Cantar en Cuba podría costar caro: riesgo de sanciones a músicos residentes en EE.UU.

La polémica por las recientes actuaciones en Cuba de los artistas Dany Ome y Kevincito el 13, ambos residentes en Estados Unidos, ha encendido un debate que trasciende el escenario musical. Una petición formal del congresista Mario Díaz-Balart al Departamento del Tesoro para investigar si estos cantantes violaron las sanciones del embargo estadounidense contra el régimen de La Habana podría marcar un antes y un después en la relación entre la diáspora cubana y su país de origen.

La solicitud de Díaz-Balart y el alcance legal

Díaz-Balart pidió a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entidad encargada de aplicar las sanciones, que determine si las presentaciones de los artistas constituyeron una violación de la normativa federal que prohíbe a ciudadanos y residentes estadounidenses realizar transacciones económicas con el gobierno cubano o con instituciones que lo financien.

De acuerdo con la legislación vigente, los artistas que residan legalmente en EE.UU. —ya sea con residencia permanente, visa de trabajo o ciudadanía— no pueden recibir pagos, contratos o beneficios económicos provenientes de empresas, ministerios o entidades culturales estatales cubanas. Esto incluye conciertos organizados por Musicuba, EGREM, el Instituto Cubano de la Música o el Ministerio de Cultura.

La preocupación de Díaz-Balart se centra en que estas actividades pueden beneficiar financieramente al régimen mediante impuestos o pagos institucionales, incluso cuando los artistas afirmen actuar “para el pueblo”.

Posibles consecuencias: sanciones y restricciones migratorias

De confirmarse una violación, los músicos podrían enfrentar multas económicas de hasta 100 mil dólares, la pérdida de permisos de trabajo e incluso la revocación de visados o ciudadanía estadounidense. Además, serían susceptibles de restricciones migratorias que les impedirían regresar o trabajar en el país. En algunos casos, las sanciones pueden incluir la prohibición de realizar negocios en territorio norteamericano durante varios años.

El impacto, sin embargo, podría ir más allá de EE.UU.: otros países aliados podrían limitar la participación internacional de los artistas involucrados, cerrándoles las puertas a festivales, contratos de distribución y plataformas de colaboración global.

Entre la nostalgia y el riesgo: el dilema de los artistas cubanos

La comunidad artística cubana radicada en el extranjero enfrenta un dilema que no es nuevo. Muchos desean mantener el vínculo cultural y emocional con su público en la Isla, pero se enfrentan a un marco legal que considera “colaboración económica con el régimen” cualquier acción que involucre instituciones oficiales.

Artistas y promotores advierten que el límite entre actuar por motivos personales y participar en actividades auspiciadas por el Estado se ha vuelto cada vez más difuso. Mientras tanto, en redes sociales, la controversia ha dividido opiniones: algunos defienden la libertad de expresión y el derecho a compartir su arte en Cuba; otros exigen coherencia con el compromiso político del exilio y ven las actuaciones como una forma de “legitimar al régimen”.

Antecedentes de tensiones similares

El conflicto entre arte y política cubano-estadounidense no es nuevo. En el pasado, figuras como Haila María Mompié, Alexander Abreu o Los Van Van fueron objeto de protestas y cancelaciones en EE.UU. por considerarse “voceros del régimen”. En 2020, la llegada de Haila a Miami Beach provocó manifestaciones y la cancelación de su presentación tras denuncias de grupos del exilio.

También hubo episodios inversos: artistas que emigraron y luego regresaron a actuar en la Isla enfrentaron críticas tanto de la oposición como de las autoridades culturales cubanas. El caso de Dany Ome y Kevincito el 13, sin embargo, podría ser el primero en derivar en una investigación formal del Departamento del Tesoro, lo que sentaría un precedente legal con consecuencias concretas.

Una decisión que podría marcar precedente

El resultado de esta revisión determinará si cantar en Cuba mientras se reside en Estados Unidos puede considerarse un acto de violación a las sanciones federales. De confirmarse esa interpretación, la comunidad artística cubana en EE.UU. quedaría ante un escenario restrictivo: cada viaje o colaboración podría ser examinado bajo criterios de cumplimiento financiero, político y diplomático.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses mantienen silencio, y el Tesoro no ha confirmado si ha iniciado formalmente la investigación. El tema sigue generando debate en Miami, donde algunos opinan que la cultura no debe ser usada como arma política, mientras otros sostienen que “ninguna expresión artística debe financiar a una dictadura”.

El marco legal: la OFAC, la Ley Helms-Burton y las restricciones culturales

Las relaciones económicas y culturales entre EE.UU. y Cuba están reguladas por un entramado jurídico complejo que incluye:

• La Ley de Comercio con el Enemigo (1917), que sirve como base legal para el embargo comercial.
• La Ley Torricelli (Cuban Democracy Act, 1992), que amplió las restricciones a subsidiarias estadounidenses en terceros países.
• La Ley Helms-Burton (1996), que codificó el embargo y reforzó el control sobre inversiones o colaboraciones con entidades vinculadas al régimen.
• Y las regulaciones de la OFAC (31 CFR Part 515), que prohíben cualquier transacción que implique beneficio económico directo o indirecto para el gobierno cubano.

En términos prácticos, esto significa que un ciudadano o residente estadounidense no puede recibir compensación por presentaciones en Cuba si el pago, la organización o la promoción involucran instituciones del Estado.
Incluso un evento “cultural” puede ser considerado una violación si se demuestra que generó ingresos para el régimen o para empresas bajo su control.