Casi el 30% de los inmigrantes detenidos por ICE en Estados Unidos nunca cometió un delito

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dio a conocer estadísticas recientes que muestran un giro significativo en sus operaciones: actualmente, la mayoría de las personas bajo su custodia son inmigrantes sin historial delictivo, superando en número a quienes tienen condenas previas o procesos judiciales en curso.

El más reciente informe muestra que el 27,65% de los inmigrantes detenidos en 2025 carece de antecedentes criminales. En cifras absolutas, esto significa que 16.523 personas se encuentran bajo custodia a pesar de no haber cometido delitos en Estados Unidos.

La estadística contrasta con los 15.725 detenidos con historial criminal y los 13.767 con cargos pendientes, revelando que uno de cada tres arrestos no corresponde a criminales peligrosos, como había prometido priorizar la política migratoria.

De las promesas de “enfocarse en delincuentes” a la práctica diaria

Tanto en la administración Trump como en gobiernos previos, la narrativa oficial insistió en que el objetivo era expulsar a criminales violentos y a quienes representaran un riesgo real para la seguridad pública. Sin embargo, las cifras revelan una tendencia distinta: cada vez más inmigrantes sin historial delictivo caen en los operativos.

Especialistas en política migratoria advierten que esto responde a una combinación de factores entre ellos la presión institucional de cumplir con una meta diaria de 3.000 detenciones, el uso extendido de “arrestos colaterales”, donde inmigrantes que no eran el objetivo inicial son igualmente detenidos, así como la falta de una definición clara y uniforme sobre qué constituye una “prioridad” para ICE.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, inauguró recientemente en Luisiana un nuevo centro de detención denominado Camp 57, destinado a recluir a inmigrantes indocumentados señalados por delitos graves. Esta iniciativa busca ampliar la capacidad de detención del ICE, pese a que gran parte de las personas bajo custodia no están vinculadas con crímenes violentos.

Diferencias geográficas en las redadas

Los operativos varían según la región y el clima político local. En áreas de fuerte influencia republicana, como Miami, Nueva Orleans o Dallas, las detenciones suelen concentrarse en personas ya encarceladas por delitos previos. En cambio, en zonas demócratas como Los Ángeles y Chicago, ICE ha desplegado estrategias más agresivas que terminan incluyendo a inmigrantes sin antecedentes.

Estas diferencias han generado un mosaico de prácticas que refuerzan la percepción de que la política migratoria no se aplica de manera homogénea en todo el país.

Una tendencia con antecedentes históricos

Este no es un fenómeno nuevo. Durante el gobierno de Barack Obama, organizaciones migratorias criticaron la política de “deportaciones récord”, muchas de ellas de inmigrantes sin delitos graves. En la administración Trump, el discurso se endureció con un enfoque en “criminal aliens”, pero la práctica, al igual que ahora, reflejó una realidad más compleja: miles de familias afectadas por detenciones de personas que no habían cometido delitos.

Redes sociales bajo vigilancia

Al mismo tiempo, la administración impulsa una propuesta que obligaría a los inmigrantes a entregar sus cuentas de redes sociales al solicitar residencia, asilo o naturalización. La medida, actualmente en período de consulta pública hasta el 16 de octubre, afectaría potencialmente a más de tres millones de solicitantes cada año.

Los formularios migratorios que contemplan la exigencia de entregar identificadores de redes sociales abarcan solicitudes como la de naturalización (N-400), residencia permanente (I-485), asilo (I-589), entre otros trámites esenciales. Paralelamente, la Administración ha intensificado la revisión de las redes sociales de quienes solicitan visas, con funcionarios consulares monitoreando publicaciones que puedan interpretarse como hostiles hacia Estados Unidos.

La disposición, difundida hace poco en el Registro Federal, busca reforzar los procesos de verificación de identidad y fortalecer la seguridad nacional. Esta acción responde a una orden ejecutiva firmada por Trump en enero, que establece la necesidad de intensificar los controles migratorios.

Defensores de derechos civiles alertan que esta política abre la puerta a una vigilancia digital masiva, mientras que las autoridades sostienen que se trata de una herramienta de seguridad para verificar identidades y detectar vínculos con actividades ilícitas.

El costo humano de las cifras

Más allá de los números, los efectos recaen en las comunidades y familias. Organizaciones como American Immigration Council han documentado casos de padres detenidos cuando llevaban a sus hijos a la escuela, o trabajadores arrestados en operativos laborales pese a no tener antecedentes.

Estas detenciones no solo generan traumas familiares, sino también impactos económicos, pues miles de hogares pierden a su sostén principal de un día para otro. En ciudades como Miami y Houston, la incertidumbre se traduce en miedo a salir a la calle, acudir a hospitales o incluso reportar delitos por temor a ser detectados por ICE.

Un debate sin cierre

La creciente proporción de inmigrantes sin antecedentes en centros de detención reaviva el debate sobre el enfoque real de la política migratoria estadounidense. Mientras el gobierno defiende su estrategia como un mecanismo de control fronterizo y seguridad, organizaciones y líderes comunitarios insisten en que se trata de un sistema que criminaliza la inmigración en sí misma, más que a los delincuentes.

Con nuevas medidas en discusión y la supervisión de redes sociales en el horizonte, el futuro de la política migratoria parece inclinarse hacia un mayor control, lo que plantea un dilema: ¿priorizar la seguridad nacional o garantizar la dignidad y los derechos de millones de inmigrantes?