Administración Trump busca aumentar el número de arrestos de ICE a 7000 diarios

El presidente Donald Trump ha dado un giro radical a la política migratoria estadounidense tras firmar el pasado 4 de julio el denominado “One Big Beautiful Bill”, una amplia ley fiscal y de seguridad fronteriza que destina $165.000 millones para reforzar el control migratorio y endurecer las acciones contra los inmigrantes indocumentados en el país.

La nueva legislación incluye 45.000 millones de dólares para ampliar y modernizar centros de detención, 29.850 millones para fortalecer el operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 46.550 millones destinados a la construcción de nuevas barreras físicas, infraestructura tecnológica y bonificaciones para agentes fronterizos.

Tras la aprobación de esta ley, Trump ha ordenado que se incrementen las redadas migratorias a nivel nacional, con el objetivo de elevar el número de detenciones diarias de 3.000 a 7.000. Así lo confirmó Tom Homan, responsable de las políticas migratorias en la administración Trump, quien argumentó que estas acciones buscan “alcanzar a los que Biden dejó entrar”, en referencia a los 11,5 millones de inmigrantes que, según afirman, ingresaron al país durante la gestión del expresidente Joe Biden.

Tom Homan seems even more focused than ever, he got the boost in funding they needed. Anyone who complains about how much money Trump gave them or compare us to a military state now needs to remember one thing. We wouldn’t have had to do this had Joe Biden closed the border and… pic.twitter.com/VAwohJfHv9

— SonnyBoy🇺🇸 (@gotrice2024) July 9, 2025

En un primer momento la administración comenzó con un plan de arrestos de 1.800 inmigrantes que posteriormente se elevó a 3.000 en el mes de mayo, sin embargo, el asesor presidencial Stephen Miller considera que no es suficiente: “Es momento de actuar con toda la fuerza del Estado”, manifestó hace poco.

Por su parte desde la Casa Blanca a inicios de semana Homan dijo: “Para los que dicen que 3,000 diarios son muchos, les recuerdo que tenemos que arrestar 7,000 cada día hasta que termine esta administración, solo para alcanzar a los que Biden dejó entrar”.

El ambicioso plan también contempla la contratación de 10.000 nuevos agentes para reforzar las filas de ICE, y duplicar la capacidad de detención migratoria en Estados Unidos, pasando de 50.000 a 100.000 camas disponibles en los centros de detención.

Críticas y preocupación por derechos humanos

Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han alzado la voz ante la magnitud de la operación. Advierten sobre posibles violaciones a los derechos de los migrantes, como condiciones de hacinamiento, negligencia médica y falta de transparencia en los procedimientos. Además, critican el enfoque punitivo de la nueva política migratoria, señalando que prioriza la exclusión y el castigo sobre alternativas de integración social.

La mega ley aprobada refuerza la postura de Trump de convertir la inmigración en uno de los ejes centrales de su agenda política de cara a las elecciones de 2028, profundizando la polarización en torno a un tema que sigue marcando el debate nacional.

Mientras tanto, comunidades inmigrantes, especialmente las de origen latino, observan con creciente inquietud el despliegue de agentes y la inminencia de redadas masivas que podrían separar familias y sembrar temor en barrios enteros.

La comunidad latina, que representa una parte fundamental del tejido social y económico del país, se encuentra ahora en el centro de las preocupaciones ante las consecuencias que esta legislación podría tener en los próximos meses y años. A corto plazo, el temor es el sentimiento predominante. Activistas comunitarios temen que las redadas generen un efecto paralizante en la vida cotidiana de millones de latinos, incluso de aquellos con estatus legal.

“La gente dejará de salir, de llevar a sus hijos a la escuela, de acudir a hospitales, por miedo a ser detenidos o a exponer a familiares indocumentados”, explicó Mariana López, voluntaria de una organización en Los Ángeles. En barrios latinos, pequeños negocios podrían sufrir una reducción drástica de clientes, afectando tanto la economía local como la estabilidad de miles de familias que dependen de estos ingresos.

El endurecimiento migratorio también podría tener repercusiones económicas a mediano plazo. Sectores como la agricultura, la construcción, la limpieza y la hostelería, tradicionalmente sostenidos en gran parte por mano de obra latina, podrían enfrentar una escasez significativa de trabajadores, lo que elevaría los costos y podría repercutir en los precios al consumidor. Además, las remesas enviadas a países latinoamericanos, vitales para muchas economías, podrían verse afectadas si se reduce el empleo entre inmigrantes o si aumenta la deportación de trabajadores.

En síntesis, la nueva legislación promete alterar significativamente el presente y el futuro de millones de latinos en Estados Unidos, dejando tras de sí un clima de incertidumbre, temor y resistencia. El país se enfrenta a la disyuntiva entre seguridad y derechos humanos, mientras las comunidades latinas se preparan para una etapa especialmente dura en la historia migratoria reciente.