El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que alrededor de 1.6 millones de personas que vivían sin estatus legal en Estados Unidos habrían abandonado el país voluntariamente desde mediados de 2025, mientras que otras 500 000 fueron detenidas y deportadas mediante procedimientos formales. La información, revelada por ABC News, marca una de las mayores cifras reportadas en décadas y refuerza la estrategia migratoria de línea dura impulsada por la administración de Donald Trump.
Un programa de autodeportación con incentivos económicos
La subsecretaria de asuntos públicos del DHS, Tricia McLaughlin explicó la institución ha lanzado un programa de autodeportación voluntaria que ofrece 1 000 dólares en efectivo y un boleto aéreo gratuito a los inmigrantes que decidan registrarse para regresar a su país de origen.
El gobierno afirma haber invertido millones de dólares en campañas publicitarias —en inglés y español— difundidas en redes sociales, televisión y estaciones de radio en ciudades con alta población inmigrante. Los anuncios presentan el programa como una “oportunidad para salir sin consecuencias legales ni detención prolongada”.
Según Tricia McLaughlin, la medida forma parte de un esfuerzo más amplio por “restaurar el orden migratorio” y reducir la carga del sistema judicial y penitenciario. «El presidente Trump y la secretaria Noem han puesto en marcha una agencia que estuvo paralizada y se le prohibió hacer su trabajo durante los últimos cuatro años», declaró McLaughlin.
“Salgan ahora o enfrenten las consecuencias”
El lema oficial del programa —difundido incluso en plataformas internacionales— es una advertencia directa: “Salgan ahora o enfrenten las consecuencias”. El DHS sostiene que esta retórica disuasoria ha tenido efectos inmediatos, al punto de reducir drásticamente los flujos migratorios en el continente.
Según la agencia, el tránsito de personas a través de la Selva del Darién, una de las rutas más peligrosas entre Colombia y Panamá, se ha desplomado en 99.99 %, atribuido al temor a ser detenidos o a la percepción de que el gobierno estadounidense está actuando con mayor severidad.
«Ante un número histórico de órdenes judiciales de jueces activistas y amenazas a las fuerzas del orden, el DHS, ICE y CBP no solo han cerrado la frontera, sino que han logrado avances históricos para llevar a cabo la promesa del presidente Trump de arrestar y deportar a los extranjeros ilegales que han invadido nuestro país», explicó la funcionaria.
Reacciones encontradas: elogios conservadores y críticas humanitarias
La Casa Blanca y líderes republicanos han celebrado la política como una “victoria histórica en materia migratoria”. En redes sociales, el presidente Donald Trump aseguró que “el mensaje es claro: si no tienen estatus legal, deben irse, y lo están haciendo por millones”.
Sin embargo, grupos de derechos civiles y organizaciones proinmigrantes han cuestionado la veracidad de las cifras y la falta de transparencia del programa. Señalan que el DHS no ha explicado cómo contabiliza las autodeportaciones ni cuántos fondos se han utilizado para los incentivos.
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) advirtió que el programa podría constituir una forma de “coerción encubierta”, en la que personas sin asesoría legal adecuada se ven presionadas a abandonar el país bajo amenazas de detención o deportación forzada.
“Llamar ‘voluntaria’ a una decisión tomada por miedo no es voluntaria en absoluto”, dijo la abogada migratoria María Gómez, radicada en Miami. “Estamos viendo familias que se separan, padres que entregan sus documentos sin comprender las consecuencias legales a largo plazo”.
Reemplazo de ICE y redadas internas
El anuncio ocurre pocos días después de que el gobierno confirmara que agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) sustituirán progresivamente a los oficiales de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) en las operaciones de arresto dentro del territorio estadounidense.
El cambio responde, según el DHS, a la necesidad de “una estructura más eficiente” y a la “expansión de la autoridad operativa” de la Patrulla Fronteriza. No obstante, defensores de los inmigrantes alertan que esto podría aumentar el número de redadas masivas y detenciones sin orden judicial, especialmente en lugares de trabajo, terminales de transporte y zonas residenciales.
Un contexto de endurecimiento migratorio
Desde que Trump regresó al poder en 2025, su administración ha revertido gran parte de las políticas humanitarias implementadas bajo Biden, reinstaurando prácticas como la detención prolongada de solicitantes de asilo, la deportación acelerada y el uso del ejército en apoyo logístico en la frontera sur.
También se ha reactivado el polémico programa de “Permanecer en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos fuera del territorio estadounidense.
Paralelamente, el Congreso, de mayoría republicana, analiza un proyecto de ley que limitaría las protecciones de asilo y aumentaría las penas por reingreso ilegal.
Debate político en Washington
El anuncio del DHS ha generado división entre republicanos y demócratas. Mientras los primeros lo presentan como prueba del éxito de una política “de resultados”, la oposición acusa al gobierno de maquillar cifras y utilizar el tema migratorio como instrumento electoral.
El senador demócrata Alex Padilla, de California, afirmó que “la administración está construyendo una narrativa de miedo y manipulación” para justificar una agenda que “desmantela las protecciones básicas del debido proceso”.
Por su parte, el congresista republicano Matt Gaetz celebró las cifras: “Por fin un gobierno que pone a los estadounidenses primero. Cualquiera que haya violado nuestras leyes debe irse, y si lo hace sin costo para el Estado, mejor aún”.
Impacto en comunidades locales y clima de temor
En ciudades con gran población inmigrante como Miami, Los Ángeles y Houston, abogados y activistas reportan un aumento en las consultas legales, renuncias laborales y traslados voluntarios de familias temerosas de ser detenidas.
“Muchos padres están sacando a sus hijos de las escuelas y vendiendo pertenencias para regresar a sus países antes de que los arresten”, señaló José Martínez, director de la organización Amigos del Migrante en Florida. “Es una atmósfera de miedo, y eso no siempre significa que las personas estén actuando por voluntad propia”.
Un cierre aún incierto
Pese al aparente descenso en los cruces fronterizos y las deportaciones masivas, expertos señalan que los efectos a largo plazo del programa son inciertos. La falta de datos verificables, los cuestionamientos sobre legalidad y la posibilidad de abusos administrativos podrían convertir este episodio en uno de los más controvertidos de la política migratoria moderna.
El DHS ha prometido publicar un informe completo a finales de año, con estadísticas detalladas y auditorías independientes. Mientras tanto, la cifra de 1.6 millones de autodeportados continúa generando escepticismo y debate dentro y fuera del país.
