A partir de 2026, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Florida ya no podrán utilizar sus cupones para comprar refrescos, dulces y otros productos considerados “comida chatarra”. La medida, aprobada bajo una exención otorgada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), marca un cambio significativo en la forma en que los floridanos podrán usar esta ayuda federal.
¿Qué es SNAP y a quién beneficia?
SNAP es el programa de asistencia alimentaria más grande de Estados Unidos. Nació en 1964, aunque sus orígenes se remontan a la Gran Depresión. Actualmente, más de 40 millones de estadounidenses dependen de este subsidio para acceder a alimentos básicos. En Florida, más de 3 millones de personas reciben la ayuda, lo que convierte al estado en uno de los mayores receptores a nivel nacional.
Hasta ahora, los beneficiarios podían usar sus tarjetas electrónicas EBT para adquirir una amplia gama de alimentos, con algunas excepciones ya establecidas: bebidas alcohólicas, productos de tabaco, vitaminas y alimentos calientes listos para consumo inmediato. Con esta nueva política, se amplía la lista de restricciones para incluir productos con alto contenido de azúcar, grasa y bajo valor nutricional.
El alcance de la nueva medida
La prohibición en Florida se centrará inicialmente en refrescos, dulces y postres procesados, pero las autoridades estatales podrían extenderla a bebidas energéticas y ciertos productos industrializados. Cada estado tiene cierta flexibilidad para diseñar los detalles, y ya existen ejemplos como Arkansas, que excluye batidos y jugos que no contengan al menos un 50 % de fruta o verdura natural.
Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, defendió la decisión al señalar que “estas medidas ponen alimentos saludables al alcance de más familias de bajos recursos”. La iniciativa se enmarca en una política nacional que ya adoptaron otros once estados y que busca reducir los altos índices de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, problemas de salud pública que tienen un fuerte vínculo con la mala alimentación.
«Nuestro departamento ha alentado a los estados a pensar de manera diferente y creativa sobre cómo resolver los muchos problemas de salud que enfrentan los estadounidenses», dijo por su parte Brooke Rollins, secretaria del Departamento de Agricultura de EE. UU.
Argumentos en disputa
Los defensores de la medida sostienen que los recursos públicos no deberían destinarse a la compra de productos que deterioran la salud. Afirman que el objetivo de SNAP no es simplemente llenar la despensa, sino garantizar que los hogares de bajos ingresos tengan acceso a alimentos nutritivos.
«Los contribuyentes estadounidenses no deberían pagar para alimentar a los niños con alimentos, los niños más pobres de nuestro país, con alimentos que les van a dar diabetes», dijo Kennedy.
Pero las críticas son numerosas. Expertos en salud pública y activistas comunitarios advierten que la prohibición podría resultar ineficaz si no va acompañada de políticas que aumenten la disponibilidad real de alimentos frescos en comunidades vulnerables. En muchos vecindarios de Florida, los llamados food deserts (desiertos alimentarios) limitan las opciones a tiendas de conveniencia, donde abundan precisamente los productos ahora vetados.
Kavelle Christie, especialista en políticas de salud, expresó que «estas restricciones no resuelven el hambre ni mejoran la salud», dijo. «Solo limitan las opciones para las personas que ya enfrentan barreras», dijo «También existe la barrera de no tener lugares que realmente vendan ese tipo de opciones de alimentos más saludables en muchas comunidades», agregó.
Impacto social y económico
La implementación de la medida plantea interrogantes sobre su impacto económico en el comercio minorista. Tiendas de conveniencia y supermercados que dependen de las ventas con SNAP podrían ver afectadas sus ganancias, mientras que productores y distribuidores de bebidas azucaradas y dulces enfrentan la posibilidad de perder un mercado importante.
En el plano social, los críticos alertan sobre la posibilidad de que los beneficiarios de SNAP se sientan estigmatizados al no poder elegir libremente qué productos comprar. Algunos comparan la medida con una forma de paternalismo estatal que restringe la autonomía de los más pobres.
Una tendencia nacional
La decisión de Florida forma parte de un debate que lleva más de una década en Estados Unidos: ¿deben los beneficios públicos cubrir alimentos ultraprocesados? Mientras algunos lo consideran un uso indebido de los fondos federales, otros recuerdan que SNAP nació para combatir el hambre, no para vigilar las dietas.
Con Florida, ya son más de una docena los estados que aplican estas restricciones, lo que apunta a una tendencia nacional que podría transformar de manera permanente la asistencia alimentaria en el país.
Línea de tiempo del debate sobre SNAP y comida chatarra
- 2004 – Primeros intentos: Políticos estatales plantean excluir refrescos de SNAP, pero la propuesta no avanza en el Congreso.
- 2007 – Nueva York y Minnesota: Ambos estados piden al USDA permiso para prohibir refrescos azucarados en las compras con SNAP. La solicitud es rechazada por considerarse impráctica.
- 2011 – Debate nacional: Michelle Obama impulsa la campaña Let’s Move! contra la obesidad infantil. Se reabre la discusión sobre si SNAP debería financiar bebidas azucaradas.
- 2014 – Estudios académicos: Investigaciones muestran que un alto porcentaje de las compras con SNAP incluyen refrescos y ultraprocesados. Crece la presión para limitar esos productos.
- 2018 – Pilotos estatales: Arkansas, Wisconsin y Mississippi prueban restricciones parciales en programas piloto.
- 2022 – Expansión inicial: Algunos estados logran exenciones parciales para excluir dulces y bebidas energéticas.
- 2025 – Florida se suma: Tras aprobarse la exención federal, el estado confirma que desde 2026 vetará el uso de SNAP en sodas y dulces, uniéndose a una docena de estados con políticas similares.
Lo que viene
En los próximos meses, el Departamento de Niños y Familias de Florida deberá detallar cómo se aplicará la normativa: cuáles serán los productos vetados, qué sanciones enfrentarán los comercios que incumplan y cómo se evaluará la efectividad de la política.
Mientras tanto, millones de familias se preparan para un cambio que no solo afectará lo que colocan en el carrito del supermercado, sino también el debate sobre salud pública, equidad social y el rol del Estado en la vida privada de los ciudadanos.
