El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) incorporó recientemente a un ciudadano cubano a su lista pública de los “peores delincuentes extranjeros ilegales”, una clasificación que agrupa a migrantes con historial criminal severo y estatus migratorio irregular. El caso, que ha despertado atención en medios y redes, pone de relieve las tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana en materia de repatriaciones.
Un detenido con más de una decena de condenas
El hombre identificado como William Segade Herrera, de origen cubano, cumple actualmente detención en el centro de detención inaugurado recientemente Speedway Slammer, en el estado de Indiana, bajo custodia del ICE. Según la agencia, acumula al menos once condenas por diversos delitos, entre ellos tráfico y posesión de drogas, agresión armada y violencia doméstica, hurto en tiendas, conducción bajo influencia y violaciones de tránsito y posesión de equipo para distribución de narcóticos.
Las autoridades sostienen que su conducta representa una amenaza para la seguridad pública, y por ello su nombre fue incluido en el listado nacional de individuos con antecedentes graves que residen ilegalmente en el país.
Obstáculos diplomáticos: Cuba no acepta deportaciones de criminales
Pese a su extenso historial delictivo, la deportación de Segade Herrera a Cuba resulta improbable. El régimen cubano mantiene desde hace años su política de rechazar el retorno de ciudadanos con antecedentes penales, así como de aquellos que emigraron antes de enero de 2017, cuando se eliminó la política de “pies secos, pies mojados”.
Fuentes migratorias señalan que este tipo de casos coloca a Estados Unidos en una situación diplomática compleja: no puede liberar al detenido, pero tampoco puede enviarlo a su país de origen. En esos casos, las autoridades federales han recurrido a deportaciones hacia terceros países, una práctica legalmente avalada por la Corte Suprema estadounidense.
Deportaciones hacia terceros países
El artículo de CiberCuba recuerda que, ante la negativa del gobierno cubano, Estados Unidos ha procedido a deportar a nacionales de la isla hacia otros destinos, como Sudán del Sur, el Reino de Esuatini o México, en cumplimiento de órdenes judiciales y acuerdos temporales. La política, aunque legal, ha sido criticada por organizaciones humanitarias por considerar que puede colocar a los deportados en situaciones de vulnerabilidad o riesgo.
Las cifras del año: casi mil cubanos deportados desde EE. UU.
Entre enero y septiembre de 2025, 999 cubanos fueron repatriados a la isla en vuelos coordinados por el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, el número de cubanos con órdenes de deportación pendientes supera los 42.000, según estadísticas oficiales del DHS. Muchos permanecen en centros de detención o bajo supervisión electrónica mientras esperan la decisión final de sus casos.
Estos números reflejan el endurecimiento de las medidas migratorias y el aumento de las operaciones de repatriación bajo la administración de Donald Trump, que ha puesto especial énfasis en expulsar a inmigrantes con antecedentes penales.
Endurecimiento migratorio y nueva estrategia del ICE
La inclusión del cubano en la lista forma parte de una estrategia más amplia del ICE orientada a identificar, detener y deportar a personas con historial criminal que se encuentren en el país de forma irregular. La agencia ha reiterado que su prioridad es proteger la seguridad nacional y reducir la reincidencia delictiva entre extranjeros indocumentados.
En los últimos meses, el gobierno ha ampliado los acuerdos de cooperación internacional para trasladar detenidos a instalaciones fuera del territorio continental, incluyendo el Centro de Coordinación y Operaciones de Terceros (CECOT) en El Salvador, que se utilizaría como espacio temporal para procesar deportaciones y descongestionar centros de detención en EE. UU.
Reiterando la línea dura del actual gobierno en materia migratoria, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, lanzó una clara advertencia a los indocumentados: quienes se encuentren en territorio estadounidense sin estatus legal podrían ser enviados a centros de detención del ICE o incluso al polémico CECOT, en El Salvador.
La funcionaria enfatizó que toda persona que haya infringido las leyes migratorias será localizada, arrestada y posteriormente deportada, como parte del reforzamiento de las medidas de control fronterizo impulsadas por la administración Trump.
Contexto político y tensiones con La Habana
El caso de William Segade Herrera ocurre en un momento de alta tensión diplomática entre ambos países. Pese a la reanudación parcial de vuelos de deportación desde 2023, el gobierno cubano ha continuado limitando la recepción de migrantes con antecedentes penales, lo que ha generado choques con Washington.
Expertos señalan que esta falta de cooperación afecta directamente a miles de cubanos bajo órdenes de deportación y complica la aplicación de las leyes migratorias estadounidenses. “Sin un acuerdo funcional de repatriación, el sistema queda atascado: los detenidos no pueden salir, pero tampoco pueden permanecer indefinidamente encarcelados”, explicó un exfuncionario del ICE citado en reportes previos.
Seguridad pública vs. derechos humanos
El debate sobre la lista de “los peores delincuentes extranjeros ilegales” divide opiniones. Mientras sectores conservadores la consideran una herramienta necesaria para garantizar la seguridad de las comunidades locales, organizaciones de derechos civiles denuncian que estigmatiza a las comunidades migrantes y no distingue entre delitos menores y graves en algunos casos.
En paralelo, abogados migratorios advierten que la detención prolongada de personas que no pueden ser deportadas vulnera el debido proceso y agrava los costos del sistema penitenciario federal.
Una medida que marca el pulso de la política migratoria
El caso de Segade Herrera simboliza el desafío permanente que enfrenta Estados Unidos para hacer cumplir sus leyes migratorias sin acuerdos plenos de repatriación con Cuba. A la vez, refleja el giro hacia una política de “cero tolerancia” que prioriza la deportación de delincuentes extranjeros, aun en medio de obstáculos diplomáticos y cuestionamientos humanitarios.
Mientras tanto, miles de cubanos permanecen en un limbo legal: ni aceptados por su país de origen ni plenamente integrados en Estados Unidos, atrapados en un sistema donde la política exterior y la seguridad interna se cruzan en una frontera invisible.
