Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron el 7 de agosto de 2025 a Eduardo Fundora-Setién, un ciudadano cubano de 59 años con antecedentes por violencia doméstica en segundo y tercer grado en Louisiana.
La detención ocurrió el 7 de agosto pero se dio a conocer este 14 de agosto, cuando la agencia lo publicó en X como parte de su campaña “Worst of the Worst” (“lo peor de lo peor”), que apunta a inmigrantes considerados altamente peligrosos para la seguridad pública.
Un historial que lo colocó en la mira
Según el comunicado oficial, Fundora-Setién contaba con condenas previas por violencia doméstica, delitos que en Louisiana pueden implicar desde agresiones físicas que provocan lesiones hasta amenazas graves contra la integridad de la víctima. Este historial fue determinante para que ICE lo identificara como objetivo prioritario en sus operativos.
La agencia no especificó la fecha exacta de las condenas ni si el detenido cumplió una sentencia en prisión estatal antes de ser puesto bajo custodia federal, pero sí señaló que su presencia en el país constituye un riesgo para la comunidad.
La campaña “Worst of the Worst”
Iniciada por ICE como parte de su estrategia de priorizar la detención y deportación de inmigrantes con antecedentes criminales graves, la campaña busca generar un efecto disuasorio y visibilizar casos emblemáticos.
Bajo esta iniciativa, las autoridades difunden públicamente los nombres, fotos y cargos criminales de los detenidos, con el argumento de alertar a la ciudadanía y reafirmar el compromiso con la “protección de las comunidades”.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado esta práctica, calificándola de “estigmatizante” y señalando que puede fomentar prejuicios hacia grupos migrantes completos, independientemente de los delitos cometidos por algunos de sus miembros.
Proceso migratorio y posibles escenarios
Tras su arresto, Fundora-Setién fue trasladado a un centro de detención de ICE, donde permanecerá mientras enfrenta procedimientos de expulsión.
El destino final aún está por definirse:
- Deportación a Cuba, si el gobierno cubano acepta su repatriación.
- Traslado a un tercer país, opción que se aplica con mayor frecuencia en casos en los que La Habana rechaza recibir a nacionales con antecedentes penales graves.
Este tipo de reasignación a un país de tránsito o de origen alternativo suele implicar negociaciones diplomáticas y puede prolongar la detención del individuo durante meses o incluso años.
Contexto de deportaciones a cubanos con antecedentes
El caso de Fundora-Setién no es aislado. En los últimos meses, ICE ha intensificado sus operaciones contra ciudadanos cubanos con historial de delitos violentos, narcotráfico, posesión ilegal de armas, robos y fraudes.
El pasado 6 de agosto, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a cabo dos detenciones relevantes como parte de sus operaciones contra inmigrantes con antecedentes criminales. En Texas, los agentes arrestaron a Osvaldo Rabiero Álvarez, un hombre de 72 años con un amplio historial delictivo que incluye condenas por falsificación de documentos, tráfico de cocaína y heroína, además de robo y agresión agravada.
Ese mismo día, en Florida, fue capturado Andrés Guilarte, señalado por su implicación en delitos de tráfico de cocaína y el robo de un vehículo motorizado. Ambos casos forman parte de la estrategia de ICE para identificar y retirar de las calles a personas consideradas de alto riesgo para la seguridad pública.
A finales de julio, en Nueva Orleans, las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas detuvieron a Eduardo Luis Machín Pozo, de 64 años, quien cuenta con antecedentes penales en Alabama por tráfico de drogas y posesión de sustancias peligrosas. La captura se enmarca en las operaciones de ICE enfocadas en localizar y arrestar a inmigrantes con historial criminal en distintas jurisdicciones del país.
En esa misma ciudad, agentes de ICE también arrestaron a la ciudadana cubana Lianet Peña Font, quien cumplió una condena de dos años de prisión por conspirar para distribuir más de 500 gramos de cocaína.
Entre los ejemplos recientes destacan también:
- Arrestos en Texas de cubanos acusados de distribución de drogas y tenencia de armas prohibidas.
- Capturas en Florida por casos de violencia agravada y robos a mano armada.
- Operativos en otras zonas de Louisiana por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
Esta tendencia coincide con un endurecimiento general de la política migratoria bajo la actual administración estadounidense, que ha enfatizado la tolerancia cero hacia extranjeros con historial criminal.
Reacciones y debate público
Mientras ICE defiende su estrategia como una medida de protección ciudadana, sectores defensores de inmigrantes advierten sobre el riesgo de utilizar campañas mediáticas para generalizar la imagen del migrante como delincuente.
Portavoces de organizaciones comunitarias han subrayado que, aunque individuos como Fundora-Setién tengan condenas graves, la mayoría de los inmigrantes —incluyendo los cubanos— no están involucrados en actividades delictivas. También critican que el sistema migratorio no siempre ofrece garantías suficientes para que los detenidos puedan apelar su expulsión o demostrar vínculos familiares y laborales que justifiquen su permanencia en el país.
Según las autoridades, gran parte de las personas detenidas en estos operativos cuentan con órdenes finales de deportación o enfrentan procesos migratorios activos, lo que refuerza la prioridad de estas acciones en el marco de las políticas de seguridad y control fronterizo.
En algunos casos, la deportación no llega a materializarse, ya que el gobierno cubano rechaza la repatriación de ciudadanos con historial delictivo. Ante esta negativa, las autoridades migratorias de Estados Unidos se ven obligadas a gestionar su traslado a terceros países dispuestos a recibirlos, prolongando así los procesos y complicando las operaciones de expulsión.
En junio, la Corte Suprema dio luz verde al gobierno federal para retomar las deportaciones hacia terceros países, aunque no correspondan al lugar de origen de los migrantes. La decisión revocó un fallo previo que obligaba a las autoridades a evaluar, antes de la expulsión, el riesgo de que las personas enfrentaran tortura o muerte en esos destinos alternativos.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), más de 42.000 ciudadanos cubanos que residen en Estados Unidos se encuentran catalogados como deportables, ya sea por tener órdenes de expulsión vigentes o por estar implicados en procesos migratorios que podrían derivar en su remoción del país.
La expulsión de cubanos con antecedentes penales responde a una política de mano dura en materia migratoria, reforzada durante el mandato de Donald Trump. Esta estrategia tiene como meta prioritaria la remoción de extranjeros que las autoridades consideran una amenaza grave para la seguridad pública, a quienes describen como “los peores de los peores”. En esa categoría incluyen a individuos condenados por delitos como abuso infantil, narcotráfico, violación, pertenencia a pandillas y actos de violencia extrema.
Lo que viene
En las próximas semanas, un juez de inmigración evaluará el caso de Fundora-Setién, considerando sus antecedentes, la viabilidad de su deportación a Cuba o a un tercer país, y cualquier argumento de defensa que pueda presentar su abogado. Mientras tanto, el detenido sigue bajo custodia federal, y su caso se suma a la lista de operaciones de alto perfil que ICE ha usado para reforzar su mensaje de que los inmigrantes con historial delictivo no tienen cabida en territorio estadounidense.
