judicial controlado por la dictadura cubana.
De acuerdo con el fallo oficial, el exfuncionario fue declarado culpable en un primer proceso penal de espionaje, sustracción y daño de documentos oficiales, violación de normas de protección de información clasificada, cohecho y actos en perjuicio de la economía del Estado, delitos por los cuales se le impuso la sanción máxima prevista por el Código Penal vigente.
En un segundo juicio, celebrado también bajo estricto secretismo, la dictadura cubana lo condenó adicionalmente a 20 años de prisión por cohecho continuado, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal, además de ordenar la confiscación de bienes, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y la pérdida de derechos civiles y políticos.
“Traición a la patria” según el régimen
El tribunal calificó la conducta de Gil Fernández como una “degradación ética, moral y política” y encuadró los hechos como “traición a la patria”, una figura penal utilizada por el régimen de Cuba para castigar los crímenes considerados más graves contra el Estado.
Según la versión oficial, el exministro habría utilizado su posición dentro del aparato gubernamental para beneficio personal, sobornando a otros funcionarios y facilitando información clasificada que, presuntamente, fue entregada a servicios de inteligencia extranjeros, causando un “daño significativo” a los intereses nacionales.
Caída en desgracia en plena crisis nacional
La destitución de Alejandro Gil Fernández ocurrió a inicios de 2024, sin explicaciones públicas claras. Durante años fue uno de los rostros más visibles de la política económica de la dictadura, incluida la impulsión de la Tarea Ordenamiento, una reforma ampliamente criticada por disparar la inflación, empobrecer a la población y agravar la crisis económica.
Su procesamiento se produce en medio de una de las peores crisis que ha vivido el país bajo el régimen cubano, marcada por apagones diarios, desabastecimiento crónico, salarios insuficientes y una emigración masiva que ha llevado al éxodo de millones de cubanos.
Mensaje político y dudas sobre el proceso
Analistas y sectores críticos señalan que la condena podría servir como mensaje político interno de la dictadura para exhibir mano dura contra la corrupción, mientras intenta desligar a la cúpula gobernante del fracaso de sus políticas económicas.
El proceso judicial se llevó a cabo sin transparencia, a puertas cerradas y sin acceso a prensa independiente, lo que ha generado cuestionamientos sobre las garantías legales y el uso del sistema judicial como herramienta de control político.
Posible apelación
Tanto la defensa como la Fiscalía del régimen disponen de un plazo de diez días para apelar la sentencia. De confirmarse, la condena consolidaría una de las sanciones más severas impuestas por la dictadura cubana a un alto dirigente en décadas recientes.
El caso amenaza con sacudir aún más la credibilidad interna e internacional del régimen de Cuba, en un contexto de creciente descontento social y presión económica.
