El recién inaugurado centro de detención estatal en los Everglades, conocido popularmente como “Alligator Alcatraz”, está en el centro de una creciente polémica tras revelarse que se han realizado 34 llamadas al 911 desde su apertura el 1 de julio. Este flujo constante de emergencias, que incluye desde solicitudes médicas hasta problemas no identificados, ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos, abogados y legisladores estatales.
Ubicado en una zona remota del sur de Florida, este centro es parte de la política migratoria del gobernador Ron DeSantis, quien ha afirmado que la instalación está destinada a albergar a los inmigrantes “más peligrosos” que se encuentran ilegalmente en el país. Sin embargo, registros oficiales obtenidos por NBC 6 revelan que solo un tercio de los más de 700 detenidos tiene antecedentes penales, lo que contradice directamente el discurso oficial sobre el perfil de la población reclusa.
Las llamadas al 911 han sido diversas en naturaleza. Según los registros públicos, se reportaron:
- 2 llamadas médicas
- 4 clasificadas como “contratos especiales”
- 4 para solicitudes de asesoría legal
- 11 etiquetadas como “problemas desconocidos”, categoría que deja dudas sobre la seguridad dentro de las instalaciones
El volumen y variedad de estas comunicaciones sugieren una posible crisis interna en el manejo del centro. Las preocupaciones no se limitan a la cantidad de llamadas, sino también a lo que reflejan: condiciones potencialmente inadecuadas, falta de acceso a recursos básicos y obstáculos para ejercer derechos fundamentales, como el acceso a una defensa legal adecuada.
Una demanda interpuesta por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) alega que los migrantes recluidos no tienen acceso significativo a representación legal, y que muchos son presionados a aceptar la deportación como única vía de salida. “Este centro está funcionando como una cárcel secreta, donde el debido proceso no existe”, señaló uno de los abogados involucrados en la querella judicial.
Los denunciantes también han descrito las condiciones como “tortuosas”, citando limitaciones para comunicarse con el exterior, problemas de salud no atendidos y aislamiento prolongado. Además, argumentan que la ubicación del centro —en medio de los Everglades— dificulta el acceso para abogados, familiares y observadores independientes.
Por su parte, las autoridades estatales han defendido el funcionamiento del centro, asegurando que los detenidos tienen acceso a teléfonos para contactar abogados y que pueden solicitar visitas presenciales bajo cita previa. Asimismo, han destacado que el estado ofrece vuelos de repatriación gratuitos a los migrantes que deseen regresar voluntariamente a sus países de origen, un plan que ya ha sido puesto en marcha según declaraciones del gobernador.
«Ha habido personas que han sido deportadas de ese lugar y anticipo que a medida que nos acercamos a la próxima semana, creo que van a ver que el ritmo aumenta», dijo el gobernador de Florida Ron DeSantis.
Sin embargo, las críticas no cesan. Un grupo de legisladores demócratas de Florida presentó un proyecto de ley para cerrar “Alligator Alcatraz”, argumentando que la instalación vulnera derechos humanos y opera con opacidad. Aun así, con el control republicano del Congreso estatal, las posibilidades de que la propuesta avance son escasas.
La controversia también ha escalado a nivel nacional, alimentando un debate sobre el uso de centros de detención estatales para políticas migratorias, una función que históricamente ha estado en manos del gobierno federal. Para muchos defensores de derechos humanos, la existencia de “Alligator Alcatraz” representa un precedente preocupante que podría replicarse en otros estados bajo argumentos de seguridad y control migratorio.
De Santis es uno de los acusados en la demanda presentada por abogados y defensores de derechos humanos sobre la imposibilidad de que los detenidos tengan representación legal. «Si no pueden hablar con sus abogados, no pueden impugnar su detención real o sus casos de inmigración. Y luego, en realidad, la única forma de salir de esa instalación es la deportación», advirtió Eunice Cho, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
«Cuando son procesados, lo primero que sucede es que se les ofrece un viaje con todos los gastos pagados de regreso a su país de origen», alegó el político republicano.
Mientras tanto, las llamadas al 911 continúan acumulándose. Y con ellas, crece la presión sobre el estado de Florida para responder a las crecientes dudas sobre las condiciones reales dentro del centro, la legalidad de su operación y la transparencia de su manejo. Lo que comenzó como una iniciativa estatal para endurecer la política migratoria, ahora enfrenta una tormenta de críticas que podría escalar a los tribunales federales.
