Agentes de la Unidad de Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) de Miami y Tampa detuvieron a Gilberto Michael Marrero Henríquez, un ciudadano cubano de 40 años que permanecía ilegalmente en Estados Unidos desde 2015 y que acumulaba un amplio historial delictivo.
De acuerdo con las autoridades, Marrero Henríquez tenía antecedentes por conducción bajo los efectos del alcohol, fraude, robo mayor, violaciones de libertad condicional y múltiples delitos de tránsito, lo que lo convirtió en objetivo prioritario de las acciones de control migratorio.
Operativos en aumento
Su arresto ocurre en un contexto de endurecimiento de las operaciones migratorias en Florida, donde ICE ha incrementado notablemente el número de detenciones en 2025. Hasta mediados de año se habían registrado más de 10.800 arrestos, frente a 3.496 en el mismo período de 2024, lo que representa un aumento de casi el 200 %.
Aunque la mayoría de los casos están vinculados a inmigrantes con antecedentes criminales, el porcentaje de detenidos sin historial delictivo también va en ascenso. En Florida, el 36 % de los arrestos de junio correspondió a personas sin antecedentes penales, mientras que a nivel nacional esta proporción alcanzó el 47 %.
Colaboración local y centros de detención
Florida se ha convertido en epicentro de estas operaciones debido a los acuerdos bajo la ley 287(g), que permiten a policías estatales y locales actuar como agentes de inmigración. Con 295 convenios en vigor, el estado lidera este tipo de cooperación con ICE.
El aumento de arrestos ha generado una fuerte presión sobre los centros de detención, como el Krome Detention Center, cuya población se triplicó en 2025, pasando de 600 a casi 1.700 internos. Diversas organizaciones han denunciado hacinamiento, falta de agua y alimentos, deficiencias médicas y abusos contra los detenidos, lo que ha despertado críticas sobre las condiciones en las que se mantienen a los inmigrantes.
Entre seguridad y controversia
El caso de Marrero Henríquez ilustra la línea de acción del gobierno federal y de Florida, enfocada en deportar a inmigrantes considerados una amenaza para la seguridad pública, pero también refleja el debate creciente en torno al aumento de detenciones de personas sin historial criminal y las denuncias por tratos inhumanos en los centros de custodia.
Mientras ICE defiende la necesidad de proteger a la comunidad retirando de las calles a individuos con antecedentes graves, organizaciones de derechos humanos insisten en que los operativos masivos y la falta de garantías dentro de los centros de detención ponen en riesgo la dignidad y los derechos básicos de miles de inmigrantes.
Los operativos de inmigración y seguridad continúan en distintas partes del país, y varios casos han resaltado en las últimas semanas la detención de cubanos con prontuarios criminales relevantes.
En Rochester, Nueva York, el 14 de julio, ICE Buffalo arrestó a Geraldo Lunas‑Campos, un ciudadano cubano ilegalmente presente en EE.UU. con un extenso historial delictivo que abarca desde agresión sexual contra un menor de 11 años, agresión agravada con arma y posesión de arma cargada, hasta venta de drogas y robo menor. Según las autoridades, Lunas-Campos actuó sin control durante casi dos décadas en varios estados y ahora se encuentra bajo custodia federal en espera de su remoción.
En Texas, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur reportó el arresto de dos hombres cubanos —Sadiel Noa‑Aguila y Miguel Baez‑Echevarría— implicados en una red nacional de robo y exportación de autos. El entramado operaba en ciudades como Las Vegas, Phoenix, Fort Lauderdale y Houston, robando automóviles mediante reprogramación electrónica de llaves y su posterior exportación a México. Enfrentan cargos por exportación de vehículos robados y conspiración de lavado de dinero.
Otro caso significativo tuvo lugar a nivel federal: el 18 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la captura de Roslandy Garcia‑Cruz, un cubano sin estatus legal, quien acumulaba 23 condenas penales en su historial, incluyendo fraude, uso de herramientas criminales y contrabando de dispositivos ilícitos. Este arresto formó parte de una operación focalizada en los «peores criminales ilegales».
Ya en la frontera sur, la Patrulla Fronteriza detuvo el 18 de julio a Evelio Jesús Yera, un cubano con múltiples condenas por delitos sexuales contra menores. Fue arrestado en Texas y enfrenta cargos por reingreso ilegal al país.
