DHS arma su propia flota para deportaciones masivas: seis Boeing 737 al servicio de ICE

En un giro contundente dentro de la política migratoria de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la compra de seis aviones Boeing 737 que serán utilizados exclusivamente por Immigration and Customs Enforcement (ICE) para operaciones de deportación.

La decisión, valorada en aproximadamente 140 millones de dólares y adjudicada a la empresa Daedalus Aviation, marca la primera vez que el gobierno federal conforma una flota aérea propia destinada a expulsiones masivas de inmigrantes indocumentados. Se trata de un paso estratégico que fortalece la autonomía operativa del gobierno en medio de un año de cifras récord en deportaciones.

Una nueva era en la logística de deportaciones

Durante décadas, ICE dependió casi por completo de vuelos chárter privados para transportar personas con órdenes de expulsión hacia sus países de origen. Este modelo operativo generaba fluctuaciones en costos, demoras en la disponibilidad de aeronaves y restricciones para ejecutar rutas en momentos de alta demanda migratoria.

La nueva flota de Boeing 737 busca corregir esas dificultades, otorgando a la agencia mayor control sobre sus operaciones, más flexibilidad para programar vuelos y una capacidad ampliada para responder a un escenario migratorio que se ha intensificado en los últimos años.

El DHS sostiene que esta transición permitirá un ahorro aproximado de 279 millones de dólares en el mediano plazo, al reducir la dependencia de proveedores privados y centralizar la gestión de vuelos bajo supervisión federal. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida como una “modernización necesaria” del sistema migratorio, alineada con la estrategia de la administración Trump de reforzar la seguridad fronteriza e incrementar el número de deportaciones.

El presupuesto para esta ambiciosa adquisición nace del llamado “Proyecto de Ley Único y Grande”, una iniciativa legislativa que libera 350.000 millones de dólares para fortalecer el control fronterizo y la seguridad nacional. Dentro de ese gigantesco desembolso también se incluyen fondos destinados a ampliar y agilizar las operaciones de deportación en todo el país.

«El presidente Trump y @Sec_Noem estamos comprometidos a sacar rápida y eficientemente a los inmigrantes ilegales criminales de nuestro país», dijo en su cuenta de X, Tricia McLaughlin. portavoz del DHS.

Cifras récord y una infraestructura que se expande

El anuncio llega en un momento en que Estados Unidos registra uno de los mayores niveles de deportaciones en su historia reciente. En 2025, ICE ha ejecutado miles de vuelos hacia América Latina, el Caribe, África y otras regiones, impulsado por políticas que priorizan la remoción acelerada de inmigrantes indocumentados. Las autoridades han señalado en reiteradas ocasiones que la falta de capacidad aérea representa uno de los principales obstáculos para implementar a plenitud las órdenes de expulsión.

De acuerdo con ICE Flight Monitor de Human Rigths First la inmensa mayoría de los vuelos vinculados a la ejecución de las leyes migratorias en Estados Unidos son operados por ICE Air Operations (IAO). Sin embargo, esta unidad no dispone de aeronaves propias; en su lugar, externaliza todo el servicio a la empresa CSI Aviation, que posteriormente distribuye las tareas entre distintas aerolíneas.

Entre las aerolíneas involucradas en estas operaciones figuran GlobalX, Eastern Air Express, Avelo Airlines, World Atlantic (Caribbean Sun), Eastern Air, OMNI Air, Kaiser y Key Lime Air. Durante la administración Trump, ICE Air llevó a cabo al menos 9.730 vuelos chárter, una cifra que abarca misiones de deportación, retornos asistidos y múltiples traslados dentro del territorio estadounidense.

La nueva flota permitirá una programación más constante y eficiente de vuelos, lo que podría reducir significativamente los tiempos de espera entre detención y traslado. Además, facilitará la ejecución de operativos de gran escala, una característica que, según expertos, se convertirá en una pieza central del sistema migratorio en los próximos años.

Reacciones divididas ante una medida histórica

La adquisición de los Boeing 737 ha provocado reacciones contrastantes en todo el país. Para la administración federal, la nueva flota otorga independencia operativa, mayor seguridad y eficiencia financiera. Funcionarios argumentan que la supervisión interna de la flota permitirá un mejor control sobre el mantenimiento, el entrenamiento del personal y la estandarización de los procedimientos durante los vuelos de deportación.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado profundas preocupaciones. Temen que una flota estatal dedicada exclusivamente a deportaciones facilite procesos acelerados que no garanticen el debido proceso y que disminuyan la transparencia en la ejecución de las operaciones. También advierten que la expansión aérea podría derivar en un aumento de las redadas en comunidades vulnerables, afectando a familias mixtas y a personas con casos migratorios aún pendientes en los tribunales.

Impacto en comunidades latinas y en estados como Florida

La medida tendrá implicaciones directas en regiones con alta concentración de inmigrantes, especialmente en estados como Florida, Texas, California y Nueva York. En el sur de Florida, ICE ha intensificado sus operativos en los últimos meses, realizando detenciones en áreas como Miami-Dade, Broward, Homestead, Hialeah y Doral.

La creación de esta flota podría incrementar la frecuencia de los traslados y reducir el tiempo de reacción de las familias para buscar asistencia legal, generando un ambiente de ansiedad y temor entre quienes carecen de estatus migratorio estable.

En un estado políticamente decisivo como Florida, donde el debate sobre inmigración ocupa un lugar central en la agenda pública, esta iniciativa podría profundizar las divisiones y fortalecer el apoyo de sectores conservadores que respaldan políticas migratorias estrictas. A la vez, intensificará la movilización de organizaciones comunitarias que buscan brindar asesoría y protección a inmigrantes en riesgo de deportación.

Un movimiento político que redefine la narrativa migratoria

La compra de los Boeing 737 tiene un evidente trasfondo político. Bajo el liderazgo de Kristi Noem y la administración Trump, el gobierno federal avanza hacia un sistema migratorio más robusto, con mayor infraestructura propia y menos dependencia de actores externos. Esta decisión envía un mensaje claro sobre la intención de consolidar un aparato migratorio capaz de ejecutar deportaciones masivas sin limitaciones logísticas.

Para los analistas, este movimiento responde a una estrategia orientada a reforzar la narrativa de orden, control y seguridad que la administración busca proyectar. En un país polarizado por el debate migratorio y con ciudades enfrentando presión por el aumento de llegadas de migrantes, esta flota aérea representa un símbolo del poder estatal para actuar con rapidez y contundencia.

Lo que viene: una transformación profunda en el sistema de deportaciones

La incorporación de los nuevos aviones podría transformar de manera estructural el funcionamiento de ICE. La agencia dispondrá de mayor capacidad para realizar vuelos frecuentes, programar rutas hacia países con acuerdos de repatriación activos y ejecutar operaciones de manera más rápida y coordinada. Esto podría traducirse en un incremento sostenido de deportaciones, en especial para personas con órdenes finales o antecedentes penales.

Expertos señalan que esta infraestructura podría expandirse en el futuro si los resultados financieros y operativos cumplen con las expectativas del DHS. No obstante, las críticas de organizaciones de derechos humanos anticipan que continuará el debate sobre los límites éticos, legales y humanitarios de un sistema centrado en la remoción acelerada.