El gobierno de Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo bilateral con Ruanda que permitirá la deportación de hasta 250 inmigrantes considerados “peligrosos” o “no admisibles” bajo la legislación migratoria estadounidense. La medida representa un nuevo capítulo en la política de deportaciones a terceros países promovida por la actual administración del expresidente Donald Trump.
Según fuentes oficiales, el convenio permitirá enviar a Ruanda personas con órdenes finales de deportación que no pueden ser repatriadas a sus países de origen debido a la negativa de estos gobiernos a recibirlas, o por condiciones diplomáticas, humanitarias o legales que lo impiden. El acuerdo ha sido descrito como “selectivo y humanitario”, y contempla apoyo a los deportados una vez en territorio ruandés.
Evaluación caso por caso y condiciones de aceptación
El gobierno ruandés aclaró que no aceptará automáticamente a todos los inmigrantes que Estados Unidos le proponga. Cada caso será revisado individualmente, y se rechazará el ingreso de personas con procesos judiciales abiertos, condenas por crímenes graves, o antecedentes que comprometan la seguridad del país. La evaluación se realizará en coordinación con autoridades estadounidenses, y los deportados solo serán admitidos una vez aprobados por las autoridades migratorias de Ruanda.
Una vez en Ruanda, los inmigrantes tendrán acceso a servicios de salud, alojamiento, y programas de capacitación laboral e inserción social. Las autoridades ruandesas aseguran que el plan busca garantizar un reasentamiento digno, en un país que, pese a críticas internacionales por su situación de derechos humanos, ha mostrado en años recientes altos niveles de crecimiento económico y estabilidad interna.
Ruanda podría recibir hasta 250 deportados de EE.UU., según indicó a AP la portavoz gubernamental Yolande Makolo. No obstante, aclaró que el país se reserva el derecho de examinar y aprobar cada caso de forma individual. Makolo no precisó cuándo comenzará el proceso ni si los traslados se realizarán por etapas o en grupos.
Marco legal: fallo clave de la Corte Suprema
El acuerdo se hizo posible gracias a un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que en junio de 2025 revirtió una orden judicial federal que bloqueaba las deportaciones a terceros países no signatarios de la Convención de Refugiados o con historial cuestionado en materia de derechos humanos.
El máximo tribunal, con mayoría conservadora, argumentó que la política del Ejecutivo es legal siempre que se garantice la revisión individual de cada caso y no se viole el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe enviar a una persona a un país donde su vida o libertad estén en peligro.
Precedentes y críticas
Este tipo de acuerdo no es nuevo. En 2022, el Reino Unido firmó un pacto similar con Ruanda para el envío de solicitantes de asilo, lo que desató fuertes críticas de organismos internacionales como ACNUR y Amnistía Internacional. En el caso de Estados Unidos, ya se han explorado rutas de deportación hacia países como Sudán del Sur, México o Esuatini, especialmente para migrantes cuya repatriación directa resulta imposible.
Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la implementación de este nuevo plan, advirtiendo sobre los riesgos que enfrentan los deportados en países con sistemas judiciales débiles o donde podrían ser objeto de persecución. También han cuestionado la transparencia del acuerdo y la supervisión internacional de su ejecución.
El mes pasado, Estados Unidos trasladó a 13 hombres catalogados como criminales peligrosos a Sudán del Sur y Esuatini, luego de que sus países de origen se negaran a recibirlos. Entre los deportados se encontraban personas originarias de Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam.
Varios de los inmigrantes estuvieron retenidos por semanas en una base militar de Estados Unidos en Yibuti, donde se encontraban en un contenedor acondicionado como celda, a la espera de la resolución de un conflicto legal sobre sus expulsiones.
Las autoridades de Esuatini indicaron que los deportados estarán recluidos en aislamiento carcelario y sin acceso a defensa legal, situación que ha provocado demandas judiciales impulsadas por juristas de derechos humanos en esa nación africana, la única monarquía absoluta que queda en el continente.
Estados Unidos también ha trasladado a cientos de migrantes a países como Costa Rica, El Salvador y Panamá, así como a ciudadanos venezolanos, como parte del mismo programa promovido por Trump para expulsar a quienes califica como “los peores de los peores”, según recordó la agencia AP.
Implicaciones geopolíticas
Más allá del ámbito migratorio, el acuerdo fortalece los lazos diplomáticos entre Washington y Kigali, en un momento en que Ruanda busca consolidar su imagen internacional como socio confiable en temas de seguridad y desarrollo. Analistas señalan que el pacto podría estar vinculado a intereses estratégicos de Estados Unidos en el centro de África, particularmente en la región de los Grandes Lagos, donde Ruanda juega un papel clave en la estabilidad de la República Democrática del Congo.
Además, el pacto podría traducirse en beneficios económicos para Ruanda a través de asistencia financiera, cooperación técnica o acuerdos de inversión, similares a los ofrecidos en convenios anteriores con países receptores de deportados.
¿Quiénes podrían quedar deportados?
Aunque el gobierno no dijo la nacionalidad de los primeros inmigrantes que podrían se deportarán a Ruanda, se estima que muchos provienen de países que se han negado a recibir deportados, como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 42,000 cubanos tienen órdenes finales de deportación, pero La Habana ha rechazado su retorno en múltiples ocasiones, lo que ha obligado a las autoridades a buscar alternativas como esta.
La administración Trump ha enfatizado que el acuerdo busca “garantizar la seguridad nacional” y cerrar vacíos legales que permiten la permanencia de personas con historial delictivo o sin base legal para quedarse en el país.
Conclusión:
El acuerdo con Ruanda representa una evolución significativa en la política migratoria estadounidense, al formalizar deportaciones a terceros países bajo parámetros bilaterales. Aunque legalmente sustentado por la Corte Suprema, el pacto plantea interrogantes éticos y operativos sobre el destino final de los migrantes y el respeto a sus derechos fundamentales en los países receptores.
