La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al presidente Donald Trump a reanudar un controvertido programa de deportaciones rápidas, permitiendo que migrantes condenados por delitos graves sean enviados a países que no son los suyos de origen. La medida fue aprobada por una mayoría de 6 votos contra 3, en una decisión que reaviva el debate sobre los límites del poder ejecutivo en temas migratorios y los derechos fundamentales de los extranjeros detenidos.
La decisión, emitida sin una argumentación extensa, revoca temporalmente una orden judicial inferior que exigía otorgar a los migrantes la posibilidad de impugnar su deportación a un tercer país. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) celebró la resolución como una “victoria para la seguridad nacional”.
Entre los afectados por la medida hay personas retenidas en Yibuti, incluyendo ciudadanos de Myanmar, Vietnam y Cuba, quienes enfrentan obstáculos para ser repatriados a sus países de origen debido a conflictos diplomáticos, riesgos de persecución o carencia de documentos. La administración Trump ha negociado acuerdos con países como Panamá, Costa Rica y Sudán del Sur para facilitar este tipo de deportaciones.
«La Constitución y el Congreso han conferido autoridad al presidente para hacer cumplir las leyes de inmigración y expulsar a los extranjeros peligrosos de la patria. La acción de la Corte Suprema «reafirma la autoridad del Presidente para expulsar a los extranjeros ilegales criminales de nuestro país y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro», dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca.
Sin embargo, la decisión ha sido fuertemente criticada por el ala progresista del alto tribunal. La jueza Sonia Sotomayor, respaldada por las magistradas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, denunció en su disidencia de 19 páginas que la medida expone a los migrantes a riesgos extremos. “Podrían ser enviados a lugares donde enfrentan tortura o incluso la muerte, sin siquiera la oportunidad de ser escuchados”, advirtió.
Según se conoce Sudán del Sur es uno de los países con altos índices de pobreza a nivel internacional y junto a este fenómeno las olas de violencia se han incrementado considerablemente desde que se separó en el 2011 de Sudán. Los expertos aseguran que de persistir esta situación podría sin duda alguna iniciarse una guerra civil en esa nueva nación.
El fallo aún no es definitivo, ya que el caso continúa en tribunales inferiores, donde un juez federal había frenado previamente una deportación hacia Sudán del Sur para permitir una revisión legal. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta práctica ofrece una alternativa viable cuando los países de origen se niegan a aceptar a sus nacionales o cuando no existen relaciones diplomáticas sólidas.
El camino para implementar esta medida ha estado lleno de obstáculos legales. En los últimos meses, jueces federales bloquearon varias deportaciones, alegando que los migrantes tienen derecho a impugnar su expulsión hacia países donde podrían enfrentar diferentes problemas. No obstante, el nuevo fallo permite al gobierno proceder con las deportaciones mientras continúan los litigios en instancias inferiores.
El trasfondo de esta política revela el renovado enfoque de Trump en su campaña presidencial, centrado en una agenda migratoria de línea dura. A la par de estas deportaciones aceleradas, ha propuesto la reinstauración del programa «Quédate en México», mayores restricciones al asilo y dar poder a gobiernos estatales para intervenir en materia migratoria.
Mientras tanto, los litigios seguirán avanzando en tribunales federales, y se espera que la legalidad definitiva de esta política sea decidida por la Corte Suprema más adelante. Organizaciones defensoras de derechos humanos ya anunciaron nuevas demandas para frenar su aplicación, alegando que viola tratados internacionales y los principios fundamentales del debido proceso.
