Denuncian presencia en EE.UU de exteniente coronel del MININT que dirigió golpizas y torturas en cárceles cubanas

Un alto exfuncionario del sistema penitenciario cubano, señalado durante años por su presunto involucramiento en actos de represión, tortura y abuso contra presos políticos, reside actualmente en Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario. La noticia ha generado una ola de indignación entre activistas de derechos humanos, líderes del exilio cubano y víctimas directas de sus acciones, quienes exigen su inmediata deportación y procesamiento penal.

Jorge Luis Vega García, exteniente coronel del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba, ingresó a territorio estadounidense el 20 de enero de 2024 a través del aeropuerto de Tampa, amparado por el programa humanitario lanzado por la administración Biden. Lo hizo junto a su esposa e hijo menor, y actualmente se encuentra a la espera de la residencia permanente bajo los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano.

Un pasado marcado por denuncias de tortura

Vega García fue jefe de dos de las cárceles más temidas de Cuba: “Agüica” y “Canaleta”, ambas situadas en la provincia de Matanzas. En esos centros penitenciarios —donde eran enviados numerosos opositores al régimen— se le conocía con el apodo de “Veguita”, y su nombre se asocia a una larga lista de abusos contra los derechos humanos.

Testimonios de expresos políticos como Benito Ortega Suárez, Fidel Suárez Cruz, Blas Giraldo Reyes y Pablo Pacheco Ávila describen un patrón sistemático de maltratos físicos, torturas psicológicas, uso prolongado de celdas de aislamiento, golpizas colectivas y violencia durante las visitas familiares. Las denuncias señalan que Vega encabezaba personalmente estas acciones, las ordenaba o permitía con total impunidad.

“Fue entrenado por Emilio Cruz, el mayor sicario de la prisión de Agüica. Era frío, metódico, represivo. Comandaba destacamentos con presos comunes para provocarnos, robarnos nuestras cosas y encerrarnos por cualquier motivo”, denunció Ortega. Mientras que Giraldo Reyes, expreso político del Grupo de los 75, encarcelado tras la Primavera Negra de 2003 afirmó: “Fue uno de los jefes de prisiones más violentos que conocimos”.

Otros, como Fidel Suárez Cruz y Benito Ortega, también relataron actos brutales dirigidos por Vega, incluyendo la golpiza a presos esposados, la exposición forzada a bajas temperaturas y el uso de gases químicos en celdas de castigo.

Negación de su pasado y omisión migratoria

A pesar de que su firma figura en documentos oficiales de su etapa como jefe de prisiones —al menos hasta 2010—, Vega ha negado haber desempeñado ese cargo. En Estados Unidos, presentó formularios oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) donde omitió cualquier referencia a su participación en el sistema penitenciario cubano.

Según fuentes cercanas al caso, las autoridades cubanas habrían “borrado” su historial laboral de los registros oficiales como parte de una práctica habitual que busca proteger a exfuncionarios leales al régimen. Esta omisión deliberada facilita que individuos vinculados a la represión escapen del escrutinio internacional y accedan a beneficios migratorios en países como Estados Unidos.

La capitana Lainersy Ávila Castro, quien se desempeñó como responsable del registro legal en la prisión de Canaleta durante ese tiempo, afirmó en conversación telefónica con Martí Noticias que Vega García permaneció vinculado al sistema penitenciario por varios años y recibió ascensos antes de su retiro del Ministerio del Interior. Asimismo, indicó que el exoficial se trasladó posteriormente a Estados Unidos.

Aunque los datos personales —nombre, apellidos y fecha de nacimiento— coinciden con los archivos del exfuncionario en Cuba, Vega García negó cualquier vínculo con el sistema penitenciario cubano durante una corta conversación telefónica con Martí Noticias, que terminó abruptamente cuando colgó. A pesar de múltiples intentos posteriores de comunicación, tanto por mensajes de texto como por llamadas, Vega García no volvió a responder.

Fallos en el sistema de control migratorio

El ingreso de Vega García a territorio estadounidense ha puesto en evidencia deficiencias estructurales en los mecanismos de evaluación del programa de parole humanitario. La subsecretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, reconoció recientemente que “más de medio millón de extranjeros” han ingresado bajo este sistema sin una investigación de antecedentes adecuada.

