La batalla legal contra el polémico centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en el condado Collier, al suroeste de Florida, ha comenzado a tomar forma en los tribunales federales. Una demanda colectiva interpuesta por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes alega que las condiciones dentro del centro son inhumanas, y solicita una suspensión temporal de sus operaciones.
La jueza federal Kathleen Williams está a cargo del proceso judicial que, además de generar un fuerte debate social y político, podría convertirse en un caso clave en el manejo migratorio del estado de Florida.
El proceso legal arrancó con una audiencia inicial celebrada este mes, apenas unas semanas después de que se interpusiera la demanda. Durante la sesión, la jueza escuchó argumentos sobre la jurisdicción adecuada para el caso: si debe ser tramitado en el Distrito Sur de Florida, donde se presentaron las acciones legales, o en el Distrito Medio, que abarca físicamente al centro de detención en el condado Collier. La decisión sobre este punto será fundamental para definir el rumbo del juicio. La próxima audiencia para debatir la jurisdicción está programada para el 30 de julio.
Además, una audiencia clave fue fijada para el 6 de agosto, fecha en la que la jueza Williams evaluará una solicitud urgente de suspensión temporal de operaciones del centro. Esta medida, de aprobarse, podría poner fin provisionalmente al funcionamiento de “Alligator Alcatraz”, que alberga a cientos de migrantes detenidos por el gobierno estatal de Florida bajo la administración del gobernador Ron DeSantis.
Las denuncias presentadas en la demanda colectiva son graves y numerosas. Según los testimonios recopilados por organizaciones como Americans for Immigrant Justice y la ACLU, los detenidos viven en condiciones de hacinamiento extremo, duermen en colchonetas tiradas en el suelo rodeados de mosquitos, y reciben atención médica deficiente o inexistente. También se denuncia que los detenidos no pueden hablar en privado con sus abogados, lo que representa una violación del derecho a la defensa legal.
Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Michell Borrego, un joven que habría sufrido convulsiones en el centro sin haber recibido atención médica adecuada. Su familia denunció públicamente el caso, señalando que el sistema no solo ignora las necesidades básicas de salud, sino que tampoco ofrece canales efectivos de comunicación con los familiares.
Su madre Yaneisy Fernández afirmó que a su hijo tuvieron que trasladarlo a un hospital para realizarle una cirugía tras complicarse en el centro de detención, sin embargo, poco tiempo después lo reenviaron al mismo sin apenas tener tiempo para la recuperación. “Lo único que me preocupa es que mi hijo coja una infección y se me muera”, lamentó la madre
Juan Palma, otro migrante detenido en el lugar, describió la situación de manera contundente: “32 personas encerradas en una cerca… los mosquitos, demasiados… no se puede estar de pie… no se puede caminar… es terrible”. Su esposa denunció que él está como «desaparecido». “Está como invisible, como una persona que no está bajo custodia de nadie”, dijo López, quien también denunció que “miles de familiares están reportando problemas graves en este lugar”.
A pesar de estas denuncias, el estado de Florida sostiene que el centro cumple con todos los estándares exigidos por la ley. Funcionarios estatales aseguran que los detenidos reciben la atención necesaria y que el sitio fue acondicionado conforme a los reglamentos del Departamento de Seguridad. Sin embargo, informes de organizaciones independientes, así como inspecciones limitadas, contradicen esa postura.
El caso ha despertado gran preocupación entre líderes religiosos y miembros de la sociedad civil. El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, encabezó una vigilia de oración frente a las instalaciones, junto a un grupo de feligreses que rezaban por los migrantes detenidos. Wenski solicitó acceso al centro para constatar personalmente las condiciones, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta oficial. “Nos preocupa el trato que se está dando a estos seres humanos. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos migrantes”, afirmó.
A la controversia legal y humanitaria se suman señalamientos de carácter ambiental. Una segunda demanda interpuesta por grupos ecologistas sostiene que el centro viola la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) por haberse instalado en una zona de humedales sin la debida evaluación de impacto ambiental. Según estas organizaciones, la construcción y operación de “Alligator Alcatraz” pone en riesgo el ecosistema local, afectando la fauna y flora de una región ecológicamente frágil.
En las últimas semanas, se estima que más de 900 personas han sido trasladadas a este centro, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades y ha agravado los problemas de capacidad y condiciones internas.
La situación se desarrolla en medio de un clima político tenso, con el gobernador DeSantis defendiendo su estrategia de combate a la inmigración irregular y ampliación de centros de detención. La opinión pública, sin embargo, está dividida entre quienes apoyan estas medidas en nombre de la seguridad y el control migratorio, y quienes las ven como un ataque a los derechos humanos y al debido proceso.
La decisión que tome la jueza Kathleen Williams en las próximas semanas podría tener profundas implicaciones. Si se aprueba la suspensión temporal, marcaría un precedente importante sobre los límites legales en la detención de migrantes en instalaciones estatales. De lo contrario, el caso podría escalar a instancias superiores, manteniendo en vilo a cientos de personas que siguen detenidas bajo condiciones cuestionadas.
Por ahora, todos los ojos están puestos en las fechas clave del 30 de julio y el 6 de agosto, cuando se definirá no solo el destino de “Alligator Alcatraz”, sino posiblemente el curso de la política migratoria en Florida.
