La administración de Donald Trump enfrenta una nueva ofensiva desde el Congreso para cerrar lo que legisladores califican como “lagunas” del embargo a Cuba, justo cuando el propio régimen reconoce que sus reservas de combustible podrían agotarse en cuestión de días.
Los congresistas republicanos por Florida Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar reclamaron formalmente que el Departamento de Comercio revise más de 100 millones de dólares en licencias de exportación que aún permiten el envío de bienes y operaciones comerciales hacia la Isla.
Cuba, al borde del colapso energético
La presión legislativa se intensifica tras el bloqueo de facto a importaciones clave de petróleo, una situación que ha empujado al gobernante Miguel Díaz-Canel a admitir públicamente que el país está “cerca del fracaso”.
Según reportes internacionales, el régimen cubano podría quedarse sin combustible en apenas 15 días, lo que agravaría aún más los apagones, la paralización del transporte y la crisis económica generalizada que vive la población.
Licencias bajo la lupa
Los congresistas denuncian que muchas de las licencias de exportación activas no benefician al pueblo cubano, sino que terminan fortaleciendo económicamente al Estado y a conglomerados controlados por los militares.
Entre los bienes autorizados figuran:
- Artículos de lujo
- Materiales de construcción
- Automóviles
- Equipamiento diverso enviado a direcciones vinculadas a zonas oficiales como Plaza de la Revolución y Marianao
Según los legisladores, estas operaciones contradicen el espíritu del embargo y terminan funcionando como un salvavidas financiero para la dictadura.
¿Qué viene ahora?
La petición es clara:
- Revisión exhaustiva de todas las licencias activas
- Revocación inmediata de aquellas que generen beneficios directos o indirectos al régimen
- Endurecimiento extremo del escrutinio para nuevas solicitudes de exportación
Respaldo total a la línea dura
Pese a las críticas, los congresistas reiteraron su respaldo total a la estrategia de presión de la administración Trump y al papel del secretario de Estado Marco Rubio, subrayando que las sanciones deben aplicarse con firmeza y coherencia.
El mensaje es contundente: sin cambios democráticos reales en Cuba, no debe haber envíos, vuelos ni oxígeno económico para la dictadura.
