
Grabaciones de conversaciones fueron usadas como evidencia para que el Juzgado 42 penal municipal de Medellín dictara orden de captura contra siete personas; dos de ellas contra el registrador de Nechí (departamento de Antioquia), Ángel Cruzate, y Estévenson Palacios, un asistente operativo de la Registraduría de Medellín, que proveían a la red documentos originales como contraseñas y cédulas para dar a los extranjeros apariencia de colombianos.
Los capturados recibían a los migrantes (en su mayoría cubanos) en la frontera con Ecuador, los trasladaban en vehículos públicos hasta Medellín y desde allí era coordinada la salida hacia Panamá por la región de Urabá o vía aérea rumbo a otros países de Centroamérica, que servían de plataforma para llegar a Estados Unidos», explicó al diario el general Jorge Rodríguez, director de la Dijín.
A los que movían por vía aérea les cobraban entre $800 y $850; a los que iban por vía terrestre, $600 según el reporte de las autoridades.






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