El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) está ajustando su estrategia de control migratorio para priorizar el arresto de inmigrantes indocumentados con antecedentes de delitos graves, en un contexto marcado por un creciente rechazo de la opinión pública a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo con reportes citados por medios nacionales.
El cambio representa una modificación relevante en la forma en que se ejecutan las operaciones migratorias, con un menor énfasis en redadas masivas y altamente visibles, y una mayor concentración en arrestos selectivos dirigidos a personas consideradas una amenaza para la seguridad pública. Esta redefinición ocurre en un momento de alta sensibilidad política y social, cuando la inmigración vuelve a ocupar un lugar central en el debate nacional.
De las redadas masivas a los arrestos focalizados
Según las fuentes citadas, el DHS busca reducir operativos amplios realizados en espacios públicos, centros comerciales y lugares de trabajo, acciones que en los últimos meses generaron temor en comunidades inmigrantes y fuertes críticas por parte de líderes locales, alcaldes y organizaciones civiles.
La nueva estrategia apunta a concentrar recursos en la identificación y detención de inmigrantes con condenas por delitos violentos u otras infracciones consideradas graves. Funcionarios del área sostienen que este enfoque permitiría mejorar la eficiencia operativa y reforzar el mensaje de que la política migratoria prioriza la seguridad pública, aunque críticos advierten que la implementación real no siempre coincide con los lineamientos anunciados.
Seguridad, cálculo político y control del desgaste
Analistas señalan que el giro estratégico responde tanto a consideraciones de seguridad como a un intento de limitar el desgaste político provocado por imágenes de redadas masivas y detenciones de trabajadores sin antecedentes criminales. Estas escenas han tenido un impacto significativo en la percepción pública, especialmente entre votantes independientes y moderados.
En este contexto, el énfasis en delitos graves busca reencuadrar el debate migratorio, alejándolo de la idea de persecución indiscriminada y acercándolo a un discurso centrado en el orden público, sin renunciar al cumplimiento estricto de la ley migratoria.
El peso de las encuestas y la oposición ciudadana
El reajuste del DHS coincide con encuestas que muestran que millones de estadounidenses se oponen a las redadas de ICE y a las operaciones migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Diversos sondeos nacionales reflejan que una parte significativa de la población considera que estas acciones son excesivamente agresivas y no distinguen adecuadamente entre inmigrantes con antecedentes criminales y aquellos que llevan años residiendo en el país sin historial delictivo.
Por ejemplo, un sondeo del Public Religion Research Institute dado a conocer a inicios de esta semana evidenció un marcado retroceso en la percepción pública sobre la política migratoria de Donald Trump: el nivel de aprobación descendió del 42 % registrado en marzo a apenas un 33 % en la medición más reciente.
Por otro lado, un sondeo realizado por YouGov el mes pasado puso de manifiesto un amplio rechazo entre la ciudadanía estadounidense a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, asociadas a la ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump.
Los estudios también revelan una oposición mayoritaria a las redadas en lugares de trabajo y espacios públicos, así como una preocupación creciente por la separación de familias, el impacto en la economía local y el clima de temor que se genera en comunidades con alta presencia migrante. Este rechazo ha ido en aumento incluso entre sectores tradicionalmente más favorables a políticas migratorias estrictas.
Impacto en Florida y el sur de Florida
Florida se ha convertido en uno de los epicentros del debate migratorio debido a su gran población inmigrante y a la intensidad de las operaciones de ICE en los últimos años. En el sur del estado, especialmente en el área metropolitana de Miami, las redadas y arrestos migratorios han tenido un impacto directo en comunidades de origen latino y caribeño, incluyendo cubanos, venezolanos, nicaragüenses, haitianos y centroamericanos.
Organizaciones comunitarias y líderes locales han advertido que las operaciones migratorias han generado un clima de incertidumbre que afecta no solo a personas indocumentadas, sino también a residentes legales y ciudadanos estadounidenses que viven en hogares de estatus mixto. Este temor ha tenido efectos visibles en la asistencia escolar, el acceso a servicios de salud y la disposición de testigos a colaborar con las autoridades locales.
Desde el punto de vista económico, sectores clave del sur de Florida como la construcción, la hostelería, la agricultura y los servicios han señalado dificultades para mantener su fuerza laboral, en medio de la percepción de riesgo entre trabajadores inmigrantes. Empresarios y cámaras locales han expresado preocupación por el impacto que una aplicación migratoria agresiva puede tener en la estabilidad del mercado laboral regional.
En el ámbito político, el tema ha generado tensiones entre gobiernos locales y autoridades federales. Aunque Florida mantiene una postura estatal alineada con políticas migratorias estrictas, varios funcionarios municipales del sur del estado han abogado por enfoques que eviten afectar a residentes sin antecedentes criminales y que preserven la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden.
Liderazgo operativo y nueva coordinación federal
La implementación del nuevo enfoque estará bajo la supervisión de altos mandos de la Patrulla Fronteriza, entre ellos Gregory Bovino, quien tendría un rol clave en la coordinación de equipos especializados encargados de ejecutar arrestos selectivos. La estrategia contempla una mayor coordinación interagencial y un uso más intensivo de inteligencia e investigaciones previas a las detenciones.
Hasta ahora, el DHS no ha precisado cómo este cambio afectará el número total de arrestos o deportaciones, aunque se anticipa una redistribución de recursos que podría alterar la dinámica de las operaciones en estados con alta actividad migratoria, como Florida.
Un debate que sigue abierto
Mientras sectores conservadores insisten en que el ajuste no debe interpretarse como una flexibilización de la política migratoria, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes mantienen una postura cautelosa y exigen mayor transparencia y supervisión de las operaciones de ICE.
El rediseño de la estrategia migratoria del DHS refleja la complejidad de un debate que combina seguridad, economía, política y percepción pública, y que continúa teniendo un impacto profundo en estados como Florida y, en particular, en el sur del estado, donde la inmigración forma parte central del tejido social y económico.
