Unos 200 marines del Marine Wing Support Squadron 272, provenientes de Carolina del Norte, han sido desplegados en el sur de Florida para brindar apoyo logístico y administrativo a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Así lo confirmó el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), en lo que representa la primera fase de un operativo más amplio para reforzar las capacidades del organismo migratorio en varios estados.
La medida surge tras una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizada el pasado 9 de mayo, buscando aliviar la presión sobre los agentes de ICE ante el aumento sostenido de operaciones migratorias y el flujo de personas en custodia.
“Los efectivos se dedicarán a tareas de apoyo, como coordinación de transporte y gestión de datos. No estarán involucrados en detenciones ni en contacto directo con personas bajo custodia,” aclararon voceros militares, subrayando que el despliegue se rige por la autoridad del Título 10, que prohíbe a las fuerzas armadas participar en labores de aplicación de la ley civil, conforme al Acta de Posse Comitatus.
El envío de marines a Florida forma parte de un contingente mayor que podría incluir hasta 700 miembros de distintas ramas militares, entre personal activo, de la Guardia Nacional y reservistas. Además de Florida, se prevén despliegues en estados como Texas y Louisiana.
El uso de personal militar para asistir a ICE ha generado controversia en el pasado, especialmente en California, donde se registraron protestas y desafíos legales por considerar que la presencia de tropas contribuía a la “militarización” de las políticas migratorias. Aunque la misión actual tiene fines estrictamente logísticos, defensores de los derechos de los migrantes advierten sobre el impacto simbólico y social de la presencia castrense en contextos migratorios.
Autoridades federales, por su parte, defienden la medida como necesaria para permitir que los agentes de ICE se concentren en sus tareas principales, mientras el personal militar asume funciones de apoyo no vinculadas directamente con la custodia de migrantes. Aproximadamente 100 miembros de la Guardia Nacional se asignaron al polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz. De acuerdo con la vocera de la Guardia nacional de Florida, Brittianie Funderburk estos efectivos tendrán la misión de custodiar el centro a pesar de la barrera de fauna y flora con el que cuenta.
Este nuevo despliegue se da en un momento en que el gobierno estadounidense enfrenta intensos desafíos en materia migratoria, con cifras récord de cruces fronterizos y un sistema de detención bajo creciente presión.
El Acta de Posse Comitatus es una ley federal de Estados Unidos, promulgada en 1878, que prohíbe al Ejército y a la Fuerza Aérea participar directamente en actividades de aplicación de la ley dentro del territorio estadounidense, salvo que lo autorice expresamente la Constitución o el Congreso.
Su objetivo es mantener la separación entre las fuerzas armadas y las funciones civiles, garantizando que los militares no actúen como policía, agentes migratorios o autoridades judiciales en suelo estadounidense. Esto significa, por ejemplo, que no pueden detener personas, realizar arrestos, ejecutar órdenes judiciales o recolectar evidencia para investigaciones penales.
Aunque originalmente solo se aplicaba al Ejército y la Fuerza Aérea, políticas posteriores extendieron restricciones similares a la Marina y al Cuerpo de Marines, aunque no siempre de manera idéntica en términos legales. Sin embargo, El Congreso puede aprobar leyes específicas que autoricen el uso de militares en tareas civiles (por ejemplo, en casos de insurrección, terrorismo o catástrofes naturales). Los militares sí pueden desempeñar funciones de apoyo (como logística, transporte, construcción de infraestructura o labores administrativas), siempre y cuando no participen directamente en la aplicación de la ley.
En el contexto actual, esto explica por qué los marines desplegados en Florida para ayudar a ICE solo pueden cumplir tareas logísticas o administrativas, y no pueden involucrarse en detenciones ni en contacto directo con migrantes bajo custodia.
