El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, lanzó un mensaje contundente que ha resonado con fuerza en el sur de Florida y dentro de la comunidad cubana en el exilio: el condado no permitirá que su estructura administrativa, económica o legal se utilice para sostener o beneficiar a la dictadura cubana.
La advertencia llega en un contexto de creciente escrutinio sobre empresas y operaciones comerciales radicadas en Estados Unidos que mantienen vínculos directos o indirectos con el régimen de La Habana, aprovechando vacíos regulatorios o interpretaciones flexibles de la normativa vigente.
Un pronunciamiento con peso institucional
Fernández dejó claro que su posición no es simbólica ni meramente política. Desde su rol como recaudador de impuestos —una oficina clave para la emisión y supervisión de licencias comerciales— aseguró que Miami-Dade no será un punto de apoyo para negocios que, bajo apariencia legal, terminen fortaleciendo económicamente a un gobierno señalado por la represión y la falta de libertades fundamentales.
“Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiar ni sostener una dictadura que oprime a su pueblo”, escribió en una publicación en su perfil de Facebook.
“Los negocios deben cumplir con la ley, y mi oficina continuará haciendo cumplir estos requisitos de manera firme, responsable y sin excepciones», ha reiterado el funcionario en declaraciones públicas, subrayando que no existe justificación administrativa ni moral para permitir que recursos generados en Miami-Dade contribuyan a sostener una dictadura.
Revisión de licencias y posibles sanciones
Como parte de esta línea de acción, la oficina del recaudador ha comenzado a revisar licencias comerciales otorgadas a determinadas empresas con operaciones o vínculos cuestionados. Fernández adelantó que se emitirán notificaciones formales a negocios que pudieran estar involucrados en esquemas comerciales que beneficien al régimen cubano.
Estas revisiones pueden derivar en medidas administrativas que van desde advertencias hasta la suspensión o revocación de licencias locales, siempre dentro del marco legal del condado y en coordinación con otras instancias gubernamentales. El objetivo, según explicó, es cerrar cualquier resquicio que permita el uso de Miami-Dade como plataforma financiera o logística para el régimen.
Diferenciar ayuda humanitaria de apoyo al régimen
Uno de los puntos enfatizados por Fernández es la necesidad de separar claramente las remesas familiares y la ayuda humanitaria del entramado económico controlado por el Estado cubano. El funcionario subrayó que el condado no persigue a quienes envían ayuda a sus familiares, sino a modelos de negocio que terminan reforzando las estructuras oficiales del régimen.
En este sentido, recordó que las leyes federales de Estados Unidos establecen restricciones claras sobre el comercio con Cuba y que cualquier actividad debe contar con las autorizaciones correspondientes, sin interpretaciones ambiguas que desvirtúen el espíritu de las sanciones.
Llamado a una respuesta federal coordinada
Aunque el alcance del condado es poco, Fernández instó a las autoridades federales a profundizar investigaciones sobre compañías con posibles nexos financieros con el gobierno cubano. A su juicio, la efectividad de las sanciones depende de una coordinación estrecha entre los gobiernos locales, estatales y federales.
“Miami-Dade puede y debe hacer su parte, pero la responsabilidad es compartida”, señaló, al tiempo que pidió acciones más firmes para evitar que empresas estadounidenses se conviertan en canales indirectos de financiamiento del régimen.
El componente personal detrás de la postura
Fernández, emigrante cubano, ha reconocido que su experiencia personal influye en su visión pública. Haber salido de Cuba y construido su vida en Estados Unidos le ha dado, según ha expresado, una comprensión directa del impacto que tiene el sostenimiento económico del régimen sobre el pueblo cubano.
Para muchos en el exilio, su mensaje se interpreta como una señal de respaldo institucional a décadas de denuncias contra los mecanismos que permiten al gobierno cubano captar divisas desde el exterior.
Impacto político y simbólico en el sur de Florida
La declaración del recaudador de impuestos se produce en un momento de alta sensibilidad política en el sur de Florida, donde la relación con Cuba continúa siendo un tema central del debate público. Miami-Dade, hogar de una de las mayores comunidades cubanas fuera de la isla, ha sido históricamente un epicentro de presión contra el régimen.
El posicionamiento de Fernández refuerza la idea de que las instituciones locales no son neutrales cuando se trata de derechos humanos y democracia, y que la administración pública puede desempeñar un papel activo en la aplicación de principios éticos.
Una señal clara para empresarios y la comunidad
Más allá del impacto político, el mensaje es directo para el sector empresarial: operar en Miami-Dade implica cumplir no solo con requisitos fiscales y administrativos, sino también con un marco legal alineado con la política exterior y las sanciones federales de Estados Unidos.
Con esta postura, la oficina del recaudador de impuestos busca enviar una señal inequívoca: Miami-Dade no será refugio ni trampolín para intereses económicos que contribuyan a sostener una dictadura. En un condado marcado por el exilio y la memoria histórica, la advertencia adquiere un peso que va más allá de lo administrativo y se instala de lleno en el debate público.
