«Delta Air Lines en la mira»: demandan a la aerolínea bajo la Ley Helm Burton por lucrar con el aeropuerto José Martí

Delta Air Lines se encuentra en el centro de una nueva controversia legal tras ser demandada en una corte federal de Estados Unidos. La querella, presentada por el bufete Rivero Mestre LLP en representación de José Ramón López Regueiro, sostiene que la aerolínea estadounidense “traficó” con una propiedad confiscada por el gobierno cubano: el actual Aeropuerto Internacional José Martí.

López Regueiro afirma ser el heredero directo del antiguo aeropuerto de Rancho Boyeros, confiscado a su padre, el empresario cubano José López Vilaboy, tras el triunfo de Fidel Castro en 1959. Según el demandante, Delta habría operado vuelos hacia y desde La Habana sin autorización ni compensación a los legítimos dueños, violando así el Título III de la Ley Helms-Burton.

El corazón del reclamo: un aeropuerto con historia y una confiscación sin compensación

Antes de la revolución, el aeropuerto de Rancho Boyeros era una de las obras de infraestructura más importantes de Cuba y un símbolo del desarrollo comercial de la época. Pertenecía a López Vilaboy, empresario cercano al gobierno de Carlos Prío Socarrás y uno de los hombres más influyentes del sector aeronáutico en la isla.

Pero con la llegada de Castro al poder, la propiedad fue expropiada sin indemnización, junto a miles de negocios, empresas y bienes privados. La familia López Vilaboy salió de Cuba y desde entonces ha reclamado la restitución o compensación por el aeropuerto.

Más de seis décadas después, el heredero sostiene que el uso continuo de esas instalaciones por empresas estadounidenses constituye una explotación ilícita de una propiedad robada.

Cómo opera Helms-Burton: la ley que volvió a abrir pleitos congelados

La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, buscó reforzar el embargo estadounidense y penalizar a entidades extranjeras que se beneficiaran de propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Sin embargo, durante más de 20 años, todos los presidentes —demócratas y republicanos— suspendieron la aplicación del Título III, que permite demandas civiles, para evitar tensiones diplomáticas con aliados y socios comerciales.

Todo cambió en 2019, cuando la administración de Donald Trump activó esa sección por primera vez en la historia. Desde entonces, empresas de varios países han enfrentado litigios, especialmente en sectores como el turismo, el transporte y la logística.

En este caso, López Regueiro solicita daños triplicados, alegando que Delta fue notificada del reclamo de propiedad y aun así mantuvo sus operaciones en el aeropuerto habanero.

“Este es un caso importante no solo para el señor Regueiro, sino para toda la comunidad de cubanoamericanos cuyas propiedades fueron confiscadas y explotadas por compañías estadounidenses en asociación con la dictadura comunista cubana”, dijo Jorge A. Mestre. “Estamos orgullosos de desempeñar un papel en buscar justicia bajo la Ley Helms-Burton», agregó el letrado.

Delta y el deshielo con Cuba: una ruta que ahora complica su panorama legal

Delta reinició vuelos a La Habana durante el proceso de deshielo entre Estados Unidos y Cuba impulsado por Barack Obama a partir de 2015. En ese momento, diversas aerolíneas estadounidenses vieron una oportunidad de mercado tras décadas de restricciones y comenzaron a operar rutas directas a la isla.

Para Delta, estas operaciones formaron parte de una estrategia mayor de expansión en el Caribe y América Latina. Pero ahora, lo que fue un símbolo de acercamiento bilateral podría convertirse en una compleja batalla jurídica que involucra propiedad histórica, leyes federales y reclamaciones del exilio. Hasta la fecha, la compañía no ha ofrecido comentarios sobre la demanda.

Un caso que podría desencadenar un efecto dominó en el sector empresarial

Expertos legales señalan que este caso no solo afecta a Delta. Numerosas aerolíneas, compañías de cruceros, cadenas hoteleras y plataformas de viajes han realizado operaciones o acuerdos comerciales en Cuba utilizando infraestructuras o terrenos sujetos a reclamaciones bajo Helms-Burton.

Para el exilio cubano, este tipo de acciones legales representan una oportunidad histórica de reclamar bienes que consideran robados por el régimen. Para las empresas estadounidenses, en cambio, se abre un escenario de incertidumbre jurídica que podría modificar su estrategia en la isla.

El abogado del bufete Rivero Mestre enfatizó que esta demanda “no es solo por una propiedad, sino por toda una comunidad que ha visto sus bienes confiscados sin justicia durante más de medio siglo”.

Reacciones en el exilio: una mezcla de expectativa y reivindicación

Para muchos cubanoamericanos, especialmente familias afectadas por confiscaciones, este tipo de casos tiene un fuerte componente emocional. Representan no solo el reclamo de un patrimonio perdido, sino una oportunidad de reconocimiento histórico y justicia retroactiva.

Organizaciones del exilio han seguido de cerca la activación de Helms-Burton, viendo en ella una herramienta para responsabilizar a compañías que han cooperado comercialmente con el régimen cubano.