Una audiencia clave ante la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito ha reavivado el debate sobre el estatus migratorio de miles de cubanos que ingresaron a Estados Unidos en los últimos años y fueron liberados bajo el controvertido documento migratorio I-220A. El caso, seguido con atención por abogados y activistas, podría tener consecuencias de gran alcance para quienes han quedado excluidos de los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano.
El proceso judicial gira en torno al caso Labrada Hechavarría contra el Fiscal General de Estados Unidos, en el cual se cuestiona la manera en que las autoridades migratorias han procesado a cubanos que cruzaron la frontera sur y fueron liberados bajo este documento, en lugar de recibir un parole formal, con las implicancias legales que ello supone.
El I-220A y el obstáculo legal
El formulario I-220A —conocido como “Orden de Libertad Bajo Palabra”— permite que un migrante espere fuera de un centro de detención mientras su caso migratorio sigue en trámite. Sin embargo, no es considerado una admisión legal ni un parole formal, dos condiciones esenciales para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Esto ha dejado a un número significativo de cubanos en un limbo jurídico: según estimaciones de organizaciones especializadas en migración, cerca de 400,000 cubanos en Estados Unidos sólo cuentan con el I-220A como documento migratorio, sin reconocimiento de admisión oficial bajo la ley.
Estas cifras reflejan parte de una realidad migratoria mucho más amplia: hasta medio millón de cubanos podrían estar en riesgo de detención o deportación debido a una combinación de políticas y cambios recientes, en medio de un marco legal complejo y en constante evolución.
La defensa legal, encabezada por abogados de amplio reconocimiento como Mark Prada, sostiene que el caso de dos mujeres inmigrantes estuvo marcado por errores en su procesamiento migratorio, al registrarse con el formulario I-220A cuando, según argumentan, debieron recibir un parole formal, una diferencia que podría resultar determinante para su situación legal.
“El objetivo es que el tribunal reconozca que los portadores del I-220A tienen un estatus similar al parole y, por tanto, pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano”, expreso el letrado que representa a las cubanas.
La Ley de Ajuste Cubano bajo escrutinio
Desde su aprobación en 1966, la Ley de Ajuste Cubano (CAA) ha permitido a los nacionales cubanos que entran legalmente o bajo parole solicitar la residencia permanente después de un año y un día en los Estados Unidos. Sin embargo, el uso generalizado del I-220A tras el incremento de migrantes entre 2021 y 2023 ha generado una población considerable que no cumple con los requisitos técnicos de la ley para ajustarse de estatus.
Según el periodista Alexis Boentes la defensa en el caso sostiene que muchos de los migrantes puestos en libertad con I-220A deberían haber tratárseles como beneficiarios de parole, lo que les permitiría acogerse a la CAA y abrir un camino legal hacia la residencia.
Durante la audiencia, los abogados subrayaron que esta interpretación podría rectificar años de decisiones administrativas que han excluido a esta población de beneficios migratorios que históricamente se otorgaron a cubanos —una comunidad que, en conjunto, suma más de 1.6 millones de inmigrantes cubanos residiendo en Estados Unidos según estimaciones recientes.
Expectativa y reacción comunitaria
La audiencia ha generado expectación en la comunidad cubana en Florida y en el resto del país. Grupos organizados han emprendido recolectas de firmas —más de 50,000 en Florida— para respaldar acciones legales y presionar por interpretaciones judiciales más favorables que beneficien a quienes llevan años en incertidumbre migratoria.
En Miami colectivos de inmigrantes y abogados se congregaron frente al tribunal para manifestar su respaldo y subrayar que, más allá del proceso judicial, hay familias completas que aguardan una oportunidad real de regularizar su estatus migratorio.
A pesar de ello, el fallo del tribunal podría tardar semanas o meses, e incluso un resultado favorable enfrentaría potenciales apelaciones o revisiones políticas. Mientras tanto, las familias de cubanos con I-220A esperan un veredicto que podría transformar su situación legal y abrirle la puerta a una residencia permanente que hasta ahora no se les ha otorgado.
Impacto potencial y cifras en Florida
Florida sigue siendo el epicentro de la migración cubana en Estados Unidos, con decenas de miles de casos pendientes en tribunales migratorios, especialmente en el distrito de Miami, donde los cubanos lideran la lista de solicitudes en curso. En ese tribunal, se reportaron más de 41,000 casos abiertos de solicitantes cubanos, muchos vinculados directa o indirectamente a estatus migratorios inciertos como el I-220A.
La importancia de un fallo favorable va más allá del caso individual. Si la Corte de Apelaciones determina que el estatus I-220A equivale a parole a efectos de la Ley de Ajuste Cubano, centenares de miles de cubanos podrían reabrir sus posibilidades legales de solicitar la residencia permanente, siempre que cumplan los demás criterios de la ley.
Un debate trascendental
El caso pone sobre la mesa no sólo una disputa legal sobre terminología migratoria, sino la forma en que Estados Unidos interpreta y aplica leyes históricas frente a flujos migratorios cambiantes. La resolución que adopte el Onceno Circuito podría redefinir la política migratoria hacia los cubanos y sentar un precedente con implicaciones para otros grupos en situaciones similares.
Por ahora, el mundo legal y comunitario aguarda el fallo, conscientes de que su alcance podría marcar un antes y un después en la vida de cientos de miles de personas que, a pesar de residir en Estados Unidos por años, viven aún sin la seguridad de un estatus legal permanente.
