EE.UU. planea imponer un impuesto del 3.5% a las remesas: ¿A quién afecta?

El Congreso de Estados Unidos debate una controvertida medida incluida en el proyecto de ley apodado One Big Beautiful Bill, que propone aplicar un impuesto del 3.5% a las remesas internacionales enviadas desde el país por personas que no sean ciudadanos ni nacionales estadounidenses. La norma ha generado una ola de críticas dentro y fuera del país, principalmente por el impacto que podría tener sobre millones de familias inmigrantes y las economías de países receptores.

¿Cómo funcionaría el impuesto?

La propuesta establece que los servicios de envío de dinero —como Western Union, Remitly o MoneyGram— retendrían automáticamente el 3.5% del monto transferido si el remitente no puede demostrar su ciudadanía o nacionalidad estadounidense. En caso de ser ciudadano, el contribuyente tendría derecho a reclamar ese monto como crédito en su declaración de impuestos. Los no ciudadanos, por el contrario, no tendrían derecho a reembolso.

¿Quiénes se verían afectados?

El impuesto afectaría a millones de inmigrantes, incluidos:

• Indocumentados,
• Residentes permanentes legales (portadores de green card),
• Titulares de visas temporales como estudiantes o trabajadores.

Los ciudadanos estadounidenses estarían exentos, siempre que puedan validar su estatus mediante su número de Seguro Social u otros documentos.

¿Para qué se usará el dinero recaudado?

El objetivo principal, según los proponentes del proyecto, es financiar medidas de seguridad fronteriza y control migratorio. Parte de los ingresos se destinaría a:

• Ampliar el personal de Aduanas y Protección Fronteriza,
• Construcción o mejora de barreras fronterizas,
• Fortalecimiento de la vigilancia y tecnología en la frontera.

Se estima que la medida podría generar hasta 26 mil millones de dólares en una década. Sin embargo, expertos advierten que la evasión a través de canales informales o criptomonedas podría reducir considerablemente esta cifra.

Un impuesto con fines disuasorios

Más allá del objetivo fiscal, el proyecto busca también desincentivar la inmigración irregular, al dificultar el envío de dinero al extranjero por parte de personas sin estatus legal. “Si no tienen un número de Seguro Social válido, no deberían estar aquí ni enviar dinero libremente”, argumentan los impulsores de la ley.

Reacciones y consecuencias

El impuesto ha generado rechazo en amplios sectores:

• Organizaciones de derechos humanos lo califican como una penalización directa a los inmigrantes de bajos recursos.
• Gobiernos de países receptores de remesas, como México, El Salvador, Honduras, Filipinas e India, han expresado su preocupación por el efecto negativo que tendría sobre sus economías.
• Empresas de transferencia de dinero advierten que aumentará los costos de cumplimiento, y que podría empujar a millones de usuarios hacia métodos no regulados, como el uso de criptomonedas o envío de efectivo a través de intermediarios informales.

¿Qué sigue?

Aunque la Cámara de Representantes ya aprobó la medida en mayo de 2025, el Senado aún no ha dado luz verde definitiva. Algunos legisladores incluso han propuesto aumentar el impuesto al 5%, lo que ha intensificado el debate. De aprobarse, la nueva norma entraría en vigor el 1 de enero de 2026.