Un grupo de trabajadores cubanos que participa en la construcción de una nueva terminal del sistema Metro Express en el condado de Miami-Dade ha solicitado públicamente a la alcaldesa Daniella Levine Cava su apoyo para obtener un parole migratorio que les permita permanecer legalmente en Estados Unidos. Los obreros, que aseguran estar calificados como técnicos de aire acondicionado y otros oficios esenciales, advierten que se enfrentan a órdenes de deportación tras irregularidades en sus procesos migratorios al cruzar la frontera.
La petición fue realizada directamente durante una visita oficial de la alcaldesa a las obras del proyecto ferroviario, donde varios de los trabajadores aprovecharon la oportunidad para exponer su situación. Uno de los obreros dijo que necesita un parole que le permita continuar trabajando en Estados Unidos teniendo en cuenta que cuando entró el país por la frontera lo procesaron mal y ahora teme por una posible deportación.
Los cubanos involucrados en el proyecto argumentan que su experiencia y conocimientos técnicos son altamente demandados en el sur de Florida, particularmente en áreas como refrigeración, electricidad y sistemas HVAC. Su contribución ha sido clave en el avance de las obras de expansión del sistema Metro Express, una infraestructura prioritaria para mejorar el transporte público en la región.
Según relataron, la mayoría ingresó a EE.UU. a través de la frontera sur y actualmente se encuentran en proceso de deportación debido a fallos en su registro inicial o a no haber sido admitidos formalmente bajo parole humanitario. Estos errores, explican, los colocaron en una categoría legal indefinida que amenaza su estadía y capacidad de trabajar.
Durante el encuentro, la alcaldesa Levine Cava escuchó sus preocupaciones con atención, aunque aclaró que no podía prometer gestionar el otorgamiento de un parole. No obstante, les sugirió buscar asesoría legal para postularse a visados especiales para trabajadores con habilidades escasas, una opción que ha sido viable para algunos inmigrantes en situaciones similares.
En ese sentido dijo que muchas industrias del condado, incluyendo la construcción y los servicios, dependen de mano de obra inmigrante calificada. Agregó que, aunque no está en sus manos otorgar beneficios migratorios, alientan a los trabajadores a explorar todas las vías legales disponibles con asesoramiento experto.
El caso de estos obreros cubanos reaviva el debate sobre la dependencia estructural del sur de Florida en trabajadores indocumentados que, pese a desempeñar roles fundamentales en sectores estratégicos, enfrentan incertidumbre jurídica. En un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump, muchos temen que su contribución económica y social no sea suficiente para evitar una deportación inminente.
La construcción de la nueva terminal del Metro Express forma parte de un ambicioso plan de ampliación del sistema de transporte regional, valorado en cientos de millones de dólares, y cuya ejecución depende en buena medida de subcontratistas que emplean mano de obra migrante.
Organizaciones de derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por la creciente cantidad de trabajadores esenciales que quedan atrapados en vacíos legales. “Estas personas no solo están trabajando, están construyendo infraestructura crítica para todos. El sistema debería brindarles una oportunidad de regularización en lugar de amenazarlos con la expulsión”, opinó un portavoz de una ONG local.
Hace unas semanas atrás el presidente Donald Trump apoyó la política gubernamental con respecto a la inmigración ilegal, pero admitió que muchos inmigrantes de la hotelería y la agricultura son necesarios. «Agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando excelentes trabajadores con amplia experiencia, y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar», afirmó el mandatario.
Hasta el momento, no se ha anunciado una respuesta oficial por parte de la alcaldía sobre una posible intervención institucional en el caso. Los trabajadores, por su parte, insisten en que su intención es clara: seguir aportando al desarrollo del país, pero con dignidad y reconocimiento legal.
