La detención de un cubano con más de 30 años viviendo en Estados Unidos ha despertado indignación y preocupación entre familiares, activistas y la comunidad migrante. El caso de Justo Betancourt, de 63 años, pone nuevamente sobre la mesa las tensiones entre la aplicación estricta de las leyes migratorias y la protección de los derechos humanos, especialmente en situaciones donde la salud y la larga residencia son factores determinantes.
Una cita migratoria que terminó en arresto
Betancourt fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita rutinaria ante un tribunal de inmigración, en la que debía presentarse como parte de su proceso de supervisión. Su familia, residente en el sur de la Florida, relató que no esperaban ese desenlace, pues durante más de tres décadas él había vivido y trabajado en el país sin incidentes mayores.
El hombre fue trasladado al centro de detención “Alligator Alcatraz”, una de las instalaciones con mayor número de detenidos migratorios en el sureste de Estados Unidos, conocida por su régimen estricto y las denuncias de malas condiciones sanitarias.
Un estado de salud delicado y denuncias de insensibilidad
El motivo de mayor preocupación para sus allegados es su estado de salud. Betancourt padece diabetes tipo 2 y requiere inyecciones de insulina dos veces al día para mantener su estabilidad. Su familia teme por su vida ante la posibilidad de no recibir atención médica adecuada mientras permanece bajo custodia federal.
Durante su arresto, según denunció su hija, un agente de ICE le habría respondido de forma despectiva cuando ella expresó temor por su tratamiento: “Si quiere insulina, que la consiga en México”, le habrían dicho, una frase que la familia consideró una muestra de crueldad y deshumanización.
Desde entonces, los familiares de Betancourt no han podido comunicarse con él directamente y han recurrido a organizaciones de derechos humanos para pedir su liberación o, al menos, su traslado a un centro médico especializado.
Una vida de trabajo e integración
De acuerdo con sus allegados, Justo Betancourt llegó a Estados Unidos hace 36 años, en plena ola migratoria de cubanos que buscaban refugio político y oportunidades económicas. Durante ese tiempo, trabajó en distintos oficios, contribuyó con su comunidad e incluso participó en programas de voluntariado.
“Mi padre nunca fue una carga para este país. Trabajó, pagó impuestos y ayudó a sus vecinos. Solo queremos que lo traten con respeto y humanidad”, dijo su hija. Su caso ha generado empatía entre la comunidad cubana de la Florida, que ve en él una representación de miles de inmigrantes que, tras décadas de vida en Estados Unidos, siguen sin lograr la residencia legal o la ciudadanía debido a vacíos en la legislación y a los vaivenes de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
Antecedentes legales y un proceso que nunca terminó
Hace cinco años, Betancourt fue acusado en un caso de conspiración, pero la causa fue finalmente desestimada por falta de pruebas. Desde entonces, el cubano permanecía bajo libertad condicional, cumpliendo con sus citas ante las autoridades migratorias. Su arresto, sin previo aviso de incumplimiento, ha dejado perplejos a sus abogados y familiares.
Expertos consultados por medios locales señalan que casos como el suyo no son aislados. Desde el endurecimiento de las políticas migratorias bajo distintas administraciones, ICE ha incrementado las detenciones de migrantes con órdenes antiguas de deportación, incluso de aquellos con décadas de residencia y arraigo.
Clamor por compasión y justicia
Los familiares de Justo Betancourt han lanzado una campaña en redes sociales y ante medios locales para pedir su liberación humanitaria. Alegan que mantener bajo custodia a un hombre enfermo y de avanzada edad contradice el principio de humanidad que debería regir los procedimientos migratorios.
“Queremos que se le respete su derecho a vivir con dignidad. No pedimos privilegios, pedimos sentido común”, expresó su hija en declaraciones al portal de noticias. Mientras tanto, abogados y defensores de migrantes analizan posibles vías legales, como una moción de fianza humanitaria o una revisión médica que justifique su liberación temporal.
El trasfondo político: Cuba, deportaciones y un limbo migratorio
El caso de Betancourt ocurre en medio de un contexto tenso en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, donde la cooperación para repatriaciones se ha mantenido intermitente. Aunque en 2023 ambos países reanudaron vuelos de deportación, el número de retornos sigue siendo limitado, dejando a muchos detenidos en un limbo legal prolongado.
Organizaciones de derechos humanos como Amnesty International y Freedom for Immigrants han denunciado que este tipo de detenciones se convierten, en la práctica, en encarcelamientos indefinidos sin condena judicial, violando principios básicos del debido proceso.
Otro episodio parecido es el de Juan Carlos Font Agüero, otro cubano deportado tras cumplir una condena de 17 años por homicidio, pero no aceptado por Cuba, lo que evidencia la falta de coordinación diplomática y los obstáculos humanitarios que enfrentan los migrantes detenidos.
Un reflejo de un sistema en crisis
El caso de Betancourt no solo expone el drama de una familia, sino también las fallas estructurales de un sistema que mantiene a miles de migrantes —incluidos enfermos, ancianos y personas arraigadas— tras las rejas sin fecha definida de liberación o deportación.
En los últimos años, ICE ha sido objeto de múltiples demandas por negligencia médica, abuso psicológico y condiciones inhumanas en centros de detención, algunos de los cuales registran muertes evitables.
“La ley puede ser firme, pero debe ser justa. Y cuando la salud y la humanidad están en juego, el Estado tiene la obligación moral de actuar con compasión”, opinó un portavoz de la organización Immigrant Justice Network en Miami.
Mientras su familia espera noticias, el futuro de Justo Betancourt sigue siendo incierto. Su historia ha resonado entre miles de cubanos que, como él, construyeron sus vidas en Estados Unidos sin alcanzar la estabilidad legal prometida. Su caso podría convertirse en un símbolo del debate nacional sobre la justicia migratoria, la atención médica en custodia federal y la urgente necesidad de una reforma que humanice el sistema.
