El principio del jus soli, o derecho a la ciudadanía por nacimiento, ha sido durante más de 150 años una piedra angular del modelo estadounidense de inclusión y asimilación. Sin embargo, esta garantía —establecida en la Enmienda 14 de la Constitución— se encuentra hoy bajo amenaza tras la orden ejecutiva del presidente Donald Trump y respaldada por sectores conservadores.
En medio de un ambiente de creciente polarización política y debate migratorio, una orden ejecutiva emitida por Trump busca eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados. Aunque actualmente está bloqueada por decisiones judiciales, el caso ha escalado hasta la Corte Suprema, que deberá definir si este tipo de cambio puede hacerse sin enmienda constitucional. La decisión final podría redefinir el concepto mismo de quién es ciudadano en Estados Unidos.
El origen del conflicto: la Enmienda 14
Ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, la Enmienda 14 fue diseñada para garantizar la ciudadanía a los esclavos liberados y sus descendientes, con un texto claro: “Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos”. Esta disposición convirtió a EE. UU. en uno de los países más accesibles en cuanto a la obtención de ciudadanía.
El principio ha sido confirmado en múltiples ocasiones por la jurisprudencia estadounidense. Un fallo clave fue el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), en el que la Corte Suprema estableció que incluso hijos de ciudadanos extranjeros eran estadounidenses si nacían en suelo nacional.
Pero sectores conservadores argumentan hoy que la cláusula “sujeta a su jurisdicción” excluye a los hijos de padres que se encuentran ilegalmente en el país. En consecuencia, Trump emitió una orden ejecutiva para reinterpretar la norma y revocar la ciudadanía automática a estos niños.
La batalla judicial en curso
Desde su emisión, la orden ejecutiva ha sido objeto de impugnaciones judiciales en múltiples cortes. En julio de 2025, un juez federal reafirmó el bloqueo de la medida, indicando que “la ciudadanía por nacimiento no puede ser eliminada por decreto presidencial”. Asimismo, diversos tribunales de apelaciones —como el Noveno Circuito— ya habían declarado inconstitucional cualquier intento de modificar este principio sin pasar por el Congreso.
No obstante, el caso sigue avanzando y ha llegado a la Corte Suprema. Los jueces deben determinar si la reinterpretación del jus soli a través de una orden ejecutiva es válida, o si constituye una violación directa de la Constitución. La decisión no solo afectará la ciudadanía, sino también los límites del poder presidencial.
Los jueces federales Ronald Gould y Michael Hawkins, ambos nombrados por el expresidente Bill Clinton, respaldaron la decisión del tribunal inferior que consideró inconstitucional la interpretación contenida en una orden ejecutiva que pretendía negar la ciudadanía a personas nacidas en territorio estadounidense. “Estamos totalmente de acuerdo”, expresaron, según informaron agencias y medios nacionales.
El fallo ratifica una medida cautelar previa dictada por el juez federal John Coughenour, con sede en Seattle, quien a finales de enero suspendió a nivel nacional la implementación del decreto impulsado por Donald Trump.
Mediante su orden ejecutiva, el presidente Donald Trump buscaba revocar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, una medida que fue ampliamente señalada como una violación directa de la cláusula de ciudadanía establecida en la Constitución de Estados Unidos.
Impacto real en familias cubanas y latinoamericanas
Para las comunidades inmigrantes, el impacto de esta disputa va mucho más allá del plano legal. De aprobarse la orden, cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos podrían quedar en un limbo jurídico: no serían ciudadanos estadounidenses ni tendrían una vía automática para obtener la ciudadanía de sus padres.
En particular, la comunidad cubana, que históricamente ha sido vista como una excepción migratoria por políticas como la Ley de Ajuste Cubano, ha experimentado un endurecimiento en sus condiciones migratorias en los últimos años. Muchos cubanos que han llegado recientemente a través de la frontera o con visas vencidas se verían directamente afectados si sus hijos nacidos en EE. UU. pierden el derecho a la ciudadanía.
La incertidumbre legal se traduce también en consecuencias tangibles: falta de acceso a servicios médicos, limitaciones educativas, exclusión del sistema de seguridad social y riesgo de deportación futura. Las organizaciones comunitarias ya alertan sobre el incremento de consultas legales y del miedo entre padres inmigrantes.
Implicaciones sociales, políticas y constitucionales
El fallo judicial advierte que la implementación de la orden ejecutiva tendría un impacto económico considerable en los estados, que dejarían de recibir reembolsos federales por los servicios médicos y sociales brindados a menores que, bajo la nueva normativa, ya no serían reconocidos como ciudadanos estadounidenses. Además, se subraya que los gobiernos estatales enfrentarían elevados costos administrativos para adaptar sus sistemas de verificación de elegibilidad.
El tribunal también argumentó que restringir la medida cautelar a una jurisdicción limitada no ofrecería una solución efectiva para los estados demandantes, los cuales se verían forzados a reformar sus procesos de asistencia social, generando confusión y costos adicionales.
Si la Corte Suprema avalara la orden ejecutiva, se sentaría un precedente peligroso: el poder ejecutivo podría reinterpretar principios constitucionales sin intervención del Congreso ni enmienda formal. Expertos advierten que esto podría extenderse a otros derechos, debilitando el equilibrio de poderes en EE. UU.
Además, se teme la creación de una nueva clase de personas apátridas, nacidas en suelo estadounidense pero sin ciudadanía reconocida, lo cual sería inédito en la historia moderna del país. Naciones Unidas ha alertado que negar la ciudadanía por nacimiento viola principios fundamentales del derecho internacional y de los derechos humanos.
En el plano político, esta batalla refleja una estrategia electoral: los sectores que impulsan la medida buscan apelar a votantes preocupados por la inmigración ilegal, a costa de derechos adquiridos por millones de familias.
Voces desde las comunidades
Activistas latinos y líderes de derechos civiles han denunciado que esta política tiene tintes discriminatorios y que afectará de forma desproporcionada a las minorías. “Esta es una ofensiva directa contra nuestras familias, contra nuestros hijos, contra nuestra historia como nación de inmigrantes”, declaró Laura Gómez, abogada de inmigración en Miami.
Organizaciones como el American Immigration Council, la ACLU y grupos comunitarios en Florida, Texas y California han iniciado campañas informativas, protestas pacíficas y recursos judiciales. En ciudades como Hialeah y Homestead, donde la comunidad cubana tiene una fuerte presencia, se han multiplicado las clínicas legales y las sesiones de asesoría.
¿Qué esperar?
La Corte Suprema aún no ha fijado una fecha para su fallo definitivo, pero la expectativa es que lo haga antes de las elecciones presidenciales de 2026. Mientras tanto, la ciudadanía por nacimiento sigue vigente, pero su futuro es incierto. Para millones de familias, el desenlace de esta batalla definirá no solo el destino legal de sus hijos, sino su sentido de pertenencia, su seguridad y su esperanza en el sueño americano.
