Un caso de presunta obstrucción de la justicia ha generado atención en Hialeah, luego de que una mujer de origen cubano terminara arrestada por supuestamente pagar a un tercero para que se declarara culpable de un robo violento cometido por su pareja sentimental en un comercio local.
La acusada fue identificada como Daiselys Barbosa, de 31 años residente de la Ciudad que Progresa, quien enfrenta varios cargos tras una maniobra que, lejos de desviar la investigación, terminó reforzando las pruebas en su contra.
Una visita a la policía que levantó sospechas
De acuerdo con el reporte original, el 24 de enero, Barbosa acudió voluntariamente a una estación policial acompañada de un hombre, a quien señaló como el responsable de un asalto ocurrido semanas antes en el RC La Atenas Market & Smoke Shop de la ciudad. Ante los agentes, la mujer sostuvo que el individuo de nombre Francisco Ayala estaba en estado de embriaguez y que le había confesado haber cometido el robo.
La versión inicial parecía cerrar el caso de forma rápida. El hombre, en presencia de los oficiales, asumió la culpa y confirmó el relato presentado por Barbosa, lo que en un primer momento dio apariencia de credibilidad a la denuncia. Sin embargo, los investigadores detectaron inconsistencias durante el interrogatorio, lo que motivó un análisis más profundo de la declaración.
La confesión que cambió el rumbo del caso
Durante el interrogatorio posterior, el hombre terminó retractándose y reveló que había sido sobornado con 4,000 dólares para declararse culpable del delito. Según su testimonio, el pago tenía como objetivo proteger al verdadero autor del robo, pareja de Barbosa.
Esta confesión transformó por completo el caso. Lo que comenzó como una supuesta colaboración ciudadana pasó a considerarse un intento deliberado de manipular el sistema judicial, involucrando no solo el delito original, sino también acciones posteriores destinadas a encubrirlo.
El robo violento que originó la investigación
El hecho que Barbosa habría intentado encubrir ocurrió el 30 de noviembre de 2025, cuando un hombre identificado como Suniel Arzola de 46 años de edad y pareja sentimental de la acusada, presuntamente perpetró un robo violento en un establecimiento comercial de Hialeah.
Según la investigación policial, Arzola entró ese día por la fuerza y armado en el establecimiento metió a la empleada en el baño, sustrajo dinero y objetos de valor del local, causó daños materiales significativos, incluyendo la destrucción de máquinas de juego, elementos que agravaron la tipificación del delito.
Estos detalles fueron determinantes para que las autoridades consideraran el caso como un crimen violento y mantuvieran abierta la investigación, pese al intento inicial de desviar responsabilidades.
Las imágenes de videovigilancia muestran a Arzola alejándose del sitio en una bicicleta, dejando atrás un objeto durante su escape en el estacionamiento. Tiempo después, otro registro audiovisual documentó la llegada de una mujer, posteriormente identificada como Barbosa, quien se presentó en una camioneta Dodge Ram del año 2011. Tras descender del vehículo, recuperó el objeto abandonado, que resultó ser el martillo empleado por Arzola para vandalizar las máquinas de juego durante el asalto.
Arresto y cargos adicionales
Tras comprobarse el intento de encubrimiento, Barbosa quedó arrestada el 29 de enero. En su contra pesan cargos por encubrimiento después de un delito grave, manipulación de pruebas y manipulación de testigos, delitos que se consideran con especial severidad por la justicia de Florida.
A la acusada la trasladaron al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde se le impuso una fianza de 10,000 dólares mientras avanza el proceso judicial. Arzola, por su parte, enfrenta cargos más graves, entre ellos robo a mano armada, detención ilegal con arma mortal y daños a la propiedad, todos vinculados directamente al asalto ocurrido en noviembre.
En Florida, el intento de encubrir un delito violento puede acarrear consecuencias penales severas. Pagar a otra persona para que asuma la culpa de un robo puede tipificarse como cómplice después del hecho (accessory after the fact), un delito grave que, si el crimen original es de alto nivel, puede conllevar hasta 15 años de prisión.
A esto se suman cargos por manipulación de testigos y de pruebas, también considerados delitos graves y sancionables con penas adicionales de cárcel y multas. En paralelo, el autor material del robo violento enfrenta cargos independientes —como robo a mano armada y detención ilegal con arma mortal— que pueden implicar décadas de prisión, lo que demuestra que la ley de Florida castiga no solo el delito principal, sino también cualquier intento de obstruir la justicia.
Un intento fallido que agravó la situación legal
El caso pone en evidencia cómo un intento de obstrucción de la justicia puede derivar en consecuencias legales aún más severas. En lugar de cerrar el expediente, la estrategia atribuida a Barbosa amplió la investigación y sumó nuevos cargos penales al proceso.
Las autoridades continúan con el caso mientras ambos acusados permanecen bajo custodia del sistema judicial del condado, a la espera de las próximas audiencias que definirán el curso del proceso.
