Jesús Martínez, un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos en 1997 y construyó su vida en el sur de Florida, se ha convertido en la nueva voz de denuncia sobre las condiciones que enfrentan cientos de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde el interior del polémico centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los remotos Everglades de Florida, Martínez habló en exclusiva con el programa Encuentro Virtual de Telemundo 51, revelando una realidad marcada por el aislamiento, el maltrato y la incertidumbre.
Durante la entrevista, Martínez relató que, pese a haber cumplido una condena federal por cargos de conspiración, esperaba rehacer su vida una vez saldada su deuda con la justicia. No obstante, su situación dio un giro inesperado cuando fue transferido por ICE al centro de detención Krome North Processing Center (ahora apodado “Alligator Alcatraz” por activistas y medios), una instalación construida en una zona remota entre pantanos, caimanes y sin fácil acceso a medios de comunicación o visitas familiares.
“En condiciones como perros, los baños se desbordan, se llena el piso de excremento, nos sacan a comer cuando les da la gana, nos sacan a comer lo mismo a las nueve que a las doce de la noche, nos tratan como perros”, dijo el cubano.
Estas denuncias, según diversas organizaciones de derechos humanos, no son aisladas. Varios testimonios coinciden en describir condiciones de encierro insalubres, falta de atención médica adecuada, abusos verbales y largos periodos de detención sin acceso claro a procesos judiciales efectivos.
La situación se agrava en el caso de ciudadanos cubanos, quienes muchas veces no pueden ser deportados debido a la negativa del régimen de La Habana a recibirlos. Esta circunstancia ha creado un limbo legal donde personas como Martínez pueden permanecer meses o incluso años detenidas, sin posibilidad de ser devueltas a su país y sin opción real de reintegrarse legalmente a la sociedad estadounidense.
La historia de Martínez ha generado reacciones inmediatas entre sectores activistas de Miami, donde residen miles de cubanos exiliados. Abogados migratorios han advertido que muchos de sus clientes se encuentran en condiciones similares: detenidos indefinidamente, sin información clara sobre sus procesos migratorios, y bajo una política más estricta impulsada por la administración Trump, que ha reinstaurado prácticas de detención prolongada para personas con antecedentes penales, incluso si estos datan de hace décadas y ya fueron legalmente resueltos.
“El caso de Jesús Martínez es emblemático”, señaló un abogado defensor que sigue varios casos similares en el sur de Florida. “Es una persona que ya pagó su condena. Lo que está ocurriendo con él no es justicia, es una doble pena”.
El centro de detención donde se encuentra Martínez ha sido criticado desde su apertura por su aislamiento geográfico y por la falta de supervisión independiente. Ubicado en una zona pantanosa de difícil acceso, activistas lo han bautizado “Alligator Alcatraz” por sus semejanzas con la famosa prisión de máxima seguridad en San Francisco, pero rodeada esta vez de naturaleza hostil, lo que contribuye a un entorno psicológico aún más opresivo para los detenidos.
La entrevista de Martínez ha despertado también cuestionamientos sobre el uso de instalaciones de este tipo y sobre el trato que reciben los inmigrantes en situación irregular, especialmente en contextos donde las deportaciones son legalmente inviables. A pesar de las múltiples denuncias públicas, ICE no ha emitido declaraciones en respuesta a las acusaciones planteadas por Martínez ni ha ofrecido detalles sobre las condiciones actuales dentro de la instalación.
Organizaciones como ACLU, Human Rights Watch y Americas Watch han solicitado con anterioridad inspecciones independientes en centros de detención de inmigrantes, incluyendo los ubicados en zonas remotas de Florida, Texas y Luisiana. Según estas entidades, muchos de los centros operan con escasa supervisión y bajo contratos privados que priorizan eficiencia operativa por encima del bienestar de los internos.
Mientras tanto, Jesús Martínez continúa a la espera de una resolución a su caso. Desde su celda, afirma mantener la esperanza de recuperar su libertad y volver a reunirse con sus seres queridos en Miami, aunque admite que la situación se vuelve más angustiante con el paso de los días.
“Yo tuve un problema en 2002, de conspiración, firmé deportación en 2007 y desde la fecha hace 18 años yo he cumplido con todos los reglamentos”, afirmó desde Alligator Alcatraz donde se encuentra desde el 9 de julio.
El caso de Martínez, visibilizado por su entrevista en Encuentro Virtual, podría convertirse en un punto de inflexión en el debate público sobre la detención prolongada de inmigrantes y la necesidad urgente de una reforma migratoria con enfoque humanitario.
Varios ciudadanos cubanos han sido arrestados en las últimas semanas y enviados al polémico centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”. Entre los detenidos hay residentes legales, solicitantes de asilo y personas con formularios I‑220A, que no poseen antecedentes penales.
Uno de los casos más notorios es el de Jorge González de Dios, arrestado durante una parada de rutina a pesar de estar en proceso legal. También fue detenido el reguetonero cubano Leamsy Izquierdo, conocido como “La Figura”, acusado de agresión con arma. Otro ejemplo es Jesús Martínez, quien llegó a EE.UU. en 1997 y fue arrestado al asistir a una cita migratoria, a pesar de haber cumplido una condena hace casi dos décadas.
Desde el interior del centro, los detenidos han denunciado condiciones inhumanas: comida en mal estado, presencia de gusanos e insectos, escasa atención médica y encierro prolongado sin contacto con abogados ni familiares. Estas denuncias han sido respaldadas por organizaciones de derechos humanos, líderes religiosos y legisladores que exigen el cierre del centro o su intervención federal. Ante la presión pública y legal, las autoridades migratorias comenzaron el 16 de julio el traslado de numerosos cubanos al Centro de Detención Krome, en el sur de Florida. Aunque el gobierno estatal niega las acusaciones de maltrato, el caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la política migratoria y el respeto a los derechos humanos en Estados Unidos.
