Un juez federal condenó a 10 años de prisión a Pedro Cesar Ramos-Cruz, un ciudadano cubano de 33 años que fue encontrado culpable de operar una red de contrabando de migrantes hacia Estados Unidos y de poseer armas de fuego robadas. La sentencia fue anunciada por la Fiscalía del Distrito Norte de Florida y refleja el esfuerzo de varias agencias para desmantelar una operación vinculada al Cártel del Golfo.
Reincidente en violar las leyes migratorias
Ramos-Cruz ya había sido deportado en 2019 y en 2020, pero regresó de manera ilegal al país. Según la investigación, retomó sus actividades delictivas, dedicándose a facilitar el ingreso irregular de migrantes desde Cuba, Honduras, Nicaragua y Colombia, en coordinación con organizaciones criminales que controlan las rutas hacia la frontera.
«Este caso es otro brillante ejemplo del gran éxito de la Operación Take Back America del Departamento de Justicia y cumple la promesa del presidente Donald J. Trump y la fiscal general Pam Bondi de detener el flujo de inmigración ilegal a nuestro país», dijo el fiscal federal Heekin.
Heekin que este ciudadano cubano no solo burló varias veces las leyes migratorias para entrar al país, sino que además puso en riesgo a la población al dedicarse al tráfico de otros indocumentados por territorio estadounidense. A ello se suma que fue sorprendido en posesión de armas de fuego robadas, lo que elevó aún más la gravedad de sus acciones. La fiscalía aseguró que continuará actuando con mano dura contra quienes representen una amenaza de este tipo, con el objetivo de preservar la seguridad de las comunidades.
La captura: una parada de tránsito que destapó una red criminal
El acusado fue detenido durante una parada rutinaria de tráfico en Florida. En su vehículo, los agentes encontraron un libro de registros de contrabando, 20 pasaportes extranjeros, 13.709 dólares en efectivo, drogas y varias armas de fuego robadas. Estos hallazgos confirmaron la magnitud de su operación y la peligrosidad de sus actividades.
Migrantes tratados como mercancía
De acuerdo con los investigadores, Ramos-Cruz trataba a los migrantes como “mercancía humana”, cobrando altas sumas de dinero por trasladarlos a través de rutas controladas por el crimen organizado. «Este extranjero ilegal criminal violó repetidamente las leyes de nuestra nación, poseía armas de fuego robadas, narcóticos y contrabandeaba personas dentro y a través de los Estados Unidos como una mercancía, sin tener en cuenta su seguridad o bienestar», declaró Nicholas Ingegno, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Tallahassee quien agregó que emplearán de conjunto con otras agencias todos los mecanismos disponibles para detener este tipo de delitos.
Cooperación interinstitucional
El caso fue el resultado de un operativo conjunto en el que participaron ICE – Homeland Security Investigations, ICE – Enforcement and Removal Operations, el Departamento de Investigación de Florida (FDLE), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Patrulla de Caminos de Florida. La causa estuvo en manos de Corey J. Smith, exfiscal federal adjunto, y de Jason R. Coody, actual fiscal federal adjunto.
El comisionado del FDLE, Mark Glass, subrayó que la investigación demuestra cómo una simple parada de tráfico puede revelar el alcance del crimen organizado transnacional. «Lo que comenzó como una simple parada de tráfico terminó con el derribo de un traficante de personas vinculado al Cartel del Golfo que había estado moviendo personas a través de la frontera sur durante la administración Biden y hacia Florida», manifestó Glass.
La estrategia se articula mediante la colaboración de los Grupos de Trabajo para el Control del Crimen Organizado y el Crimen de Drogas (OCDETFs) y el programa Proyecto Vecindario Seguro (PSN), dos pilares en la política de seguridad federal.
Operation Take Back America es una iniciativa de alcance nacional destinada a intensificar la lucha contra la inmigración ilegal, las organizaciones criminales transnacionales y los delitos violentos que afectan a comunidades en todo el país.
La operación tiene tres metas centrales:
- Frenar la inmigración ilegal, especialmente mediante acciones contra quienes reinciden en el ingreso no autorizado al territorio estadounidense.
- Desarticular los cárteles y redes criminales transnacionales, considerados responsables del tráfico de drogas, armas y personas.
- Proteger a las comunidades locales a través de medidas coordinadas contra los delitos violentos.
En varios estados, entre ellos Arizona y Rhode Island, fiscales federales han informado sobre casos procesados bajo el marco de esta operación. Entre los acusados figuran tanto narcotraficantes vinculados a redes internacionales como individuos con antecedentes de deportación que reingresaron ilegalmente a EE. UU.
Las autoridades sostienen que la coordinación nacional permite optimizar los recursos del Departamento de Justicia, de manera que fiscales y agencias federales puedan actuar con mayor eficacia contra el crimen organizado y la inmigración irregular.
Próximos pasos
Además de la condena, las autoridades confirmaron que Ramos-Cruz enfrenta una orden de detención migratoria de ICE. Al terminar su sentencia, será entregado a las autoridades de inmigración para un nuevo proceso de deportación.
El Cártel del Golfo surgió en Matamoros, Tamaulipas, México, a inicios del siglo XX. Sus orígenes se remontan a redes de contrabando en la frontera con Estados Unidos, especialmente de alcohol durante la época de la Prohibición en los años 1920 y 1930. Con el tiempo, esas estructuras de contrabando se transformaron en un grupo criminal más organizado. Durante las décadas de 1970 y 1980, el Cártel del Golfo se consolidó como una de las principales organizaciones dedicadas al tráfico de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos, aprovechando su ubicación estratégica en la frontera.
El grupo fue liderado en distintos periodos por figuras clave como Juan Nepomuceno Guerra, considerado su fundador, y posteriormente por su sobrino Juan García Ábrego, quien expandió las operaciones a gran escala en alianza con carteles colombianos.
