Exfuncionario cercano a al nieto de Raúl Castro podría enfrentar deportación en octubre cuando un juez evalúe su caso

El 2 de octubre de 2025, en una corte de inmigración de Las Vegas, se definirá el destino de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, exfuncionario del correo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) y conocido por su cercanía con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”, nieto del general Raúl Castro y jefe de su seguridad personal.

Rodríguez Cabrera permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nevada, a la espera de un fallo que determinará si obtiene algún tipo de protección migratoria o si, por el contrario, será deportado a la isla.

Trayectoria en Cuba y vínculos con el poder

Durante su tiempo en el Minrex, Rodríguez Cabrera trabajó en el área de correo diplomático, un puesto que le permitió viajar y mantener contactos con funcionarios de alto rango. Su amistad con “El Cangrejo”, figura clave en el círculo íntimo de Raúl Castro, lo convirtió en un personaje de interés para analistas y activistas del exilio.

Ese vínculo ha despertado sospechas sobre las motivaciones de su permanencia en EE. UU., especialmente porque, a diferencia de otros migrantes cubanos, no proviene de un perfil de víctima directa del régimen, sino de alguien con acceso privilegiado al poder.

Empresario en Las Vegas

En 2023, Rodríguez Cabrera creó en Nevada la empresa Gran Azul LLC, especializada en envíos hacia Cuba. El emprendimiento fue recibido con recelo por parte de la comunidad cubana en Estados Unidos, que teme que este tipo de negocios pueda favorecer indirectamente a entidades estatales cubanas o servir como mecanismo de influencia económica del régimen en territorio norteamericano.

El registro de la compañía se interpretó como una señal de que Rodríguez Cabrera buscaba asentarse definitivamente en el país, más allá de su situación migratoria irregular.

Un fenómeno que genera debate en el exilio

El caso de Rodríguez Cabrera no es aislado. En los últimos años, varias figuras vinculadas al sistema judicial, militar o diplomático cubano han llegado a Estados Unidos, en algunos casos solicitando asilo político, lo que ha generado un fuerte rechazo en sectores del exilio. Entre los ejemplos más sonados están Melody González Pedraza, exjueza cubana acusada de prevaricación en casos políticos y Jorge Luis “Veguita” Vega García, señalado por presuntas violaciones de derechos humanos durante su trabajo en organismos de seguridad.

Estos procesos han abierto un debate sobre la consistencia del sistema migratorio estadounidense, que permite que presuntos represores accedan a beneficios diseñados para proteger a las víctimas de esos mismos abusos.

Contexto legal y posibles escenarios

De acuerdo con el expediente judicial, no se ha presentado apelación hasta el momento ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Esto deja en manos de la corte de Las Vegas la decisión final. Los posibles escenarios incluyen, deportación a Cuba, si el tribunal determina que no califica para protección humanitaria. Permiso de permanencia en EE. UU., si logra argumentar que enfrenta riesgo de persecución al regresar, así como apelación posterior, que prolongaría el proceso durante meses, manteniéndolo detenido mientras se resuelve.

Expertos en derecho migratorio señalan que este tipo de casos podrían sentar precedentes en la forma en que EE. UU. maneja la llegada de exfuncionarios de regímenes acusados de represión.

Reacciones en la comunidad del exilio

En Miami, Hialeah y otras ciudades con fuerte presencia cubana, el caso ha provocado indignación. Para muchos activistas, la presencia de exfuncionarios vinculados al poder cubano en Estados Unidos es una injusticia frente a miles de cubanos que huyen de la represión y enfrentan largas esperas para regularizar su estatus.

“Es una burla que personas que defendieron al régimen ahora quieran ampararse en el mismo sistema que sus víctimas buscan como refugio”, opinó un ex preso político radicado en Miami.

Otros sectores, sin embargo, señalan que el debido proceso judicial debe respetarse y que cada solicitante de protección migratoria tiene derecho a exponer sus argumentos ante un juez.

Un caso con impacto político y diplomático

La audiencia del 2 de octubre no solo definirá el futuro personal de Rodríguez Cabrera, sino que también pondrá nuevamente sobre la mesa el tema de cómo maneja EE. UU. la llegada de figuras cercanas al régimen cubano.

El resultado podría convertirse en un referente para otros casos similares, en un contexto en el que la migración cubana hacia Estados Unidos se mantiene en niveles históricos y el debate sobre seguridad nacional y derechos humanos sigue siendo altamente sensible.