En los últimos días, numerosos venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) han comenzado a recibir notificaciones oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informando que sus casos han sido “cerrados”.
Este mensaje, que aparece tanto en los portales en línea de los beneficiarios como en algunos avisos enviados por correo, ha generado profunda inquietud porque no especifica con claridad si el cierre implica la pérdida del estatus, del permiso de trabajo o de la protección contra la deportación.
La incertidumbre ha sido particularmente fuerte en el sur de la Florida, donde se concentra una de las comunidades venezolanas más grandes del país y donde las organizaciones comunitarias han comenzado a recibir una avalancha de consultas de personas preocupadas por las posibles implicaciones.
El viernes 7 de noviembre marcó el final del TPS para unos 250,000 venezolanos que habían obtenido esta protección en 2021. Aunque la decisión de poner fin al programa ya se había anunciado previamente, la medida no podía entrar en vigor hasta que transcurriera el período de gracia de 60 días establecido por las autoridades.
El 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema dio luz verde para que la cancelación del TPS —programa restablecido en 2023 durante la presidencia de Joe Biden— se aplicara de inmediato. Aun así, USCIS precisa en su página oficial que los titulares de TPS que ya posean permisos de trabajo vinculados a ese estatus, así como Formularios I-797 y I-94 con fecha de vencimiento del 5 de febrero de 2025 o anteriores, no perderán su autorización laboral.
De hecho, toda esa documentación seguirá vigente hasta el 2 de octubre de 2026, gracias a una orden emitida el 30 de mayo de 2025 por el Tribunal de Distrito del Norte de California, que extendió temporalmente estas protecciones.
¿Qué significa realmente “case closed”?
La expresión “case closed” ha causado confusión precisamente porque es un término amplio que USCIS utiliza en diversas situaciones y que no siempre tiene el mismo significado. Para algunos solicitantes puede indicar que el trámite que estaban realizando ya no está en revisión; para otros puede significar que el expediente fue archivado temporalmente o que necesita documentación adicional para poder reabrirse.
«Si la persona no ha aplicado a otro tipo de beneficio migratorio, como una petición familiar o un asilo, la persona podría ser considerada como indocumentada y el gobierno pudiera empezar un proceso de deportación en su contra», dijo un letrado.
Sin embargo, los expertos coinciden en que este cierre podría influir en procesos esenciales como la renovación del TPS, la reinscripción obligatoria en futuras extensiones del programa o la continuación del permiso de trabajo, por lo que recomiendan no asumir que se trata de un simple cambio administrativo sin consecuencias.
¿Qué está motivando estos cierres administrativos?
Según explican los abogados de inmigración citados en el reportaje original, las notificaciones parecen estar relacionadas con procesos administrativos internos que USCIS realiza para reorganizar, depurar o reclasificar expedientes. En algunos casos, el cierre puede estar asociado a solicitudes duplicadas, trámites mal categorizados o revisiones previas a nuevas fases de reinscripción del TPS.
Aunque el cierre administrativo no significa automáticamente que el beneficiario haya perdido su protección, sí puede colocar el expediente en una pausa indefinida y generar complicaciones en trámites futuros, especialmente si no se toman acciones a tiempo.
Aún queda por resolverse un fallo en una corte de apelaciones sobre si la cancelación del TPS para los venezolanos fue legal. Sin embargo, incluso si ese dictamen favorece a los beneficiarios, es muy probable que el caso vuelva a escalar hasta la Corte Suprema, según han reconocido incluso los defensores de este estatus migratorio.
«El problema es que la última decisión de la Corte Suprema de Justicia de otorgarle la moción de emergencia a la administración Trump, también dice que una vez que la corte de apelaciones dé su decisión, el caso tiene que volver a la Corte Suprema», explicó a principios de mes Adelys Ferro, del Venezuelan American Caucus.
José Palma de la Alianza Nacional del TPS hace unos días advirtió que hay algunos casos muy puntuales que pueden ver un respiro por el momento. «Si hay personas del 2021 que enviaron la renovación del TPS antes del 5 de febrero y recibieron recibos de su aplicación para el permiso de trabajo, esas personas, todavía para ellos, es válido para seguir trabajando hasta el 2 de octubre de 2026», advirtió el experto.
Preocupación por el permiso laboral y la protección migratoria
La inquietud principal entre los beneficiarios gira en torno a la posibilidad de que el cierre administrativo tenga repercusiones sobre la validez de sus permisos de trabajo y su protección contra la deportación. El TPS es un alivio migratorio particularmente crucial para decenas de miles de venezolanos que dependen de él para mantener su empleo, permanecer legalmente en el país y sostener a sus familias.
Cualquier cambio en el estatus del expediente puede generar riesgos si afecta la renovación del documento laboral, la solicitud de un permiso de viaje o la capacidad de demostrar un estatus vigente en futuras revisiones.
Abogados recomiendan actuar con rapidez
Ante la aparición de estas notificaciones, los abogados especializados recomiendan a los afectados actuar de inmediato. La primera recomendación es no ignorar el aviso y documentar toda la información disponible. Luego, se sugiere consultar con un abogado de inmigración para determinar si es necesario presentar una moción para reabrir el caso, solicitar una aclaración formal a USCIS o aportar documentación que respalde la continuidad del expediente.
También es importante revisar la vigencia del permiso de trabajo, verificar que no existan trámites duplicados y guardar copias del mensaje recibido. Los expertos insisten en que cada caso es distinto y que una respuesta tardía podría complicar renovaciones futuras.
Impacto en una comunidad que ha construido raíces en EE.UU.
Para muchos venezolanos establecidos en Florida, Texas, Nueva York y otros estados, el TPS ha representado una vía de estabilidad en medio de la crisis prolongada que vive Venezuela. Muchos han construido hogares, abierto negocios, logrado estabilidad laboral o formado familias dependiendo de la continuidad de este programa.
Las notificaciones de cierre, al aparecer sin explicación detallada, han reavivado temores sobre la fragilidad del estatus migratorio y el futuro del TPS, sobre todo en un contexto político en el que las decisiones administrativas pueden cambiar de forma significativa con el paso del tiempo o los ciclos gubernamentales.
¿Qué es el TPS y por qué es crucial para los venezolanos?
El Estatus de Protección Temporal es una medida migratoria creada para proteger a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias graves. En el caso de Venezuela, su designación responde a la severa emergencia económica, social y política que continúa afectando al país. Este estatus permite a los beneficiarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras su nación de origen no ofrezca condiciones seguras de retorno, por lo que representa un recurso vital para miles de familias.
Un llamado a la información y la asistencia legal
Mientras USCIS no emita una explicación pública más clara sobre la razón de estos cierres administrativos, organizaciones y expertos en inmigración aconsejan a los beneficiarios mantenerse informados, buscar asesoría legal confiable y no tomar decisiones precipitadas. El consenso general es que un cierre administrativo no implica necesariamente una penalidad o una pérdida automática del estatus, pero sí requiere atención inmediata para evitar complicaciones y garantizar que el beneficiario continúe protegido bajo el programa.
