El Departamento de Seguridad Nacional (DHS ha presentado una solicitud al Pentágono para desplegar aproximadamente 20,000 tropas de la Guardia Nacional con el fin de asistir en la aplicación de las políticas migratorias en la frontera sur de Estados Unidos. Esta petición, que podría marcar un precedente histórico, surge en un momento en que los cruces ilegales en la frontera han alcanzado niveles históricamente bajos, gracias a las intensificadas medidas de control implementadas durante la administración del presidente Donald Trump.
Según reportes de The New York Times, que citan a dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, el DHS está revisando la posibilidad de que la Guardia Nacional desempeñe un papel más activo en la aplicación de la ley migratoria, una función que hasta ahora no había sido encomendada oficialmente a esta fuerza.
La propuesta se encuentra bajo revisión por parte del Departamento de Defensa (DoD), y de ser aprobada, sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que las tropas de la Guardia Nacional se utilizan para hacer cumplir directamente las políticas de inmigración.
Actualmente, miles de miembros del personal militar estadounidense ya están desplegados en la frontera sur, donde los cruces ilegales han disminuido drásticamente. De acuerdo con informes de la Patrulla Fronteriza, durante el mes de marzo se registró una reducción del 95% en comparación con el mismo período del año anterior, un descenso que se atribuye en gran medida a las políticas y operativos más estrictos implementados por la administración Trump.
Tradicionalmente, las tropas de la Guardia Nacional han servido como apoyo logístico y en la recopilación de inteligencia para las autoridades federales en la frontera, pero no han tenido un rol activo en la aplicación directa de la ley migratoria. Un funcionario del DoD confirmó a The New York Times que, de aprobarse esta solicitud, sería la primera vez que la Guardia Nacional participaría en tareas de cumplimiento migratorio de manera directa.
El plan para utilizar tropas de la Guardia Nacional en la aplicación de la ley migratoria refleja un enfoque más agresivo por parte de la administración Trump para acelerar las deportaciones y arrestos de inmigrantes. El presidente ha prometido tanto antes como después de las elecciones llevar a cabo la operación más grande en la historia de EE.UU. lo que requerirá una ampliación significativa de recursos y herramientas disponibles para las agencias encargadas.
Para cumplir con estos objetivos la administración ha llevado a cabo movimientos estratégicos para asignar agentes y oficiales de diferentes entidades federales. incluyendo al Departamento de Justicia. Recientemente, se informó que alrededor de 2,000 agentes han sido trasladados desde agencias como el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Agencia Antidrogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), con el fin de reforzar las operaciones de inmigración.
El despliegue propuesto de tropas de la Guardia Nacional para tareas de aplicación directa de la ley migratoria ha generado preocupación entre abogados y defensores de los derechos civiles. Estos expertos argumentan que el uso de fuerzas militares para efectuar arrestos civiles podría ser inconstitucional y plantearía serios riesgos para las libertades civiles y los derechos humanos de los inmigrantes.
La Constitución de Estados Unidos establece límites claros sobre el papel del ejército en asuntos civiles, y la utilización de tropas para hacer cumplir leyes migratorias representa una línea que muchos consideran peligrosa cruzar. La preocupación se centra en la posibilidad de abusos de poder y en la erosión de las garantías legales que protegen a las personas, independientemente de su estatus migratorio.
La Marina ha intensificado su respaldo en la zona limítrofe. El miércoles, el almirante James Kilby, quien dirige temporalmente las operaciones navales, informó al Congreso que están llevando a cabo vuelos de vigilancia con aviones P-8, junto con el despliegue de dos destructores navales y un buque de combate litoral en el marco de esta acción.
Tricia McLaughlin, quien ocupa el cargo de subsecretaria de relaciones públicas en el DHS, validó la petición del departamento para incorporar a 20.000 integrantes de la Guardia Nacional. «El Departamento de Seguridad Nacional utilizará todas las herramientas y recursos disponibles para sacar de nuestro país a los extranjeros ilegales criminales, incluidos pandilleros, asesinos, pedófilos y otros criminales violentos», reveló McLaughlin en un comunicado recientemente.