El parole fue diseñado como una vía legal y segura para proteger a ciudadanos de países en crisis, como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Sin embargo, críticos del sistema sostienen que ha sido utilizado por individuos que no cumplen los criterios humanitarios y que, por el contrario, cargan con historiales de participación en violaciones a los derechos humanos.

Exilio cubano exige justicia

La revelación del paradero de Vega ha movilizado a organizaciones del exilio y a ex prisioneros políticos, quienes reclaman una respuesta contundente del gobierno estadounidense. “No se trata de deportarlo solamente. Queremos una investigación penal y que enfrente cargos por crímenes de lesa humanidad”, declaró Fidel Suárez Cruz.

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez envió una carta a la secretaria de Seguridad Nacional solicitando que se inicie de inmediato el proceso de deportación del exoficial cubano. En su mensaje, advierte que permitir la residencia de represores “es una traición al espíritu de libertad y refugio que representa Estados Unidos para los perseguidos por regímenes autoritarios”.

Otros casos similares

El de Vega García no es un caso aislado. En 2023, el cubano Daniel Morejón García, también acusado de represión durante su paso por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), fue deportado tras una investigación impulsada por denuncias ciudadanas y evidencia documental.

La entrada de antiguos funcionarios cubanos vinculados a la represión ha generado preocupación entre legisladores, juristas y organizaciones internacionales. Muchos coinciden en que urge establecer un protocolo más riguroso para evitar que represores lleguen a refugiarse en territorio estadounidense bajo falsas pretensiones.

¿Qué sigue?

Si bien Vega aún no ha sido acusado formalmente por el gobierno federal, expertos en leyes migratorias afirman que su residencia podría ser revocada si se prueba que mintió u ocultó información relevante en su proceso de entrada o ajuste de estatus. Además, si se estableciera su participación directa en actos de tortura o violaciones graves de derechos humanos, podría enfrentar cargos bajo estatutos federales que permiten juzgar esos crímenes incluso fuera del país donde se cometieron.

El caso reabre el debate sobre la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano y la necesidad de mecanismos que impidan el acceso a sus beneficios por parte de individuos que, lejos de ser víctimas del sistema cubano, formaron parte activa del aparato represivo del régimen.

Posibles consecuencias legales en EE. UU.

De acuerdo con expertos en derecho migratorio y penal, Jorge Luis Vega García podría enfrentar diversas consecuencias legales si se determina que mintió durante su proceso de entrada o que participó en violaciones graves de derechos humanos:

1. Revocación del parole o ajuste de estatus

Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), cualquier persona que haya obtenido un beneficio migratorio mediante fraude o tergiversación material de hechos puede ser descalificada. Si Vega ocultó intencionalmente su participación en el sistema penitenciario cubano, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) podría revocar su parole y negar su solicitud de residencia.

2. Inadmisibilidad por violaciones de derechos humanos

Según la sección 212(a)(3)(E) de la INA, una persona puede ser declarada inadmisible si se comprueba su implicación directa o indirecta en tortura, ejecuciones extrajudiciales o persecución. Esto aplicaría si se establece que Vega participó en actos de tortura o represión sistemática contra presos políticos.

3. Deportación bajo estatutos de crímenes de lesa humanidad

Estados Unidos puede iniciar un proceso de remoción (deportación) bajo el Título 8 del Código de EE. UU. (8 U.S.C. § 1227) si una persona ha sido parte de un régimen que ha cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La Office of Human Rights and Special Prosecutions (HRSP) del Departamento de Justicia tiene la autoridad para investigar y promover estos casos, aunque son poco frecuentes.

4. Procesamiento penal bajo jurisdicción extraterritorial

Aunque más complejo, también existe la posibilidad de un proceso penal si se logra aplicar el principio de jurisdicción universal o si se encuentran vínculos con leyes federales, como la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura (TVPA). Esta legislación permite que tribunales estadounidenses juzguen actos de tortura cometidos fuera del país si el acusado se encuentra bajo jurisdicción estadounidense.