En un paso que intensifica el debate sobre el papel de los estados en la política migratoria, el gobierno federal ha autorizado al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) a ejercer funciones de agentes federales de inmigración, a través del programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Se trata de una certificación que permitirá a oficiales de la agencia estatal interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de estar en el país de manera ilegal. Además, tendrán potestad para emitir detenciones migratorias, redactar cargos, recopilar evidencia, tomar juramentos, ejecutar órdenes de arresto por violaciones migratorias y entregar individuos detenidos a ICE para su deportación. El acuerdo también habilita al FDLE a intervenir en operativos en puertos, aeropuertos y carreteras en todo el estado, lo que convierte a Florida en uno de los pocos estados con una autoridad migratoria estatal tan amplia.
Una Potestad Inédita a Nivel Estatal
Aunque el programa 287(g) existe desde la década de 1990, su implementación había estado tradicionalmente limitada a agencias locales, sobre todo en cárceles, donde oficiales locales ayudan a identificar inmigrantes sin estatus legal para su posible deportación. Florida, en cambio, se convierte ahora en un caso singular: el FDLE adopta un modelo de fuerza operativa (task force model) que le permite operar en múltiples escenarios y con alcance estatal.
Mark Glass, comisionado de FDLE, celebró la certificación como un refuerzo importante para la seguridad pública. “Esta autoridad nos brinda herramientas adicionales para remover a extranjeros criminales de nuestras comunidades y proteger a los floridanos”, señaló Glass en declaraciones recogidas por medios estatales.
Por su parte, Larry Keefe, director del programa estatal de inmigración y antiguo fiscal federal, afirmó que Florida pasa de ser un simple “colaborador” a un socio activo en la aplicación de leyes migratorias federales. “Ahora Florida no solo asiste, sino que lidera junto a nuestros aliados federales”, subrayó Keefe.
Contexto Político: DeSantis y la Mano Dura Migratoria
La certificación federal al FDLE ocurre en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el gobernador Ron DeSantis, quien ha convertido el control migratorio en uno de los ejes centrales de su plataforma política. Desde el inicio de su mandato, DeSantis ha promovido leyes que penalizan a las ciudades santuario, aumentan la colaboración con ICE y restringen la emisión de documentos a inmigrantes indocumentados.
Para los defensores de estas políticas, el objetivo es garantizar que inmigrantes con antecedentes criminales no permanezcan en el estado. “Si una persona está aquí ilegalmente y ha cometido delitos, no debería estar en nuestras calles. Es sentido común”, ha repetido DeSantis en distintos discursos.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los inmigrantes y grupos de derechos civiles han expresado su preocupación por las consecuencias de esta expansión de poderes. Temen que la participación directa de la policía estatal en asuntos migratorios genere miedo en las comunidades inmigrantes, provoque discriminación racial y disuada a las personas de cooperar con las autoridades, incluso en casos donde sean víctimas o testigos de delitos.
“Cuando los agentes estatales pueden preguntar por el estatus migratorio en cualquier circunstancia, eso crea un ambiente de terror, especialmente para comunidades que ya están marginadas”, advirtió Maria Rodríguez, directora de la Coalición de Inmigrantes de Florida, en declaraciones a medios locales.
Posibles Impactos y Debate Abierto
Mientras sectores conservadores celebran la medida como una victoria para la seguridad pública y el cumplimiento de la ley, analistas advierten sobre posibles conflictos legales en torno a derechos civiles y jurisdicciones entre autoridades federales y estatales.
El uso de la autoridad 287(g) no ha estado exento de polémica a nivel nacional. Diversos informes han documentado casos de arrestos por infracciones menores, que terminan en procesos de deportación, aunque originalmente la justificación del programa fue enfocar recursos en la detención de inmigrantes con antecedentes criminales graves.
La magnitud del acuerdo en Florida —que incluye cobertura en todo el territorio estatal— marca un hito. Hasta ahora, la mayoría de las colaboraciones 287(g) en otros estados se han limitado a cárceles o condados específicos.
“Este es un alcance que no se había visto antes. El FDLE tiene recursos y personal altamente entrenado, lo que implica que la aplicación de las leyes migratorias podría volverse más frecuente y visible en la vida cotidiana de las comunidades”, explicó el profesor Eduardo Gamarra, experto en estudios latinoamericanos y migración de la Universidad Internacional de Florida.
Una Florida Más Activa en la Política Migratoria
La medida confirma la tendencia de Florida a convertirse en uno de los estados más activos en la aplicación de leyes migratorias. Para muchos, representa un endurecimiento del ambiente para los migrantes en el estado, que se suma a restricciones recientes como la prohibición de aceptar identificaciones emitidas por gobiernos extranjeros a personas sin estatus migratorio o la exigencia de reportes de estatus legal en hospitales.
Mientras el debate continúa, lo cierto es que la certificación federal al FDLE coloca a Florida en el centro de la discusión nacional sobre inmigración, derechos civiles y el alcance de la colaboración estatal en funciones tradicionalmente federales.
“Esto va más allá de la seguridad”, concluyó Rodríguez. “Se trata de qué tipo de estado queremos ser y cómo tratamos a las comunidades que viven y trabajan aquí”.
