El propietario de Yumury Envíos & Travel LLC, una agencia con sede en el sur de la Florida dedicada al envío de paquetería y servicios hacia Cuba, rechazó públicamente cualquier vínculo con el Gobierno cubano luego de que a su negocio lo incluyeran en la lista de empresas con licencias comerciales revocadas.
La medida forma parte de una investigación impulsada por la oficina del Recaudador de Impuestos del condado Miami-Dade, que busca verificar el cumplimiento de regulaciones federales en operaciones relacionadas con la Isla.
El empresario sostiene que la sanción no obedece a actividades ilegales, sino a un problema administrativo que le impidió responder a tiempo a un requerimiento oficial, situación que —según afirma— podría haberse evitado con una comunicación más efectiva.
“Lo que pasó con nuestra agencia es que la carta que pedía las pruebas de licencia fue enviada a nuestra dirección anterior y nunca nos llegó. Ya estamos en contacto con la oficina del recaudador y listos para entregar toda la documentación requerida”, dijo el propietario de la compañía en una entrevista telefónica.
Un negocio bajo escrutinio
Yumury Envíos & Travel aparece entre una veintena de compañías a las que se les retiró el impuesto local para operar, tras no presentar dentro del plazo establecido la documentación que acredita licencias federales para realizar determinadas transacciones con Cuba. Estas licencias son emitidas por agencias del Gobierno de Estados Unidos, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS).
Para el dueño del negocio, la inclusión de su empresa en esta lista ha generado un daño reputacional injustificado. En declaraciones públicas, afirmó que sus servicios se limitan al envío de ayuda, paquetería y vehículos a particulares, actividades que asegura realizar conforme a la ley y sin intermediación directa con entidades estatales cubanas.
La versión del empresario: “No recibimos la notificación”
Uno de los puntos centrales de su defensa es que la notificación oficial nunca llegó a manos de la empresa. Según explicó, la carta enviada por la oficina del recaudador fue remitida a una dirección antigua, pese a que el negocio había actualizado previamente su información.
Al no recibir el requerimiento, la empresa no tuvo oportunidad de responder ni de presentar las licencias solicitadas dentro del plazo, lo que activó de manera automática la revocación de la licencia comercial. El empresario sostiene que, de haber sido notificado correctamente, habría cumplido con el proceso sin contratiempos.
La postura del condado y el marco regulatorio
Desde la administración de Miami-Dade, el recaudador Dariel Fernández defendió la medida como parte de un esfuerzo para garantizar que empresas locales no participen, directa o indirectamente, en operaciones que beneficien económicamente al régimen cubano sin autorización federal.
Las autoridades subrayan que el comercio, los envíos y los servicios vinculados a Cuba están sujetos a un estricto marco legal, que exige permisos específicos dependiendo del tipo de operación. La falta de estas licencias puede derivar en sanciones administrativas a nivel local, independientemente de que exista o no una investigación penal federal.
«El condado no será utilizado como plataforma para financiar ni sostener al régimen cubano” y advirtió que mantendrá una “mano dura con cualquier empresa que opere irregularmente con la dictadura”, advirtió por su parte, Fernández.
Licencias federales: un requisito clave
El caso ha puesto nuevamente en el centro del debate el papel de las licencias de OFAC y BIS, indispensables para determinadas operaciones con Cuba. Estas autorizaciones buscan asegurar que los servicios prestados se ajusten a las excepciones permitidas por la ley federal y no impliquen transacciones prohibidas.
Las autoridades locales han señalado que la presentación de esta documentación es un requisito básico para mantener una licencia comercial activa en el condado cuando el negocio opera en sectores sensibles.
Las autoridades estiman que cerca de 75 empresas fueron formalmente requeridas para presentar su documentación. Poco más de la mitad logró cumplir a tiempo: 48 respondieron de manera satisfactoria, mientras que una veintena no entregó los papeles dentro del plazo establecido, lo que activó de forma automática la cancelación de sus licencias.
La lista de negocios afectados incluye agencias de viajes y compañías dedicadas a envíos y servicios logísticos, algunas con presencia en varias localidades del condado. Con esta decisión, estas empresas quedan impedidas de operar legalmente y se exponen a sanciones adicionales si continúan funcionando al margen de la normativa.
Un proceso que aún puede revertirse
La revocación de licencias no es necesariamente definitiva, el condado ha indicado que las empresas sancionadas pueden recuperar su permiso si logran demostrar que cuentan con las licencias federales correspondientes o si corrigen errores administrativos que hayan motivado la sanción.
En ese contexto, el propietario de Yumury Envíos & Travel aseguró que ya se encuentra preparando su apelación y recopilando los documentos necesarios para regularizar la situación y reanudar operaciones de manera formal.
Una revisión de alcance más amplio
La investigación del condado alcanzó a unas 75 empresas. De ese total, cerca de 48 respondieron dentro del plazo establecido y lograron demostrar cumplimiento con los requisitos exigidos. Sin embargo, alrededor de 20 negocios no entregaron la información requerida a tiempo, lo que llevó a la revocación de sus licencias comerciales.
Más allá de este caso puntual, la situación ha generado inquietud entre pequeños empresarios del sur de la Florida que ofrecen servicios relacionados con Cuba, muchos de los cuales reclaman mayor claridad en los procedimientos y plazos administrativos.
Un debate que trasciende el caso
El episodio ha reavivado el debate dentro de la comunidad cubanoamericana sobre el delicado equilibrio entre el cumplimiento estricto de las sanciones federales y la supervivencia de negocios que prestan servicios a familias con vínculos en la Isla. Mientras las autoridades insisten en la necesidad de aplicar la ley sin excepciones, empresarios afectados piden procesos más transparentes y mecanismos efectivos de notificación.
A medida que se resuelven las apelaciones, el desenlace de estos casos podría sentar un precedente relevante para otras empresas que operan en un marco regulatorio complejo y altamente sensible.
