Doctora cubana detenida por ICE deja a su bebé gravemente enferma y la familia reacciona

La detención de la doctora cubana Lázara Campos Cabrera, de 29 años, ha generado una ola de preocupación en Houston y dentro de la comunidad migrante cubana en Estados Unidos. Campos fue arrestada por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de presentarse voluntariamente a una cita migratoria que, según su familia, debía ser un trámite rutinario como los que había cumplido sin faltar desde su llegada al país en 2021 bajo un formulario I-220A.

El arresto, descrito por los allegados como “inesperado y sin justificación aparente”, ha profundizado temores entre miles de cubanos que mantienen procesos migratorios abiertos bajo supervisión de ICE. La familia asegura que Lázara no posee antecedentes penales, trabaja de manera estable y ha mostrado plena disposición de cooperar con las autoridades desde su arribo a EE. UU.

La vida de una bebé en riesgo: dos síndromes genéticos graves

El foco del drama humanitario recae sobre la hija de la doctora, una bebé de poco más de un año con dos diagnósticos extremadamente raros y severos: síndrome de Wolf-Hirschhorn y síndrome de Russell-Silver, alteraciones genéticas que afectan múltiples sistemas del organismo.

El primero compromete el desarrollo físico y neurológico, genera convulsiones frecuentes y provoca una fragilidad extrema en órganos vitales. El segundo afecta el crecimiento, la capacidad de alimentarse y la estabilidad metabólica, lo que obliga a cuidados constantes.

En consecuencia, la menor necesita ventilación asistida, alimentación por sonda, manejo profesional de equipos médicos y una supervisión que, hasta ahora, solo su madre sabía proporcionar debido a su preparación médica y a la experiencia adquirida en el tratamiento diario.

Los familiares subrayan que la ausencia de la doctora no solo representa un cambio emocional devastador para la bebé, sino un riesgo tangible para su vida. “Mi hija está separada de esta criatura que tiene tantas necesidades, y yo pido como madre, -Dios mío-, que llegue a alguien”, explicó la madre, quien también teme que el estrés y la falta de cuidados especializados desencadenen complicaciones graves.

De acuerdo con el testimonio de su prima, Lázara llegó a territorio estadounidense en 2021 tras un largo recorrido por la frontera sur. Al ser procesada, recibió un I-220A, un documento que aún no se reconoce como parole y que ha dejado a miles de cubanos atrapados en un limbo legal. Su familia asegura que ella cumplió rigurosamente con cada cita programada por ICE y que nunca ha tenido problemas con la justicia.

“Se graduó de médico en Cuba, estuvo intensamente vinculada en la etapa de la COVID-19. Decidió escapar de ese régimen. Creímos que aquí tendría oportunidades de estudiar y realmente no se le ha dado oportunidad en este país”, dice la prima.

La familia clama por una liberación humanitaria

Desde el momento del arresto, la familia ha solicitado que ICE reevalúe el caso bajo criterios humanitarios, una figura legal que permite la liberación de detenidos cuando existe riesgo para la vida o la integridad de terceros vulnerables, especialmente menores de edad. La bebé, con dos condiciones de alta complejidad médica, cumple ampliamente —según la familia y grupos de apoyo— los requisitos para una reconsideración urgente.

A pesar de ello, hasta ahora no se han dado a conocer declaraciones oficiales sobre si ICE analiza una posible liberación, ni sobre la ubicación exacta donde Campos permanece detenida. Esta falta de información ha aumentado la angustia de sus familiares, quienes han recurrido a la comunidad, redes sociales y organizaciones de inmigrantes para dar visibilidad al caso y presionar por una respuesta.

Un patrón alarmante: la incertidumbre para los portadores del formulario I-220A

El caso de Campos no es aislado. En los últimos meses, aumentan los reportes de migrantes —muchos de ellos cubanos— que han sido detenidos en citas rutinarias, pese a cumplir con todos los requerimientos de supervisión. El I-220A, también conocido como “orden de supervisión”, es un documento entregado por autoridades migratorias cuando liberan a un migrante mientras continúa su proceso en tribunales.

Sin embargo, este formulario no otorga estatus legal, ni protección contra deportación, y su interpretación ha varíado según administraciones y directrices internas. La actual ola de detenciones ha generado un profundo sentimiento de vulnerabilidad entre los portadores del formulario, quienes temen convertirse en el próximo caso sin previo aviso.

Abogados especializados han señalado que, si bien ICE posee la autoridad de detener nuevamente a cualquier individuo bajo orden de supervisión, también debe ponderar factores humanitarios, especialmente cuando existen niños dependientes de cuidados médicos complejos. La discrecionalidad de la agencia, en este sentido, se ha vuelto un punto crítico de debate entre defensores de inmigrantes.

Reacciones de la comunidad y llamados a la acción

La detención ha provocado una inmediata movilización en Houston y en redes sociales, donde miembros de la comunidad cubana exigen la liberación de la doctora. Grupos de activistas han iniciado campañas digitales y contactos con organizaciones de derechos civiles para solicitar intervención.

Varias voces señalan que este caso evidencia las consecuencias humanas de las decisiones migratorias, en especial para familias cuyos miembros enfrentan enfermedades graves. “Separar a una madre de una niña que requiere cuidados médicos continuos es una medida extrema que debe reevaluarse con urgencia”, expresaron miembros de una agrupación comunitaria local.

Mientras la presión aumenta, la bebé continúa recibiendo atención médica, pero sin la presencia de la persona que mejor conoce su condición y que es clave para su estabilidad: su madre.

Un caso que podría definir precedentes

La situación de Lázara Campos podría convertirse en un caso emblemático dentro del debate migratorio actual, especialmente en el análisis del uso del I-220A y de las detenciones basadas en criterios no transparentes. Para muchos, este episodio simboliza un choque entre la rigidez administrativa y la compleja realidad humana que viven miles de familias migrantes.

La familia, por su parte, mantiene la esperanza de que ICE conceda una liberación humanitaria inmediata, lo que le permitiría a la doctora retomar los cuidados esenciales de su hija y continuar su proceso migratorio en libertad.

El I-220A, conocido formalmente como Order of Release on Recognizance (Orden de Liberación Bajo Palabra), es un documento que entrega el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a ciertos migrantes cuando los libera de custodia mientras continúan sus procesos migratorios ante la corte. No es un permiso de entrada ni un estatus migratorio, sino una medida administrativa.

A diferencia del parole —que sí otorga un estatus temporal y beneficios específicos— el I-220A no concede derechos, no protege contra una futura detención y no garantiza permisos de trabajo. Funciona como una supervisión: la persona queda obligada a cumplir con citas, reportarse periódicamente y mantener actualizado su domicilio.

Miles de cubanos recibieron un I-220A en los últimos años, especialmente durante periodos de alta migración marítima y fronteriza. Sin embargo, este documento se ha convertido en un foco de incertidumbre, ya que ICE mantiene la facultad de detener nuevamente al portador en cualquier momento, incluso si ha cumplido estrictamente con todas las citas, como ocurrió con la doctora cubana en Houston.

En el contexto de personas con familiares gravemente enfermos —especialmente menores dependientes de cuidados constantes— los abogados suelen solicitar liberación humanitaria, una figura que permite a ICE ejercer discreción para no mantener bajo custodia a individuos cuya ausencia pueda causar daños irreparables. Este es, precisamente, el argumento que la familia de Campos intenta llevar ante las autoridades.