La administración del expresidente Donald Trump, en su segundo mandato, ha anunciado una nueva medida migratoria que podría tener repercusiones profundas para cientos de miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos. Según un informe de CNN, la Casa Blanca pretende desechar de manera masiva más de 250 000 solicitudes de asilo pendientes, asociadas principalmente a cruces irregulares de la frontera.
La decisión representa un cambio radical en el tratamiento de estos casos y busca acelerar los procesos de deportación sin necesidad de audiencias individuales. Aquellos cuyas solicitudes sean descartadas perderán su estatus de protección legal de forma inmediata y quedarán expuestos a una deportación expedita.
Esta medida forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump para desatascar el sistema migratorio, que consideran sobrecargado y abusado. En lo que va del año, el Gobierno ya ha suspendido temporalmente el sistema de asilo en la frontera sur ha intensificado las deportaciones aceleradas y ha utilizado otras herramientas legales para limitar el ingreso de migrantes sin documentación.
«La principal prioridad de USCIS sigue siendo la selección y verificación de todos los extranjeros que buscan venir, vivir o trabajar en los Estados Unidos. El presidente Trump y la secretaria Noem le han dado a USCIS la capacidad de usar todas las herramientas en nuestra caja de herramientas para garantizar que se mantenga la integridad del sistema de inmigración, que el fraude se descubra y se aborde de manera expedita, y que los extranjeros ilegales sean expulsados del país», dijo el portavoz de USCIS Mattew Tragesser a CNN.
No obstante, la iniciativa ha despertado duras críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre una posible violación del debido proceso legal. Al eliminar la evaluación caso por caso, se impide que los migrantes puedan demostrar que enfrentan persecución o peligro si son devueltos a sus países de origen.
«Están convirtiendo a la agencia que pensamos que proporciona beneficios de inmigración en un brazo de aplicación de la ley para ICE», lamentó Sarah Mehta, subdirectora de asuntos gubernamentales de la división de igualdad de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Expertos legales anticipan una ola de demandas judiciales en respuesta a esta política, similar a lo ocurrido con medidas anteriores del mismo gobierno que fueron bloqueadas en cortes federales. A pesar de los posibles desafíos legales, la administración asegura que la implementación será inmediata y necesaria para restablecer el control fronterizo.
Con esta medida, la Casa Blanca intensifica su política de línea dura contra la inmigración irregular, mientras continúa marcando diferencias con la anterior administración de Joe Biden, cuyo enfoque fue más flexible y centrado en procesar individualmente los casos de asilo conforme a las normas internacionales.
A comienzos de este año, el Gobierno amplió el uso de este tipo de deportaciones expeditas a todo el territorio de EE.UU., abarcando ahora a cualquier inmigrante indocumentado que no pueda probar una residencia continua en el país por al menos dos años. Además, se instruyó a los jueces de inmigración a cerrar directamente los casos considerados “débilmente fundamentados”, incluso sin audiencias.
Ya se han reportado casos de personas con años de arraigo en EE.UU. que han recibido avisos oficiales informándoles que sus solicitudes de asilo han sido canceladas sin revisión sustantiva. Aunque no hay cifras exactas sobre cuántos han sido afectados, la preocupación entre defensores legales y comunidades migrantes va en aumento.
La política también ha generado críticas dentro del propio sistema. Aunque es común que se rechacen solicitudes, resulta excepcional que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) acepte inicialmente una petición para luego desecharla abruptamente sin proceso claro.
La comunidad migrante, especialmente aquellas personas con solicitudes pendientes, vive momentos de gran incertidumbre mientras se espera la ejecución oficial de esta nueva política y la reacción del sistema judicial estadounidense.
A diferencia de otros procedimientos migratorios, el asilo no solo ofrece protección inmediata, sino que puede representar una vía legítima hacia la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía. Por eso, organizaciones como el Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo han reaccionado con firmeza.
«El gobierno debería procesar las solicitudes de asilo, no rechazarlas. Todos los solicitantes de asilo deben tener la oportunidad de que se procese su caso de asilo. Estos son inmigrantes que han estado en los EE. UU. trabajando legalmente durante años y están contribuyendo a las comunidades locales en todo el país», señaló Conchita Cruz, codirectora de la entidad quien agregó que este tipo de acciones pone en riesgo no solo a los solicitantes, sino también a sus familias, empleadores y a los vecindarios que dependen de ellos.
