Autoridades de inmigración reciben datos de inmigrantes inscritos en el programa de Medicaid por indicación de la administración Trump

The Associated Press obtuvo acceso a un conjunto de correos electrónicos y un informe interno los cuales demuestran que funcionarios de Medicaid intentaron impedir sin tener éxito las transferencias de datos haciendo alusión a inquietudes éticas y legales. Dos de los asesores más cercanos del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., solicitaron que los datos fueran enviados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según datos recogidos de los correos electrónicos.

Los empleados de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) contaron con apenas 54 minutos el martes para llevar a cabo la orden. La base de datos abarca información personal de ciudadanos del distrito de Columbia, Illinois, Washington y California donde está legislado que los no ciudadanos puedan registrarse en programas de Medicaid los cuales cubren sus fondos de los contribuyentes del estado.


Los sistemas de gestión de contenido enviaron los datos justo en el momento en que la administración de Trump estaba aumentando sus iniciativas de control de la inmigración en el sur de California. En un comunicado que realizó el gobernador de California, Gavin Newsom, manifestó su inquietud sobre el uso que los agentes de inmigración pudiesen darles a estos datos en particular con los recientes operativos de ICE, otras agencias y hasta la Guardia Nacional y efectivos de los marines en ciudades como Los Ángeles.

“Valoramos profundamente la privacidad de todos los californianos. Esta posible transferencia de datos que nos muestra la AP es extremadamente preocupante, y si es cierta, es potencialmente ilegal, particularmente en vista de los numerosos titulares que destacan el posible uso federal indebido de información personal y las acciones federales para abordar la información personal de los estadounidenses”, destaca el texto de Newsom.

Andrew Nixon, el vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS), afirmó que la divulgación de información fue legítima. No quiso aclarar por qué se proporcionaron los datos al DHS ni de qué manera serían empleados. “Con respecto al reciente intercambio de datos entre los CMS y el DHS, el HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal, y en total cumplimiento con todas las leyes aplicables, para asegurar que los beneficios de Medicaid estén reservados para individuos que tienen el derecho legal a recibirlos”, afirmó el portavoz.

Los especialistas indicaron que, además de colaborar con las autoridades en la identificación de los migrantes, el gobierno podría utilizar los datos para desalentarlos en su búsqueda de obtener la residencia legal, una visa permanente o la ciudadanía, especialmente si en algún momento se beneficiaron de Medicaid con fondos federales.

A finales del mes pasado, los CMS comunicaron que estaban llevando a cabo una revisión de algunas personas que están registradas en Medicaid en determinados estados, con el fin de confirmar que no se han utilizado fondos federales para proporcionar cobertura a individuos con “estatus migratorio insatisfactorio”.


En una misiva de CMS a los encargados estatales de Medicaid indicaron que esta iniciativa formaba parte de una orden ejecutiva del presidente con título “Eliminar el financiamiento de los contribuyentes para las fronteras abiertas”, firmada el 19 de febrero.

Los estados de california, Illinois y Washington en el marco de la investigación revelaron información sobre los ciudadanos inscritos en sus regiones en el programa de salud, de acuerdo con un memorando de Sara Vitolo, subdirectora de Medicaid del 6 de junio al que tuvo acceso AP. Según fuentes cercanas al procedimiento varios funcionarios de CMS bajo el liderazgo de Vitolo escribieron el texto.

Según el memorando y dos fuentes que conocen la información enviada por los estados a los CMS, los datos abarcan direcciones, nombres, números de seguro social y la información de reclamaciones de los beneficiarios en esos estados. Ambas fuentes solicitaron permanecer en el anonimato, ya que no tenían permiso para revelar detalles sobre la transmisión de datos.

Funcionarios de CMS se opusieron contra la solicitud de entrega de información al DHS bajo el argumento de que esto infringía las leyes federales, entre ellas la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974. “Distintas autoridades estatutarias y regulatorias federales no permiten que los CMS compartan esta información con entidades fuera de los CMS”, afirmó Vitolo añadiendo que el suministro de información personal solo es autorizado para la gestión directa del programa Medicaid.

Vitolo, una funcionaria de carrera, comunicó a Kim Brandt, la administradora adjunta y directora de operaciones de los CMS nombrada por Trump, que proporcionar datos sobre solicitantes o participantes en Medicaid a empleados del DHS infringiría una política establecida desde hace mucho tiempo. No fue posible establecer comunicación con Vitolo ni con Brandt para obtener sus opiniones.

Los razonamientos jurídicos presentados en el documento no consiguieron convencer a los nombrados por Trump en el HHS, encargado de la supervisión de Medicaid. Cuatro días tras el envío del memorando los funcionarios del HHS pidieron que las informaciones se transmitieran al DHS para las 5:30 pm, de acuerdo con email que comprobó AP.

Antiguos funcionarios gubernamentales afirmaron que esta acción era poco común, ya que los CMS, que poseen datos de salud privados de aproximadamente la mitad de la población, generalmente no divulgan información tan delicada a otros organismos. “El DHS no tiene ninguna función en nada relacionado con Medicaid”, afirmó Jeffrey Grant, quien fue empleado de forma permanente en los CMS.

Aparte de sus razones jurídicas, Vitolo mencionó que el hecho de proporcionar información al DHS podría tener un efecto disuasorio en los estados, posiblemente llevándolos a no divulgar datos. Según ella, era esencial que los estados se resguardaran del riesgo legal que implicaría compartir información que podría ser utilizada por las autoridades de inmigración en relación con funcionarios federales.

Cada estado tiene la obligación de brindar servicios de emergencia de Medicaid a aquellas personas que no están naturalizadas en el país al igual que a los que residen de forma legal, pero que todavía no tienen los cinco años completados para solicitar el Medicaid.

Un total de siete estados, además del Distrito de Columbia, han decidido permitir que los inmigrantes indocumentados se registren en el programa Medicaid de su estado, disfrutando de todos los beneficios. Estas iniciativas fueron implementadas durante la administración del anterior presidente Joe Biden, y los estados afirmaron que no presentarían facturas al gobierno federal para financiar la atención médica de estos inmigrantes. La administración de Trump ha generado incertidumbres respecto a ese compromiso.

«Los estados para inmigrantes “abrieron las compuertas para que los inmigrantes ilegales se aprovechen de Medicaid, y obligaron a los estadounidenses trabajadores a pagar la factura”, dijo el vocero del HHS, Nixon.

Los estados de Nueva York, Colorado, Minnesota, Washington, Oregon, Illinois y California son liderados por gobernadores demócratas. Newson dijo a inicios de este año que cancelaría la inscripción en el programa sustentado argumentando problemas de presupuesto, en tanto el estado de Illinois aseguró que con 30 mil no ciudadanos cerrará el programa en el mes de julio.

Por otro lado, los estados restantes (Nueva York, Oregón, Minnesota y Colorado) no han aportado la información a CMS en este proceso de revisión, de acuerdo con un representante de salud pública que examinó las peticiones de esas agencias en los estados. Los representantes de salud pública de Washington, el Distrito de Columbia e Illinois no proporcionaron respuestas a las solicitudes de opinión.

El comunicado de la oficina de Newsom destacó que la provisión de datos afecta a todos los habitantes de California, pero resulta particularmente alarmante para los grupos más vulnerables.


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