DHS está reactivando procesos de inmigración que se cerraron hace años con el presunto objetivo de aumentar las deportaciones planificadas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha lanzado una ofensiva legal que amenaza con cambiar drásticamente la situación migratoria de miles de personas que viven desde hace años en Estados Unidos. Según abogados y organizaciones de derechos humanos, la agencia está reabriendo casos de inmigración que habían sido cerrados administrativamente, algunos archivados hace más de una década, con el objetivo de devolverlos al calendario judicial y facilitar la emisión de órdenes de deportación.

La medida, aplicada principalmente a través de la Oficina del Asesor Jurídico Principal de ICE (OPLA), ha provocado un notable aumento en el volumen de mociones para “recalendario” que llegan a los jueces de inmigración. En ciudades como Houston, defensores reportan que, si antes recibían uno o dos de estos pedidos al año, ahora enfrentan entre cuatro y cinco cada semana.

Antecedentes: una práctica legal en disputa

El cierre administrativo de casos era una herramienta utilizada por los jueces de inmigración para suspender temporalmente un proceso, generalmente por razones humanitarias o prácticas. Esto permitía a los inmigrantes resolver trámites paralelos como solicitudes de asilo, visas familiares, perdones o procesos ante otras agencias. También servía para descongestionar los tribunales, que actualmente arrastran un retraso histórico de más de 3 millones de casos.

Bajo la administración Obama, esta figura se aplicó de manera más frecuente, especialmente para priorizar recursos en casos considerados de “alta prioridad” (como antecedentes penales graves o riesgos de seguridad). Sin embargo, durante el gobierno de Donald Trump, el entonces Fiscal General Jeff Sessions limitó drásticamente su uso, ordenando que se redujera la discrecionalidad judicial para cerrar casos.

Con la llegada de Joe Biden, el cierre administrativo recuperó cierto terreno como herramienta para gestionar el colapso de las cortes migratorias. No obstante, en abril de 2025, un memorando interno del DHS volvió a poner en entredicho esta práctica, calificándola de “obstáculo” para las deportaciones y alentando a los abogados del gobierno a solicitar la reapertura de expedientes.

«Han pasado 10 años y de repente nuestras vidas están en suspenso nuevamente, a merced de estas personas que piensan que no tengo derecho a estar aquí», manifestó a LA Times Adán Rico, un joven de 29 años beneficiario de DACA y que ha renovado sus documentos en cuatro ocasiones y que ahora vive en una incertidumbre puesto que su abogado falleció.

«Si no fuera por la llamada de su hija, nunca me habría enterado de que mi caso fue reabierto. El Departamento de Seguridad Nacional nunca me envió nada», lamentó.

Helario Romero Arciniega es otro perjudicado puesto que hace siete años un juez cerró su caso de deportación cuando quedó herido con un rociador de metal y aplicó para una visa de víctimas de delitos. El presente año los funcionarios gubernamentales presentaron una moción para reabrir su caso sin conocer que el hombre ya falleció hace seis meses.

«No hacen su tarea. Son muy negligentes en la forma en que manejan estas mociones para volver a programar», dijo Patricia Corrales representante legal de Romero Arciniega y Rico.

Una reapertura con alto impacto humano

Para miles de inmigrantes, muchos de ellos con décadas viviendo en EE.UU., esta política significa revivir un proceso judicial que creían cerrado de forma definitiva. Algunos han formado familias, adquirido propiedades, pagado impuestos y construido una vida estable. La reapertura de sus casos los coloca nuevamente en riesgo inminente de deportación, incluso cuando tienen solicitudes legales en curso.

Abogados advierten que esto genera una situación de doble amenaza: por un lado, el sistema judicial migratorio ya está saturado; por otro, las audiencias rápidas y la carga excesiva de trabajo podrían reducir las posibilidades de una defensa adecuada. “Es una estrategia para saturar el sistema y limitar el tiempo que cada inmigrante tiene para defenderse”, señaló un representante legal en Texas.

Objetivos políticos y presión por cifras

Expertos en políticas migratorias interpretan este giro como parte de un esfuerzo más amplio para cumplir metas de deportación y proyectar una imagen de “mano dura” frente a la inmigración. En un contexto electoral, las cifras de expulsiones se convierten en un arma política tanto para demostrar eficacia como para enviar un mensaje disuasorio a potenciales migrantes.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que la medida prioriza las estadísticas por encima de la justicia individual y que, en muchos casos, las personas afectadas no representan un riesgo para la seguridad nacional.

El papel de los jueces y la resistencia legal

Si bien el DHS impulsa estas mociones de forma sistemática, la ley establece que los jueces de inmigración no pueden reabrir automáticamente un caso. Deben evaluar factores como el tiempo transcurrido, la conducta del inmigrante, sus lazos familiares y el impacto humanitario. Sin embargo, defensores denuncian que, en la práctica, estos criterios no siempre se aplican de manera rigurosa.

El Immigrant Legal Resource Center (ILRC) y otras entidades han comenzado a difundir guías para que los abogados puedan oponerse a las mociones de recalendar, subrayando que existen fundamentos legales para impedir reaperturas arbitrarias.

Comunidades en alerta

En barrios con alta población inmigrante, como partes de Houston, Los Ángeles, Nueva York y Miami, la noticia ha generado un clima de temor. Familias que llevaban años sin contacto con el sistema judicial migratorio ahora buscan asesoría urgente para prepararse ante una posible citación.

“Es como si hubieran encendido una máquina del tiempo para devolver a miles de personas a una etapa de sus vidas que creían superada”, expresó una activista comunitaria en California.

Un panorama incierto

La magnitud de este esfuerzo del DHS aún está por medirse, pero abogados anticipan que podría involucrar decenas de miles de casos en todo el país. La pregunta que queda en el aire es si esta política resistirá impugnaciones legales masivas y si, a la larga, el sistema judicial podrá absorber el impacto sin colapsar aún más.

Mientras tanto, el mensaje para los inmigrantes con casos cerrados administrativamente es claro: verificar su estatus, buscar asesoría y estar preparados para una posible reactivación de su expediente.