Un exteniente del Departamento de Bomberos de Miami-Dade enfrenta serias acusaciones por presunto voyerismo, luego de que las autoridades descubrieran más de 600 videos grabados de forma clandestina en baños de dos estaciones de bomberos del condado.
Manuel “Manny” Fernández, de 55 años, ha sido imputado con 11 cargos de voyerismo en video, según reveló una investigación divulgada por la Fiscalía Estatal. El caso salió a la luz en abril de 2023, cuando encontraron un cargador de pared en el baño de hombres de la Estación 69 en Doral. Poco después, se descubrió un dispositivo similar en el baño de mujeres de la Estación 66 en Homestead y posteriormente la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) realizó una investigación más amplia en la cual determinó que el dispositivo contaba con una cámara oculta.
La evidencia recuperada es amplia: una tarjeta SD con más de 600 videoclips, muchos de ellos registrando a miembros del cuerpo de bomberos mientras utilizaban los baños. Las imágenes muestran a al menos 18 empleados —de los cuales 11 han sido identificados formalmente— grabados sin su consentimiento entre el 11 de febrero y el 1 de abril de 2023.
Fernández fue vinculado al caso tras aparecer en algunos de los videos, donde se observa a un hombre con uniforme del departamento y un reloj plateado, ajustando una de las cámaras ocultas con las manos. «Después de comparar los turnos de ambas estaciones era el único empleado que trabajaba en ambas estaciones de bomberos en las fechas respectivas», destaca el informe acusatorio contra Fernández.
En el año 2024 NBC6 dio a conocer de la existencia de informe interno dirigido a Raied «Ray» Jadallah, jefe de Bomberos, el cual decía que el acusado tiempo después de cometer el delito se internó en un centro de rehabilitación.
Tras descubrirse los dispositivos, Fernández fue reubicado en tareas administrativas, trabajando desde casa y sin perder su salario. Sin embargo, poco después presentó su renuncia al cuerpo de bomberos. Intentos de entrevistarlo por parte de las autoridades resultaron infructuosos, ya que se negó a declarar sin la presencia de su abogado.
Fernández fue arrestado y posteriormente liberado tras pagar una fianza fijada en 27.500 dólares. Las autoridades continúan procesando la evidencia y han exhortado a cualquier posible víctima a presentarse para colaborar en la investigación.
Este escándalo ha generado preocupación y consternación en la comunidad, mientras el Departamento de Bomberos de Miami-Dade asegura estar cooperando plenamente con las pesquisas y revisando sus protocolos de seguridad interna para prevenir casos similares en el futuro.
El reciente caso ha puesto en el foco público el delito de voyerismo, una figura penal contemplada en las leyes de Florida y que acarrea consecuencias severas. Según el Estatuto 810.14 de la legislación estatal, el voyerismo se define como el acto de observar, grabar o filmar de manera secreta y con fines lascivos a una persona que se encuentra en un lugar donde tiene una expectativa razonable de privacidad, sin su consentimiento. Esto incluye espacios como baños, vestuarios, habitaciones y otros sitios privados.
Para una primera ofensa cometida por un adulto, el voyerismo se considera un delito menor de primer grado, castigado con hasta un año de prisión o libertad condicional y una multa que puede alcanzar los 1.000 dólares. Sin embargo, la ley es más estricta con los reincidentes: si la persona ya ha sido condenada previamente por el mismo delito, el cargo se eleva a delito grave de tercer grado, lo que podría significar hasta cinco años de cárcel y multas de hasta 5.000 dólares.
La situación se complica aún más cuando el delito involucra grabaciones o imágenes. En esos casos, entra en juego el cargo de video voyerismo, tipificado en el Estatuto § 810.145, que puede conllevar sanciones más duras, especialmente si las víctimas son menores de edad. De hecho, si las víctimas tienen menos de 16 años, la acusación puede escalar a felonía de segundo grado, con penas aún más severas.
La ley también prevé que quienes sean condenados por delitos sexuales, incluido el voyerismo agravado, puedan ser obligados a registrarse como ofensores sexuales, lo que implica restricciones y controles de por vida.
El caso de “Manny” ilustra cómo estos delitos, aunque puedan parecer menores para algunos, tienen un fuerte impacto legal y social. Las autoridades han reiterado que continúan revisando la evidencia y exhortaron a cualquier persona que pueda haber sido víctima a presentarse ante la policía.
Con la creciente disponibilidad de dispositivos tecnológicos diminutos y cámaras ocultas, los expertos legales advierten que este tipo de delitos podrían volverse más frecuentes, subrayando la importancia de que las víctimas denuncien y de que se refuercen las medidas de seguridad en espacios públicos y privados.