
Florida, uno de los estados con menor carga impositiva del país, podría dar un paso sin precedentes: eliminar el impuesto a la propiedad sobre las residencias principales. El proyecto de ley HJR 201, presentado por el representante republicano Kevin Steele (Distrito 55, al norte de Tampa), busca modificar la Constitución estatal para eximir completamente del pago del impuesto ad valorem a los propietarios de viviendas familiares (homestead), a partir del 1 de enero de 2027.
La propuesta cuenta con el respaldo del gobernador Ron DeSantis, quien la presenta como una medida para “proteger el derecho de los floridanos a conservar su hogar sin que los impuestos los expulsen de él”.
Qué contempla la reforma
El plan eliminaría el impuesto a la propiedad sobre la vivienda principal, pero mantendría el componente que financia los distritos escolares, de modo que las contribuciones destinadas a la educación primaria y secundaria seguirían existiendo. Para mitigar críticas sobre seguridad pública, el texto incluye una cláusula que prohíbe a condados y municipios reducir fondos destinados a la policía como resultado de la eliminación del impuesto.
El origen: una crisis de asequibilidad
Desde la pandemia, Florida ha experimentado un alza vertiginosa en los precios de la vivienda, lo que incrementó el valor tasado de los inmuebles y, con ello, los montos del impuesto a la propiedad provocando daños financieros considerables a los propietarios del estado y desencadenando el apoyo de líderes políticos que buscan aliviar esta carga.
Los propietarios —especialmente jubilados y familias de ingresos medios— han visto cómo el costo de mantener su hogar ha aumentado a pesar de los límites anuales de crecimiento del 3 %. Steele argumenta que su proyecto evita que el gobierno “castigue” a quienes ven subir el valor de su casa, en un contexto donde los precios de Miami, Tampa o Naples han superado récords históricos.
Riesgos fiscales y desigualdades territoriales
No obstante, expertos y organizaciones cívicas advierten que esta reforma podría debilitar las finanzas locales. Los gobiernos de condado y ciudad dependen de este tributo para financiar servicios esenciales: bomberos, mantenimiento de calles, parques, bibliotecas, salud comunitaria y programas sociales.
La Florida Education Association (FEA) alerta que los impuestos a la propiedad aportan casi la mitad del presupuesto escolar (46 %), y que cualquier cambio en su estructura podría acentuar la desigualdad entre distritos ricos y rurales.
“Eliminar los impuestos a la propiedad en viviendas desestabilizaría la financiación de los gobiernos de condados rurales. Estos se verán forzados a recortar servicios esenciales o aumentar de manera drástica el impuesto sobre las ventas, lo que afectaría especialmente a habitantes con menores ingresos”., explicó un analista de políticas fiscales», dijo Chad Cummings, abogado tributario y contador público.
Un camino político y constitucional desafiante
Para que la propuesta se convierta en realidad, deberá superar varios obstáculos. Primero, lograr la aprobación por tres quintos de ambas cámaras de la Legislatura estatal. Luego, ser refrendada por al menos el 60 % del electorado en un referéndum.
Si ambos pasos se cumplen, la eliminación entraría en vigor a inicios de 2027, marcando una de las transformaciones fiscales más profundas en la historia del estado.
En paralelo, se debaten otras siete iniciativas relacionadas con el sistema de impuestos a la propiedad, aunque ninguna plantea una eliminación total como la HJR 201, considerada por analistas la más ambiciosa y fiscalmente riesgosa.
Hasta el momento, el Congreso estatal de Florida tiene sobre la mesa ocho propuestas que buscan transformar el actual esquema del impuesto a la propiedad. Siete de ellas llegarán a las urnas en los comicios de 2026, entre ellas la impulsada por el representante Steele.
Según reveló Newsweek, solo una —la resolución HJR 201— plantea suprimir por completo este tributo, aunque mantendría la porción destinada al sostenimiento del sistema educativo público, desde la educación primaria hasta la secundaria.
“Colocar más de una medida sobre el impuesto a la propiedad en la boleta es una estrategia para bloquear cualquier avance. Es un juego político, no un verdadero intento de beneficiar a la ciudadanía”, escribió el gobernador de Florida en su cuenta de X recientemente.
Impacto potencial en Miami-Dade y el sur de Florida
En condados urbanos como Miami-Dade, Broward o Palm Beach, donde los valores de las viviendas se han disparado más de un 60 % en cinco años, la eliminación del impuesto podría representar un alivio significativo para los propietarios. Sin embargo, esos mismos condados dependen del gravamen para sostener infraestructuras críticas —como transporte, agua, saneamiento y programas de resiliencia costera—, lo que anticipa fuertes tensiones presupuestarias si la medida prospera.
En áreas rurales del norte y centro del estado, donde el valor catastral promedio es menor, la eliminación podría beneficiar menos a las familias y crear brechas financieras entre territorios.
Un debate que refleja la filosofía fiscal de Florida
La iniciativa de Steele encaja en la agenda de alivio fiscal promovida por DeSantis, que ha reducido impuestos sobre ventas, combustible y pequeñas empresas, en línea con la identidad conservadora del estado. No obstante, esta propuesta lleva esa filosofía al límite, desafiando el equilibrio entre alivio tributario y sostenibilidad de los servicios públicos.
Los demócratas en la Legislatura han advertido que el plan “puede sonar bien en campaña, pero vaciará las arcas locales y golpeará a los servicios que más usan las familias trabajadoras”.
Hacia un referéndum de alto voltaje
Si la enmienda avanza hasta la papeleta electoral de 2026, la campaña promete ser una de las más polarizadas de la década en Florida. Para los republicanos, eliminar el impuesto a la vivienda principal sería “una victoria histórica para la clase media”. Para sus críticos, una “bomba fiscal” que trasladará los costos a otros sectores.
El debate no solo definirá la política tributaria estatal, sino también la relación entre el gobierno central de Tallahassee y los condados, abriendo una nueva etapa en la historia económica del estado del sol.





