Administración de Trump anuncia controversiales cambios en el FBI para apoyar el enfrentamiento a la inmigración

La administración del presidente Donald Trump anunció un grupo de medidas en materia de inmigración que implican al Buró Federal de Investigaciones (FBI). La orden del mandatario está dirigida a emplear agentes de esta agencia federal en todo el territorio nacional en tareas migratorias descuidando otra de importancia como las investigaciones contra los delitos de cuello blanco, contrainteligencia y contra el terrorismo.

La resolución, avalada por documentos internos y reportada primero por Reuters y posteriormente por NBC, simboliza uno de los ajustes organizativos más importantes que ha experimentado la agencia en años. La directiva impacta a todas las oficinas locales del FBI que ahora emplearán el 45% de su personal a actividades vinculadas con la inmigración. Esta reorganización afecta de manera significativa a las 25 sucursales más importantes de la nación.

En la ciudad de Atlanta, por poner un ejemplo, 67 oficiales, que representan cerca de la mitad del total de personal, se encargarán de labores relacionadas con migración todos los días de la semana. En la ciudad de Los Ángeles, se establecerán nueve equipos especializados en operaciones de control y expulsión, que actuarán incluso contra individuos sin historial delictivo que hayan excedido la duración de su visa. A la oficina del FBI de Boston se le indicó emplear 33 agentes para esta labor.

La preocupación dentro de la propia agencia se produjo de inmediato. “Esto no es lo que hacemos, son malas ideas. Si este fuera un gobierno demócrata, diría que esto es malo, que no deberíamos estar haciendo esto”, enfatizó un funcionario a NBC News que prefirió no divulgar su identidad.

El representante del FBI, Ben Williamson, explicó la modificación señalando que la agencia está decidida a colaborar con sus colegas en el cumplimiento de las leyes de migración y continuará haciéndolo. Según un memorando recibido por NBC News, la meta es asignar 2,000 agentes del FBI en todo el territorio nacional para centrarse únicamente en la implementación de leyes de inmigración.

“Como saben, hemos participado activamente en las iniciativas de control migratorio en coordinación con nuestros socios del Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). A partir de esta semana, necesitaremos ver un aumento en el ritmo operativo de sus iniciativas de inmigración”, refiere un anuncio interno.

La redirección de oficiales del buró ocurre en un escenario de recortes de presupuestos. El actual presidente sugiere una disminución del presupuesto al FBI de 5%, mientras que el director Kash Patel autorizó 667 peticiones de jubilación anticipadas de trabajadores de la agencia. El ambiente en el FBI parece inundarse de inquietud y escepticismo ante las recientes instrucciones.

Un funcionario de la policía federal afirmó que los agentes se sienten “incómodos siendo parte de las operaciones de inmigración” debido a la inadecuada organización de ICE, en contraste con los métodos estándar del FBI.

Por otro lado, grupos por los derechos de los inmigrantes también han manifestado su inquietud al respecto, como es el caso del vocero de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, Juan José Gutiérrez quien expresó: “En lugar de perseguir a los verdaderos terroristas, vamos a perseguir a quienes limpian nuestros jardines, cuidan a nuestros hijos, procesan alimentos, cosechan verduras, etc.”

La ansiedad entre las comunidades migrantes está en aumento, y existe preocupación de que un gran número de personas no reporten crímenes debido al temor a represalias o a ser deportadas. Simultáneamente, el Ministerio de Justicia ha solicitado a los fiscales que disminuyan la persecución de algunas infracciones empresariales.

El jefe de la División Criminal, Mattew Galeotti emitió un aviso que ordena a los fiscales a mantener un «equilibrio apropiado» en estas situaciones. “La aplicación excesiva y sin control de las leyes corporativas y de cuello blanco supone una carga para las empresas estadounidenses y perjudica los intereses del país”, enfatizó el alto oficial.

El documento indica que no todas las infracciones corporativas justifican una acción penal a nivel federal y enfatiza la necesidad de reducir tanto el efecto colateral como la duración de las indagaciones. Las áreas de atención en este momento se centran en el contrabando aduanero, elusión de restricciones, blanqueo de capitales -incluyendo organizaciones chinas- y apoyo a actividades terroristas.

Además se están evaluando contratos anteriores con compañías que han sido sancionadas y algunos de ellos podrían cancelarse antes de lo previsto. “Las investigaciones federales pueden interferir significativamente con las operaciones comerciales diarias y causar un daño a la reputación que, en ocasiones, puede ser injustificado”, destacó Mattew.

Este traslado de fondos refleja la irritación manifiesta por Trump y su equipo respecto a lo que perciben como una demora en los procesos de deportación.

Algunos informes que se dieron a conocer durante la anterior administración estadounidense revelan que “cientos de miles de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales vivían en Estados Unidos, incluyendo más de 10,000 con condenas por homicidio”, destacan datos citados por NBC News.

Los analistas señalan que esta estrategia podría obstaculizar la defensa contra peligros más graves como el terrorismo y la vigilancia a nivel mundial. Simultáneamente, los defensores de los derechos humanos están preocupados por cómo un mayor énfasis en la inmigración podría socavar la fe del público en las entidades de seguridad y provocar serias repercusiones sociales.

Las modificaciones en las prioridades del FBI durante el gobierno de Trump representan un cambio significativo en la estrategia de seguridad de EE.UU. Al centrar la atención en la inmigración irregular se dejan a un lado cuestiones como la defensa ante el terrorismo y los crímenes financieros y la función investigativa de la agencia se transforma.