España estudia una nueva ley de nacionalidad que revive la esperanza de miles de cubanos excluidos de la Ley de Memoria Democrática

El 22 de octubre marcó el fin del plazo para solicitar la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática (LMD), dejando a miles de descendientes —entre ellos una gran cifra de cubanos— sin la posibilidad de presentar su expediente. Aunque desde su aprobación la LMD fue vista como una oportunidad histórica para millones de personas con raíces españolas, el corto tiempo de vigencia, la alta demanda y las dificultades documentales provocaron que numerosos solicitantes quedaran fuera pese a cumplir los requisitos.

En Cuba, la situación fue especialmente compleja: apagones prolongados, falta de notarios, limitaciones para obtener certificaciones, escasez de citas consulares y problemas logísticos hicieron que muchos descendientes no lograran someter a tiempo sus documentos. El cierre abrupto del proceso generó frustración, angustia y preocupación en una comunidad que históricamente mantiene fuertes vínculos familiares y culturales con España.

El Consejo de la Ciudadanía en el Exterior propone una reforma estructural

Ante este escenario, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) dirigido por Violeta Alonso impulsó una propuesta que podría cambiar el panorama por completo. El organismo solicitó al Gobierno español la creación de una Ley de Nacionalidad permanente, una normativa estable que elimine la necesidad de leyes temporales como la LMD de 2022 o la Ley de Nietos de 2007.

La propuesta plantea que el derecho a solicitar la nacionalidad por ascendencia sea incorporado directamente al Código Civil, permitiendo que hijos, nietos y bisnietos de españoles puedan acogerse al beneficio sin límites generacionales y sin depender de coyunturas políticas. Además, busca evitar las discriminaciones históricas que afectaron a descendientes por razones de género o por la migración de mujeres españolas antes de 1978, cuyas líneas familiares quedaron excluidas durante décadas.

La propuesta ya llegó al Congreso y al Senado

El CGCEE remitió su documento al Congreso de los Diputados y al Senado, donde la iniciativa fue recibida y derivada a las comisiones de justicia para su análisis preliminar. Aunque el trámite aún no implica la aprobación de una ley concreta, sí representa un paso institucional clave, pues obliga a los legisladores a estudiar la viabilidad jurídica y social de la propuesta.

“El procedimiento legislativo requiere que la propuesta del CGCEE sea tomada como base por algún grupo parlamentario o por el propio Gobierno, para luego transformarse en un proyecto formal que pueda debatirse en las Cortes Generales”, dijo Violeta.

El avance ahora depende de que algún grupo parlamentario —o el propio Gobierno— decida presentar formalmente un proyecto de ley que modifique el Código Civil. El proceso podría extenderse varios meses debido al actual escenario político, marcado por mayorías frágiles y continuas negociaciones entre partidos.

Un posible beneficio para miles de cubanos

Entre los posibles beneficiarios destacan miles de cubanos que quedaron fuera del plazo, muchos de ellos descendientes directos de españoles que emigraron al Caribe durante las primeras décadas del siglo XX. La propuesta permitiría en primer lugar reabrir el acceso a la nacionalidad para quienes no pudieron presentar expedientes por falta de citas o documentos e incluir a descendientes de líneas maternas afectadas por normas anteriores.

También pudiera reconocer derechos a generaciones posteriores, como bisnietos o tataranietos, siempre que demuestren la línea de ascendencia, así como eliminar la incertidumbre causada por leyes temporales que dependen de plazos fijados por gobiernos de turno.

Abogados, historiadores y plataformas de descendientes han subrayado que Cuba es uno de los países con mayor población de origen español en el mundo, por lo que un cambio estructural tendría un impacto significativo tanto en lo social como en lo comunitario.

La Ley de Memoria Democrática: logros y límites

La LMD benefició a cientos de miles de personas al reconocer los derechos de los hijos y nietos de exiliados por razones políticas o económicas, descendientes de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros e hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Sin embargo, las restricciones temporales, la alta demanda y la falta de recursos consulares provocaron enormes retrasos y dejaron fuera a quienes no consiguieron documentación a tiempo. En países con crisis institucionales como Venezuela y Cuba, la obtención de documentos se volvió especialmente difícil.

Activistas y plataformas celebran la posibilidad de una ley estable

Organizaciones de descendientes en América Latina consideran que esta propuesta representa “la oportunidad más sólida de acabar con décadas de desigualdad jurídica”. Según estas plataformas, una ley permanente sería la única forma de garantizar que la nacionalidad española por origen deje de depender de decisiones políticas puntuales o de plazos que muchas familias no pueden cumplir.

Para los cubanos, la medida se interpreta además como una reparación histórica, tomando en cuenta que Cuba fue uno de los principales destinos de migración española durante los siglos XIX y XX.

El desafío político: consenso y tiempos legislativos

Pese al entusiasmo que ha generado la iniciativa, su aprobación requiere un amplio consenso parlamentario. España atraviesa una etapa de división política donde los acuerdos amplios son difíciles de alcanzar. Legisladores cercanos a comunidades de emigrantes han mostrado interés en la propuesta, pero aún no existe un compromiso formal por parte del Gobierno.

Expertos en derecho migratorio señalan que una reforma del Código Civil implica debates jurídicos profundos, incluyendo aspectos relacionados con nacionalidad por opción, residencia previa y requisitos documentales. Todo ello podría alargar el proceso más de lo que esperan los afectados.

Una esperanza que se mantiene viva

Aunque no hay garantías de aprobación inmediata, la propuesta del CGCEE ha traído un renovado optimismo entre miles de descendientes cubanos que vieron cerrarse la puerta de la LMD por razones burocráticas o logísticas. Para muchos, se trata de una segunda oportunidad que podría finalmente reconocer un derecho basado en su origen familiar.

Mientras el Congreso analiza la iniciativa y los partidos evalúan su viabilidad, los solicitantes permanecen atentos. La expectativa es enorme y, para una comunidad marcada por la migración española, esta posible reforma representa mucho más que un trámite: simboliza identidad, memoria y un anhelado vínculo con sus raíces.